El director general del Colegio de Bachilleres del estado de Puebla (Cobaep), Omar Álvarez Arronte, rechazó las acusaciones de despido injustificado contra 23 docentes de la institución y sobre el presunto desvío de 65 millones de pesos a favor de las campañas proselitistas del ex candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier López Zavala.
Asimismo, aseguró que el sistema Cobaep se encuentra dentro de las primeras 90 escuelas con mejores resultados en la Evaluación Nacional para el Logro Académico en los Centros Escolares (ENLACE), por lo que no permitirá que los docentes inconformes “manchen el prestigio” de la institución.
En entrevista con La Jornada de Oriente, Omar Álvarez Arronte consideró que los profesores pretenden conseguir el control del sindicato a través de la confusión con la efervescencia política que se vivió hace unos meses, encabezados por el ex director general del Cobaep, Alberto Guerrero Gutiérrez, quien hace unos meses se desempeñó como promotor del voto a favor del candidato a gobernador Rafael Moreno Valle Rosas por la coalición Compromiso por Puebla.
“En el Colegio de Bachilleres del estado de Puebla respetamos la ideología política de todos, porque tenemos profesores de todas las corrientes partidistas trabajando con nosotros. Lo que sucede es que los docentes quieren confundir a la sociedad. Yo soy más amigo de Rafael (Moreno Valle) que el mismo Alberto (Guerrero), pero hay una cosa, no soy oportunista como él y toda esa camarilla”, acotó Omar Álvarez, entrevistado en las oficinas de la institución.
El director general del Cobaep documentó que durante la gestión de 1999 a 2003, Alberto Guerrero Gutiérrez despidió injustificadamente a 756 profesores en total. De ellos, 152 fueron separados de sus cargos en el primer año de su administración; 173 en el segundo; 208 en el tercero, y 178 en el cuarto. Además, resaltó que tan sólo en enero de 2003, 45 profesores fueron despedidos.
“De todos esos procedimientos irregulares se entablaron 176 juicios ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y a todos les hemos dado salida. Ahora sólo quedan ocho casos pendientes, que corresponden a personas vinculadas con Alberto Guerrero, que por así decirlo, son los más conflictivos”, sentenció.
Ante ello, Omar Álvarez Arronte admitió que sólo dos docentes de la institución han sido dados de baja del sistema de educación media superior “y no 23, como señalan los compañeros”. El primer caso, refirió, pertenece a Valente Ricardo Hernández Cortés, quien fue cesado por violar la cláusula 38 del contrato colectivo de trabajo por “recurrir objetivamente en faltas de probidad y honradez en contra de su patrón y las autoridades educativas”, al demeritar la calidad de la enseñanza que imparte la entidad y aseverar hechos falsos y dolosos como el presunto desfalco de 65 millones de pesos, “sin contar con los elementos de prueba”.
El segundo caso, señaló, corresponde al docente Erasmo Guerrero Lobato, quien está separado de su cargo para enfrentar la denuncia CH/2145/2010/AESEX por el presunto delito de hostigamiento y acoso sexual contra una estudiante del plantel 14, ubicado en la Unidad Habitacional La Margarita. “El profesor tiene que enfrentar su proceso penal, y en tanto la autoridad no emita una sentencia liberatoria no podrá regresar al salón de clases. De lo contrario, tendrá que pagar la sanción y la pena que le sean impuestas por la comisión del presunto delito”, afirmó.
El director general del Cobaep apuntó que en los últimos cinco años la institución ha recibido 94 millones 738 mil 370 pesos para el proceso de nivelación y homologación salarial. Del total, explicó Álvarez Arronte, se han repartido a la plantilla de docentes –según su carga horaria hasta por 5 mil 83 pesos– y al personal administrativo.
El año que más recursos recibió el Cobaep fue 2009, con 23 millones 611 mil 166 pesos, los cuales fueron utilizados para la cuarta etapa de la homologación, la cual consistió en la creación de horas de apoyo a la docencia; actualización del factor prima de antigüedad; homologación de puestos administrativos, técnicos y manuales; e integración del sueldo del personal directivo, es decir, para el sueldo tabular más un estímulo a los trabajadores.
Finalmente, sentenció que el profesor Valente Ricardo Hernández Cortés ha recibido 27 mil 132 pesos por concepto de homologación salarial desde el año 2005, por lo que afirmó que al carecer de validez, las declaraciones “injuriosas” del docente fueron un motivo más para cesarlo de la institución.
