La caja de ahorros Financiera Coofia, pese a que tiene una década operando en el mercado, no cuenta con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esa situación pone en condición de indefensión a los usuarios que invirtieron en esa empresa y a los que ahora no les quieren regresar la totalidad de los fondos depositados, ya que el gobierno federal no puede intervenir para darles protección.
El hecho de que Financiera Coofia no esté dada de alta ante la CNBV y otros organismos que regulan a estas entidades aumenta las sospechas de que en dicha compañía se podría cometer un fraude similar al que ya ocurrió con otras cajas de ahorro o compañías dedicadas a los fondos de inversión. Esta situación debería llevar a la mayor parte de los socios a tomar las medidas pertinentes para evitar que pierdan su dinero, el cual se estima que asciende a un monto global de mil 500 millones de pesos.
Lo que ocurre con Financiera Coofia muestra que las autoridades solamente protegen a las grandes compañías financieras y marginan a los pequeños ahorradores, ya que mientras el gobierno federal se ha preocupado por salvar de la quiebra a los bancos, sin importar que ellos generaron esa situación, se olvida de los usuarios de tarjetas de crédito o créditos hipotecarios, así como de la gente que es timada por compañías fraudulentas como Stanford.
No es entendible que Financiera Coofia haya podido abrir 85 sucursales en nueve estados del país sin la autorización de la CNBV y durante 10 años no se sometiera a ninguna regulación. Eso es un indicativo de que el gobierno federal otorga total impunidad a dichas compañías.
