Los fotoperiodistas Irineo Mújica Arzate y Juan de Dios García Davish interpondrán hoy una denuncia contra la delegada en Puebla del Instituto Nacional de Migración (INM), Rocío Sánchez de la Vega Escalante, ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR) por entorpecer una investigación periodística y documental de más de tres meses de trabajo.
García Davish, fotógrafo oriundo de Chiapas, indicó que la querella contra la funcionaria se realizará luego de que las autoridades de la PGR notificaron que la cámara de video y sus archivos –donde se documentaron los maltratos hacia indocumentados centroamericanos– fueron borrados por el personal del INM, luego de que el pasado 16 de julio agredieron física y verbalmente al fotoperiodista Irineo Mújica Arzate.
Asimismo, apuntó que acudirán a las instancias de la Procuraduría General del Distrito Federal para intentar “salvar” los archivos, pues explicó que son la principal prueba de las agresiones que sufrieron los centroamericanos en el operativo de retención en el municipio de Soltepec.
“Han borrado mucho tiempo y dinero de trabajo con tal de que nosotros no podamos actuar contra esos agentes que golpearon a mi compañero y a otros centroamericanos. Lo borraron porque saben perfectamente que las prácticas para retener a indocumentados es con la macana en la mano, y esos videos eran una prueba de ello”, acotó en entrevista.
García Davish lamentó los hechos, pues son una muestra más de la represión que viven los comunicadores y la constante violación a los derechos humanos de los centroamericanos, quienes sólo buscan llegar a EU.
“Pareciera que nosotros en México le estamos haciendo el trabajo sucio a nuestros vecinos del norte. Nos estamos quejando de cómo tratan a nuestros connacionales, pero aquí se hace exactamente lo mismo, o peor, con los centroamericanos”, apuntó el fotoperiodista.
En tanto, la delegada en Puebla del INM, Rocío Sánchez de la Vega Escalante, informó que dos agentes adscritos a dicha oficina, quienes participaron durante el operativo del pasado 16 de julio en Soltepec, fueron suspendidos de sus funciones operativas, pero no administrativas.
La suspensión de sus funciones, especificó, será con la intención de que las autoridades competentes puedan llamar a declarar a estas u otras personas que consideren necesario con el fin de agilizar las indagatorias pendientes en la PGR y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Hasta el momento, Sánchez de la Vega Escalante ha omitido proporcionar los nombres de los agentes suspendidos, pues reiteró que esos datos están sujetos a una investigación; no obstante, ratificó su disposición de colaborar en todo momento con las autoridades competentes y a acatar cualquier resolución judicial con el propósito de que se respete el marco legal y los derechos fundamentales de Mújica Arzate.
