Dicen que hay muchas posibilidades de que Víctor Pérez Dorantes, el actual titular de la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (DIEDO), sea nombrado subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Proceso de la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ). Si eso ocurre, habrá un grave retroceso, ya que si algo caracteriza a este funcionario es su desprecio por los derechos humanos y su tolerancia a la tortura.
En febrero de 2007, en las oficinas de la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, se descubrió por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) y una organización no gubernamental la existencia de una persona que había sido detenida por la Policía Judicial de manera injustificada, por criterios estrictamente políticos y que estaba siendo torturada. Ante estos hechos, el funcionario respondió al puro estilo del autoritarismo oficial:
“Yo a los derechos humanos me los paso por los huevos”.
Luego de esa respuesta siguió la tortura del detenido y se le procesó penalmente, pese a que no había delito que perseguir. Ahora el autor de ese comportamiento lo quieren nombrar como el segundo funcionario en importancia de la Procuraduría General de Justicia.
Luego de Rodolfo Igor Archundia Sierra fue nombrado titular de la PGJ, quedó vacante de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas y Control de Procesos. Hasta ahora no hay fecha para nombrar el nuevo encargado, pero se menciona tres nombres que podrían ocupar esa posición: el de Víctor Pérez Dorantes; el de Luis Guillermo Arsención Serna, quien es director regional de Averiguaciones Previas y Control de Proceso de la zona metropolitana; y María de Lourdes Nares Rodríguez, quien es subprocuradora Jurídica de la PGJ.
En 2006 en la comunidad de Atempan se desató un conflicto político contra el presidente municipal, a quien la población acusaba de desvío de fondos públicos. Entonces grupos del Partido Revolucionario Institucional, con la complicidad de la Secretaría de Gobernación, tramaron un complot político contra los líderes del movimiento de inconformidad.
Un hombre llamado Raúl, esposo de la principal líder del movimiento del municipio de Atempan, rentaba un terreno a un comerciante, quien en el predio puso un bar y ahí permitía que se ejerciera la prostitución.
En febrero de 2007, un grupo de agentes de la Policía Judicial detuvo al hombre llamado Raúl, acusado del delito de lenocinio, siendo que él no era quien había abierto el bar y contratado a las sexoservidoras. Luego de aprehenderlo, lo trasladaron a la DIEDO, en donde luego de muchas horas de búsqueda fue localizado por sus familiares, quienes solicitaron la intervención de la CDH.
Una funcionaria de la Comisión de Derechos Humanos del Estado pudo entrar a ver al detenido y al salir expreso que el hombre si había sido objeto de torturas. Cuando los parientes de Raúl reclamaron a Víctor Pérez Dorantes lo ilegal de la detención y que era necesario que parara el martirio del agraviado, el funcionario respondió:
“Yo a los derechos humanos me los paso por los huevos”.
Esa detención tenía como único propósito frenar el movimiento social de Atempan mediante la represión policíaca, con complicidad de funcionarios de la PGJ. Es la fecha, que al hombre llamado Raúl no le han podido demostrar ser responsable de un solo delito.
Ayer el periódico Puebla Sin Fronteras dio a conocer el caso de un ex trabajador del diario El Sol de Puebla que durante tres años estuvo falsamente acusado de un homicidio. El funcionario que participó en ese proceso ilegal fue Víctor Pérez Dorantes.
Y hace algunas semanas, en este espacio se dio a conocer que Pérez Dorantes intentó evitar que un grupo de custodios de la empresa transportadora de valores Lock, que fueron acusados de robar 15 millones de pesos, los asistiera un abogado al momento de rendir su primera declaración ministerial en la DIEDO.
El nombramiento del próximo subprocurador será una prueba de fuego para Rodolfo Igor Archundia, pues demostrará si realmente quiere combatir la corrupción e ineficiencia que priva en muchas áreas de la PGJ o si será cómplice de esos vicios.
En el caso de Víctor Pérez Dorantes, el actual titular de la PGJ no solamente lo debería desechar como candidato al segundo puesto en importancia de la procuraduría, sino debería buscar su pronta remoción e investigación.
Aunque eso es muy difícil que ocurra. Archundia es un hombre del sistema que llegó al puesto que ostenta para hacer cambios y las cosas sigan igual o peor que antes.
