En Puebla más de 98 por ciento de los delitos denunciados ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no recibe una condena. Además, el proceso de la averiguación previa es “lento”, lo que implica que los presuntos delincuentes pasan en promedio 11.5 meses en prisión preventiva antes de que se les dicte una sentencia, de acuerdo con el “Informe de avance de las propuestas para mejorar la seguridad pública en México”, publicado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
El análisis referido abona a los trabajos de naturaleza similar que han sido presentados en la década reciente, y confirma que a pesar de los discursos sobre las “exitosas” políticas en materia de impartición de justicia y de las “novedosas” figuras legales para agilizar las sentencias, lo cierto es que los rezagos permanecen y la injusticia campea.
A estas alturas resulta ocioso insistir en que dos de los temas siempre pendientes en la agenda de los gobiernos estatal y federal son la procuración y la impartición de justicia, pues su ausencia o la franca perversión y negligencia de muchos que tienen la responsabilidad de ejecutarlas, no hacen sino confirmar a miles de ciudadanos que el camino de las instituciones es sumamente torcido.
A los retrasos y acumulación de expedientes judiciales, por dolo o impericia, hay que añadir los muchos casos de impunidad que la clase política de este país y de este estado se afanan en obsequiarle a la sociedad, asuntos todos que no dejan lugar a dudas al ciudadano sobre el principio que reina en las agencias del Ministerio Público y los juzgados: el principio del dinero y del poder.
