Jesús González Shmall, abogado de las familias de Pasta de Conchos, exigió al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa resolver el conflicto y los problemas legales, jurídicos y económicos que se desatendieron a consecuencia de la falta de voluntad política del entonces mandatario Vicente Fox Quesada, quien no apoyó el rescate de los 65 mineros atrapados en la mina ocho de la unidad Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila.
González Shmall, quien brindó la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana (Ibero), sostuvo que el gobierno federal “es autoritario y está coludido con las empresas” por impedir que se inicien las excavaciones para que se haga justicia en el “homicidio industrial” ocurrido la noche del 19 de febrero de 2006.
“Cuando lleguemos a ese lugar, a tan sólo 160 metros de profundidad, vamos a demostrar que no se trata de un accidente, sino de un homicidio industrial, un crimen. Y entonces demostraremos toda la impunidad y corrupción que existe en este país”, acotó en la Ibero Puebla.
De acuerdo con González, los dueños de Minera México pudieron evitar el accidente en la mina Pasta de Conchos si hubieran invertido en equipo para garantizar condiciones de seguridad de los mineros, situación que no ocurrió.
Además, cuestionó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que encabeza Javier Lozano Alarcón, ha omitido brindar el apoyo necesario a los deudos de los 65 mineros.
Indicó que los dueños de la mina, con el apoyo de las autoridades federales, no quieren que se continúe con la búsqueda de los cuerpos de los mineros, pues se comprobará que se trató de un homicidio. “Bien sabían, los que incidieron en esa conducta de evitarse gastos para la protección de los trabajadores, que un día ocurriría este siniestro y no lo evitaron”.
El abogado afirmó que la averiguación ante la Procuraduría General de la República está inconclusa, pues la dependencia puede obligar a la empresa a excavar 160 metros y permitir el hallazgo de los cuerpos desaparecidos hace seis años, quienes “en términos jurídicos, aún no están muertos, sino desaparecidos”.
“Necesitamos los mexicanos tomar conciencia de que no podemos ser objeto de la impunidad, estamos postrados frente a un gobierno autoritario que impide que por nuestra parte se haga justicia”, acotó ayer.
En su turno, Silvia Canto Celis, defensora de derechos humanos y ex asesora de la Diócesis de Saltillo, puntualizó que existen diferencias “abismales” en la forma en que las autoridades de Chile y México han actuado para el rescate de mineros.
En Chile, afirmó, se perforaron 700 metros y se buscó por 17 días a los mineros, mientras que en México, donde sólo se tenían que perforar 160 metros, se hicieron trabajos en 70 de ellos, y la búsqueda se suspendió a los seis días.
En tanto, sentenció que el problema en nuestro país es la manera de hacer investigación por parte del Estado, de cómo se integra y se fincan responsabilidades a los culpables:
“El problema de no investigar y no llegar a fondo sucede en Pasta de Conchos, y lo estamos viendo ahorita con la situación del narcotráfico”, sentenció.
Finalmente, la activista criticó que la administración gubernamental, encabezada primero por Vicente Fox y después por Felipe Calderón, se ha negado en reiteradas ocasiones a resarcir el daño a las familias afectadas mediante la entrega de 750 mil pesos.