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Jueves, 21 de octubre de 2010
La Jornada de Oriente - Tlaxcala -
 
 

 EDITORIAL 

A APLICAR LA JUSTICIA

 

El proceso de validación de las cuentas públicas de 2009 concluyó en el Congreso local y el saldo fue de 28 reportes municipales reprobados, a los que se suman los del Poder Judicial, de Pensiones Civiles y del Instituto Electoral de Tlaxcala.

En ejercicios fiscales pasados tampoco se han avalado las cuentas públicas y a la fecha la justicia no se ha hecho valer en contra de quienes hicieron un mal uso de los recursos del pueblo, pues a las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia no se les ha dado el curso correspondiente.

La tónica de las cuentas públicas reprobadas fue la malversación de fondos públicos, obras inconclusas, casos de nepotismo, la tolerancia de personas que cobran en la nómina sin trabajar y la asignación irregular de bonos de fin de año que dañan gravemente las arcas públicas.

Si estos elementos no son suficientes para tomar cartas en el asunto, entonces qué se requiere para que el ente fiscalizador presente por lo menos 31 denuncias penales ante la Procuraduría estatal, pues es de suponerse que cuenta con todas las pruebas y elementos necesarios para proceder en consecuencia en contra de los responsables.

La ciudadanía tlaxcalteca cada día demanda rendición de cuentas claras de parte de sus autoridades, de manera que es inadmisible que los funcionarios municipales, los consejeros electorales y los magistrados hayan incurrido en abusos en la administración de los recursos y la población sea la que pague las consecuencias.

El gobernador ya sentenció que haya cárcel para los malos servidores públicos, así  que la respuesta a esta declaración está en manos del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), no vaya a resultar que los responsables de las irregularidades administrativas concluyan su gestión con el premio de que no se les hizo nada.

 
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