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Lunes, 18 de mayo de 2009
La Jornada de Oriente - Puebla - Política
 
 

Plantean una controversia constitucional para echar abajo reforma “antiaborto”

 

 
MÓNICA CAMACHO

Los legisladores estatales que se opusieron a la reforma constitucional que impide la legalización del aborto y la eutanasia en Puebla iniciaron las negociaciones en el Congreso de la Unión para poder echarla abajo a través de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los diputados sólo esperan que el gobernador Mario Marín Torres publique la modificación en el Periódico Oficial del Estado para recurrir al máximo tribunal de justicia en el país.

El viernes pasado, los miembros de la Comisión Permanente del Congreso local aprobaron la minuta de reforma, la cual fue respaldada por 216 ayuntamientos de Puebla y recibió el voto en contra del cabildo de Palmar de Bravo, el cual es dirigido por el PAN.

El documento se turnó al titular del Poder Ejecutivo en Puebla, quien tendrá que publicarla en el Periódico Oficial del Estado para que entre en vigor.

La reforma se aprobó el pasado 12 de marzo con el apoyo de los legisladores del PRI y del PAN, pese a las protestas realizadas por integrantes de asociaciones civiles y de organizaciones no gubernamentales.

De los 41 diputados que integran el Poder Legislativo en Puebla, 10 legisladores votaron la iniciativa en contra, por lo que ahora se preparan para impugnarla ante la SCJN.

Hasta ahora los diputados inconformes han planteado dos métodos para echar a bajo la modificación constitucional: uno consiste en interponer una controversia constitucionalidad por conducto del Congreso de la Unión y el otro en presentar una acción de inconstitucionalidad a través de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla.

El diputado del Partido del Trabajo José Manuel Benigno Pérez Vega inició la semana pasada los acercamientos con los legisladores federales para echar abajo dicha reforma a través del primer procedimiento.

Pérez Vega argumentó a los medios de comunicación que el Congreso local infringió el artículo 135 constitucional, debido a que invadió la esfera de competencia del Constituyente Permanente –integrado por la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y los congresos locales–, el cual es el único poder facultado para legislar sobre garantías individuales.

La diputada priista Rocío García Olmedo defiende la propuesta de impugnar la reforma mediante una acción de inconstitucionalidad de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla.

El argumento jurídico en este caso se centra en dos puntos: la modificación viola el artículo 4 de la Constitución federal al sacrificar los derechos fundamentales de las mujeres y contradice el artículo 12 de la carta magna local, el cual determina que las autoridades del estado tienen que asegurar la vida desde el nacimiento y no “desde la concepción”, como lo plantea la reforma; en este caso, la presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Marcia Maritza Bullen Navarro, tendrá que determinar si es procedente la acción de inconstitucionalidad.

 
 
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