55 por ciento de los casi mil 500 observadores electorales que estuvieron activos en las pasadas votaciones del día 4 de julio no cumplieron con la obligación que tenían de entregar un informe del desempeño que tuvieron y de describir cuál fue el panorama que percibieron de los comicios que sirvieron para renovar los poderes públicos del estado de Puebla.
La falta de cumplimiento de la presentación de informes por parte de observadores electorales pone de manifiesto que muchas de las organizaciones que aparecieron para “cuidar” la legalidad y transparencia del reciente proceso electoral en realidad no seguían esos propósitos, sino que eran parte de las estrategias de las dos principales fuerzas políticas que se disputaron la gubernatura.
En especial llama la atención que previo a las votaciones del 4 de julio varias agrupaciones aparecieron denunciando que no había garantías de limpieza el día de los comicios, pero además preveían que habría violencia. Al final, las votaciones estuvieron plagadas de irregularidades y esas organizaciones no dijeron nada, lo cual demuestra que su actuación no obedecía a un interés ciudadano y eran parte de la campaña política de la coalición Compromiso por Puebla.
Las últimas elecciones locales pusieron en evidencia que la actual legislación en la materia no es garantía de equidad, de freno a prácticas viciadas, y mucho menos que la organización y observación de las votaciones queda en manos ciudadanas, ajenas a intereses partidistas.
