Lo anterior luego de la protesta de cerca de 500 habitantes, quienes tomaron simbólicamente la presidencia municipal para exigir a su edil que tomara una postura sobre este tema; durante las últimas semanas, Romero Tehuitzil dejó de recibir el apoyo, incluso de algunos que estuvieron en su campaña por la alcaldía, pues están seguros de que apoya la iniciativa estatal.
Quizá esa sea la razón por la que llegaron patrullas de la Dirección de Seguridad Pública del vecino municipio de Coronango, gobernando por el panista Salvador Coyotécatl Xochimitl, cuyos agentes policiales hicieron acto de presencia en la alcaldía de Juan C. Bonilla con todo y sus armas de cargo, para apoyar a Romero, aunque más tarde se retiraron.
De acuerdo con los labriegos, unas mil 50 hectáreas de tierras de cultivo se perderán en Juan C. Bonilla si el proyecto “ecoturístico” que pretende realizar la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología se concreta.
Sería al actual ayuntamiento priista a quien le correspondería hacer los cambios de uso de suelo correspondientes para permitir la construcción de fraccionamientos, algunos de los cuales ya existen.
Aunque Romero Tehuitzil dijo desconocer el proyecto del gobierno del estado, pues a la fecha no le han informado nada sobre el mismo, se comprometió a respetar los actuales usos del suelo y a revisar a fondo el Plan de Desarrollo Urbano municipal vigente, para detectar las posibles inconsistencias heredadas de la pasada administración.
Desde el año pasado, el grupo ambientalista “Hombres de la Tierra”, de San Lucas Nextetelco y San Mateo Cuanalá, juntas auxiliares de este municipio, ha denunciado la severa polución que padece la región, producto de más de 40 años que la empresa Hylsa ha emitido contaminantes al subsuelo y al aire; recientemente las empresas Bonafont, Textiles Contemporáneos y QuirMex vierten cantidades industriales de desechos a la barranca Pajoaca, que es afluente del río Metlapanapa, el cual padece de severa contaminación.
En marzo pasado, este diario documentó que la empresa constructora poblana Ivi está edificando un conjunto de vivienda popular de 413 casas y un centro comercial en terrenos en los que hasta la fecha se desconoce si se les ha cambiado el uso de suelo.
El problema de los ejidatarios es que la empresa los está presionando para que cedan a la inmobiliaria el pozo de agua número 20 de esta región, que es de uso agrícola, no habitacional, tal como lo denunció José Carmen Tepale.
De acuerdo con un documento en poder de este diario, el representante de Ivi Constructora, José Julían García Beristáin, pide al presidente del pozo realizar una asamblea para convencer a los demás beneficiarios del agua a fin de abastecer a las casas, “permitiendo con ello realizar una propuesta concreta sobre las ventajas y beneficios de se podrán generar de manera mutua”. (sic)
“Son 200 metros lo que nos separa para que se lleven el agua, pero el comisario es el que está dando los permisos para que finquen, construyan, saquen tierra en un ejido que es de uso agrícola. ¿Por qué se toma la facultad de dar permisos? Él es un representante, no la autoridad, ni el dueño”, afirmó una de las vecinas de Cuanalá en esa ocasión a este diario.