El pleno de integrantes del comité ejecutivo de la disidencia magisterial en la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –encabezados por Juan Durán Martínez– acusaron a Miguel Guerra Castillo y a María Cristina González García, miembros del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), de “engañar al movimiento” y de “intentar fracturar la disidencia” para obtener beneficios personales.
Los profesores, acompañados por los representantes del comité seccional de padres de familia, advirtieron que Guerra y González sólo han obtenido “favores” del gobierno estatal para dividir las marchas, infundar información entre los profesores y alejar a la base magisterial de los objetivos planteados desde la fundación del CDMP hace tres años: la suspensión en Puebla de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), cancelar la inminente reforma al sistema de servicios, jubilaciones y pensiones del ISSSTEP, y democratizar la vida interior del SNTE.
“Si parte de la dirección de la sección 23 de la disidencia magisterial nos acusa de tener acercamientos con el gobierno estatal, les decimos que presenten las pruebas a la base, y no sólo infunden la información, la tergiversen y luego no fundamenten sus señalamientos.
Si alguien está haciendo contubernio con el gobierno, no es aquí. Nosotros si tenemos pruebas de lo que ellos han conseguido en tan poco tiempo”, abundó Blanca Justo Cortés, integrante del comité ejecutivo.
En entrevista con La Jornada de Oriente, Justo Cortés advirtió que Miguel Guerra Castillo está usurpando funciones que no le competen, pues él está adscrito a la sección 23 del SNTE, “cobijado por Eric Lara Martínez”, por lo que lo emplazaron a “fundamentar sus acusaciones” en contra de integrantes de la organización en la sección 51, “o mejor que se calle”.
En tanto, Irma Gabriel García Hernández, integrante del comité ejecutivo, refirió que la profesora Cristina González intenta colocarse como la representante ilegítima de la sección 51 de la organización, pues a pesar de que no ha sido ratificada por la base magisterial como líder, “ha emprendido una campaña de hostigamiento en contra de profesores disidentes”.
Además, afirmó que María Cristina González García recientemente solicitó un permiso para ausentarse de su centro de trabajo por espacio de un año con la intención de viajar a Europa, “lo cual ha generado ciertas sospechas porque no explicamos cómo puede sufragar esos gastos con un salario de sólo cinco horas a la semana”.
Al respecto, Juan Durán Martínez expresó que si ambos profesores Miguel Guerra y María Cristina González pretenden adueñarse del movimiento de bases magisteriales, “tendrán que responder a la disidencia magisterial las razones para hacer un trabajo sucio al gobierno del estado”, pues ambos cuentan con expedientes que no son “dignos de un docente que busca la vía pacífica para exhibir sus ideas”.
“Nadie es dueño del movimiento y esta destrucción a las bases parece ser una estrategia bien orquestada, incluso desde antes del 10 de junio del año pasado. Nosotros reiteramos que la sección 23 no tienen injerencia en la sección 51, primero se debe dar una consulta legítima a las bases, la misma que se dio en diciembre pasado cuando fui ratificado con todo nuestro equipo de colaboradores”, reiteró.
Hasta ahora, detalló Durán Martínez, la dirigencia de la disidencia magisterial en la sección 51 ha conseguido entablar un diálogo con el gobierno del estado para iniciar con la negociación de un pliego de peticiones, principalmente relacionadas con el servicio y la agilización de los procesos de jubilación y pensión en el ISSSTEP.
Asimismo, indicó que se analizan casos laborales de docentes en escuelas de Huauchinango, Ahuacatlán, Amozoc, Cholula y Puebla, donde los profesores que pertenecen a la disidencia han sido hostigados y violentados en sus derechos por no coincidir con la ideología de los directores, a fines a las secciones oficiales del SNTE.
“A ellos les molesta que nosotros nos sentemos a negociar con el gobierno del estado los casos que nos corresponden, porque ellos no buscan negociar, lo único que pretenden es romper las mesas de diálogo para utilizar a la base a su conveniencia.
Nosotros finalmente estamos trabajando para las bases, mientras ellos sólo se dedican a hacer marchas y cosas que no favorecen a los integrantes del consejo”, acotó en entrevista.
Finalmente, Juan Tapia y Maribel Trinidad, ambos representantes del comité seccional de padres de familia, manifestaron su rechazo a las políticas y actuar de Miguel Guerra Castillo y María Cristina González García, pues “pretenden utilizar este consejo democrático para volverlo anárquico y sólo mirar para sus intereses”, por lo que exigieron cesar sus declaraciones infundadas, con la intención de “no dañar más al movimiento democrático”.
