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Lunes, 14 de enero de 2008
La Jornada de Oriente - Puebla - Estado
 
 

 CUITLATLÁN 

Los retos del gobierno de Mario Marín

 
Fermín Alejandro García
Puebla, Pue.

Mañana rinde su tercer informe el gobernador Mario Marín Torres y con ello, prácticamente inicia la segunda parte de su gestión. A esta etapa el jefe del Poder Ejecutivo llega con una calificación de aceptación de alrededor del 5.2 por ciento y con tres importantes retos, que son: Contar con un mejor equipo de trabajo, consolidar los proyectos más importantes de esta administración y que se ofrezcan mejores garantías de respeto a los derechos humanos.

El mandatario de hecho ya libró los dos momentos más difíciles de su gobierno, que fueron los comicios de 2006, los cuales parecía que iban a ser la tumba del PRI pero el descontente hacia el PAN salvó al tricolor; y la investigación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó sobre el caso de la periodista Lydia Cacho. Por este segundo asunto, se puede explicara a qué se debe la baja calificación que tiene el jefe del Poder Ejecutivo.

De acuerdo a las mediciones semanales que ha hecho La Jornada de Oriente, Marín Torres tiene la calificación más baja que en los tres últimos sexenios ha tenido el gobernador en turno a la mitad de su periodo.

Manuel Bartlett Díaz llegó a la mitad de su sexenio con un índice de aprobación del 6.2 por ciento; mientras que Melquiades Morales Flores cuando empezó su cuarto año de administración contaban con una calificación de 6.9 por ciento.

Antes de febrero de 2006, que fue cuando estalló el escándalo de la detención de la periodista Cacho Ribeiro, Mario Marín tenía una calificación de 7.6 por ciento, la cual era muy alta. Con el surgimiento de dicho conflicto, ese índice se desplomó hasta 5 por ciento. En noviembre de 2006, fecha de los comicios locales, esa medición subió a más de 6 por ciento.

Más tarde, el fallo de la SCJN sobre el Lydiagate le restó popularidad al mandatario que llegó a 5.2. ¿Cómo se puede interpretar esa medición? Que mucha gente opina más o menos así: Se nota trabajo de parte del gobernador, pero no le acaban de perdonar lo ocurrido con el caso Cacho.

Lo cierto es que difícilmente ese asunto podrá volver a provocar una baja importante en la calificación de Mario Marín Torres.

Con tales antecedentes la administración Mario Marín tiene más elementos a favor que en contra para poder relanzar al gobierno del estado y éste pueda mejorar en la percepción que tiene la gente del Poder Ejecutivo, pero sobre, ofrezca mejores resultados. Para que se consigan dichos propósitos se debe trabajar en tres ejes, que son:

Es fundamental que haya una limpia en el gabinete, ya que por lo menos una tercera parte de sus integrantes son personajes que no ofrecen resultados positivos y solamente se distinguen por sus escándalos, las sospechas de que pretejen actos de corrupción o por ser ineficientes o prepotentes.

Los que se debe de ir son Gerardo Fernández Sánchez, quien al frente de la Sedeco ofrece resultados mediocres y parece más un funcionario de la Secretaría de Finanzas que el encargado del desarrollo económico del estado.

Con un perfil similar al del secretario de la Sedeco se ubica a José Bretón Ávalos, el titular de la Secretaría de Turismo.

Roberto Morales Flores es tal vez el peor integrante del gabinete, ya que solamente se habla del él por los escándalos de corrupción e ineficiencia de la Secretaría de Salud.

Mientras que Rómulo Arredondo como secretario de la SCT ha pasado sin pena ni gloria.

En el caso de Víctor Manuel Sánchez, el encargado de la Sedecap, es alguien de quien se desconoce que ha hecho contra la corrupción y la ineficacia de servidores públicos.

Alejandro Montiel, el secretario de Cultura, ofrece resultados pobres de su gestión.

La procuradora de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, demostró no tener el carácter, la prudencia ni el talento para ese puesto.

Y Mario Ayón Rodríguez, el secretario de Seguridad Pública, se ha mostrado como un funcionario prepotente y que no sabe tratar a sus subordinados.

Tal vez no se pueda cambiar a todos esos funcionarios, pero si es vital que por lo menos se renueven las carteras de Desarrollo Económico, Salud, Turismo y la PGJ. Y en las demás áreas, tiene que volverse a replantear las metas proyectos, así como la actuación de los servidores encargados.

Un segundo reto de la gestión de Marín, es convencer acerca de los beneficios y la viabilidad de tres proyectos torales del gobierno. Estos son la construcción del nuevo recinto federal, la Célula de Oriental y el rescate de la presa de Valsequillo. Los dos primeros ya están en marcha y el tercero, no se sabe para cuándo se podrá concretar. Los tres están bajo el escrutinio y persisten dudas acerca de que si son lo mejor para el desarrollo del estado.

Es fundamental que el gobierno ofrezca más y mejor información de esos proyectos, para que no persistan duda sobre ellos.

En materia de derechos humanos es fundamental que el gobierno del estado tome las medidas necesarias para evitar que se repita un caso similar al de Lydia Cacho. Sobre todo cuando ya se conoció el costo político que arroja un conflicto de esa naturaleza.

Para ello, es fundamental que se modifique el funcionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla, la cual no es una instancia que sirva para frenar los abusos que cometen servidores públicos.

Las dos vías que se deberían seguir para que cambie esa situación es que se reforme el marco legal de esa comisión, para que tenga más atribuciones y sea autónoma; y al mismo tiempo, se reemplace al actual titular del organismo, José Manuel Cándido Flores Mendoza, quien en lugar de proteger los derechos humanos se ha caracterizado por desconocer cómo se respetan.

 
 
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