México, un país crispado. Así titula la revista Proceso su edición del domingo pasado. Y tal parece que, en efecto, una buena parte de los mexicanos vivimos en un estado permanente de crispación, de desasosiego, de incertidumbre, de permanente sensación de falta de rumbo y de identidad. Y es que para los jóvenes, quienes se encuentran entre los 25 y los 40, la única crisis económica fue la del 95 y desde entonces viven un impasse que les puede parecer sólo la prolongación de una agonía permanente sin visos de solución. Quienes recordamos aquella época del desarrollo estabilizador, sin cambios en la paridad de la moneda, sin sobresaltos políticos mayores durante tres sexenios, con crecimiento económico sostenido, vivimos no solamente crispados sino pendientes de los signos ominosos que puedan anunciar la llegada de una nueva crisis, semejante a aquellas, cuando nuestras fuerzas y nuestra voluntad ya han menguado.
Las noticias sobre aquellos que intentan emigrar, que abandonan México en pos de una vida mejor, son ya el pan de cada día. Esos jóvenes –la mayoría de nuestros compatriotas– no recuerdan, porque nunca se enteraron, de aquella propaganda yanqui durante la llamada guerra fría que martilleaba constantemente nuestros tímpanos con noticias sobre las constantes fugas de ciudadanos de los países comunistas. Según esas voces eran muchos los que abandonaban el infierno comunista para asilarse en el paraíso capitalista. Tal vez sí hayan escuchado acerca de los “balseros” cubanos, de aquellos miles que dejaron la isla para viajar a los EU. Ahora no hay aparatos propagandísticos que les digan que nunca en la historia reciente había existido una migración de las proporciones que ha sufrido nuestro país, que nunca tantos habían huido del infierno. Ahora ya no hay guerra fría, ni combates propagandísticos. Ahora los migrantes solamente son noticia si se mueren, o los matan.
Y sin embargo a ninguno de nuestros políticos parece avergonzarle el hecho. Se refieren a este como si se tratara de algo ajeno, de un problema que afecta sólo al país del norte, no al nuestro. Como si nosotros no tuviéramos culpa alguna. Y mucho menos nuestros gobiernos. Hasta Fox se atrevió a presumir de que ahora enviaríamos jardineros educados.
Y sí, efectivamente, una parte de la población que no se ha ido está crispada. Crispada porque carece de los satisfactores más elementales. Pero sigue crispada sin poder identificar aún las causas de su miseria. Y tal parece que aún no ha llegado el líder político que se los pueda explicar.
Y ahora también nos crispamos por el petróleo. Que porque unos los quieren privatizar y entregarlo a los extranjeros. Que porque los otros lo defienden; que lo defienden para que se quede como está, en manos de los mexicanos. Que no permitirán que se lo lleven los extranjeros.
Pero ese petróleo nuestro, supuestamente nuestro, no ha servido hasta ahora para hacer más justa la distribución de la riqueza.
Y eso que nos aseguran que Pemex destina casi el 80 por ciento de sus ingresos para el pago de impuestos al gobierno federal. Que dizque por esa razón no cuenta con recursos para explorar nuevos yacimientos ni para invertir en nuevas refinerías y petroquímicas.
¿Y por qué razón no se ha destinado los enormes recursos del sobreprecio del petróleo en estos últimos años para hacerlo? ¿Por qué razón se reparten cada vez más recursos provenientes de la exportación de crudo a los gobiernos estatales, para ser utilizados en el gasto corriente?
¿Y los inversionistas extranjeros, si vienen a invertir a México, pagarán también el 80 por ciento de sus ingresos en impuestos? ¿O acaso disfrutarán de un régimen fiscal distinto? De ser así se estaría reconociendo que una de las causas del problema, tal vez la más importante, es generada por la SHCP.
¿Y esas inversiones privadas, una vez convertidas en plantas petroquímicas, en refinerías, serían operadas por personal del sindicato petrolero, o estarían sujetos a una contratación diferente? Porque si van a ser operadas por personal ajeno al sindicato, con otro contrato y otras prestaciones, se estaría reconociendo que otra de las grandes causas del problema financiero de Pemex es su propio sindicato.
Y de hacerse así, lejos de resolver los problemas de esta empresa paraestatal, simplemente se estaría difiriendo su agonía mediante la inyección de recursos frescos, de origen privado, nacional o extranjero, para poder sostener los privilegios de un gremio (y de su dirigencia sindical, principalmente) que se ha beneficiado sin medida de nuestra riqueza petrolera, un recurso no renovable y cada día más caro. Supuesta solución que estaría dejando de lado el interés nacional para poder mantener el statu quo y prevenir, o retrasar, una crisis de proporciones impredecibles que podría llegar a afectar los equilibrios de poder, poniendo en riesgo los privilegios de los grandes grupos que se benefician directamente de esta industria, y que como consecuencia secundaria, afectaría a una de las fuentes más importantes –o la más importante– de ingreso gubernamental, lo que inevitablemente condicionaría cambios en el control político nacional.
No se trata de discutir únicamente la conveniencia o no de abrir esta industria al capital privado, nacional o extranjero, se trata de discernir, con absoluta claridad, de cara a la sociedad, si la perpetuación de privilegios de grupo o gremiales, de regímenes de excepción cobijados mediante contrataciones colectivas meta o supra constitucionales, puede y debe prolongarse más allá de estos primeros 70 años de la nacionalización, mediante “parches” que le den oxígeno a una empresa quebrada, y que al mismo tiempo no afecten intereses muy específicos y muy claros, pero a cuya mera existencia le podemos atribuir una función muy eficiente entre aquellas causas generadoras de la creciente injusticia y disparidad en el reparto de la riqueza nacional.
Se requieren reformas, no solamente en la industria petrolera, también en la eléctrica, en la seguridad social, en el Infonavit, en todos aquellos mecanismos posrevolucionarios que, en aras de una supuesta justicia social, solamente crearon ínsulas que benefician a una parte de la población mientras mantienen a la otra mitad ajena a los beneficios de una “revolución social” que se quedó a la mitad del camino.
Debate sí, en el Congreso y en los medios de comunicación, pero aportando la suficiente información para que se puedan identificar las causas del problema. Y después de identificar las causas, sin apelar a sentimientos nacionalistas y patrioteros decimonónicos, sino a la racionalidad que requiere el caso, establecer si los remedios pretendidos eliminan las causas que originaron el problema.
De lo contrario nos estarán dando pan con lo mismo, como al tío Lolo.
