70 por ciento de las denuncias que recibe la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por abusos en las escuelas contra alumnos y padres de familia proviene de instituciones públicas. Es necesario modificar algunas leyes federales y estatales que impiden que esta dependencia pueda intervenir en esos asuntos.
Así lo señaló el delegado de esta dependencia federal, Bernardo Hinojosa Polo, quien calificó a estas instituciones en la entidad como una de las más corruptas y abusivas, pues particularmente al cierre del ciclo escolar a los estudiantes se les cobra cuotas por uniformes y útiles que no utilizan, graduaciones, banquetes y “hasta por el cumpleaños de la directora”; en caso de no cumplir, se les retienen documentos oficiales y se les niega la inscripción al próximo curso.
Lamentó que la dependencia no pueda intervenir en esos casos pues de hacerlo, confió en que se modificarían muchas actitudes de parte de los profesores y se reducirían los abusos, por lo que sólo se orienta a las personas que llegan a presentar una queja a que acudan ante la Secretaría de Educación Pública.
Aunque en la capital del estado es menor el número de personas que acuden a buscar una solución, es dentro del estado y en escuelas de comunidades rurales pobres donde más se cometen los abusos, pues de ellas han llegado hasta la delegación a presentar una queja, afirmó Hinojosa Polo.
“Aunque se tratan de justificar bajo el argumento de que las escuelas públicas carecen de recursos y cuentan con la mayor atención del número de estudiantes del país, la realidad es que los directores se toman el rol de caciques y cometen abusos recurrentes sin que nadie les ponga un freno”, sentenció.
La Profeco sólo puede intervenir en instituciones privadas y hasta el momento la delegación local ha abierto 12 procedimientos en contra de igual número de escuelas particulares; tan sólo en uno de los casos, la denuncia fue presentada por más de 400 padres de familia.
Aunque muchas de las denuncias presentadas se desecharon porque los padres y los directores de instituciones privadas llegaron a un acuerdo, por ley está prohibido el condicionamiento de inscripciones o de entrega de documentos a los alumnos como método de presión para el pago de colegiaturas atrasadas o de alguna cuota extraescolar impuesta.
En caso de que se demuestre que la institución cometió algún abuso, las multas que impone la Profeco son superiores a 20 mil pesos, afirmó el delegado.
