Zinacatepec. El alcalde de este municipio, Erasmo Rodríguez, junto con el regidor de Gobernación, Gerardo Fernández, fueron señalados como los principales promotores de la ilegalidad en el transporte público al contar con taxis que circulan sin la documentación obligada.
Según declaraciones de transportistas de dicho lugar, el presidente municipal cuenta con tres vehículos que tiene trabajando como taxis; cantidad similar es con la que cuenta su regidor y con ellos un ex comandante de la Policía Municipal, cuyos vehículos suman cuatro.
Pero no se trata solamente de los carros de las autoridades, sino de todos aquellos amigos, familiares y conocidos del grupo en el poder que, valiéndose de dicha relación, ya convirtieron sus unidades particulares en taxis que suman alrededor de 100 coches que dan ese servicio fuera de la ley, señalaron.
Valiéndose del poder que tienen desde la presidencia, dijeron los inconformes, esos funcionarios se niegan a sacar de circulación sus unidades piratas y además utilizan la fuerza pública para impedir el trabajo de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Refirieron que en fechas recientes personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes detectó un vehículo irregular, por lo cual procedió con el trámite obligado de detener la unidad, pero todo quedó en un intento porque en pocos minutos se movilizaron elementos de la Policía Municipal para rescatar al conductor y su carro.
Ahora que los taxistas debidamente acreditados iniciaron una serie de pronunciamientos para pedir que las autoridades estatales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hagan cumplir la ley en ese municipio, personas allegadas al presidente municipal llevan actos intimidatorios hacia los inconformes al grado de videograbarlos en sus domicilios y realizar rondines por las zonas que frecuentan sus familiares, denunciaron.
Pero la intimidación no es sólo con actitudes, sino que también recibieron amenazas de que serán golpeados si insisten en su petición de sacar los taxis ilegales, ante ello advirtieron que es urgente poner un alto a eso porque se puede generar un conflicto más fuerte entre ambos grupos.
Se manifestaron dispuestos a contribuir con la SCT, ya que esa competencia desleal causa pérdidas importantes para quienes cumplen con la ley, pues ofrecen servicios a costos muy bajos, pero no dan certeza a sus clientes.