Mario Marín dice que se deben proteger los derechos de las niñas y de los niños

Martín Hernández Alcántara

Sometido a una investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que una de las tesis es determinar si escarmentó a la periodista Lydia Cacho para proteger a una red de pederastas, el gobernador Mario Marín Torres se pronunció por el respeto a los derechos de los infantes durante la celebración oficial del día del niño.

Un boletín oficial emitido por la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Poder Ejecutivo local el pasado 30 de abril, consignó:

“Cada día trabaja el gobierno para que los niños del campo y la ciudad se desarrollen en un ambiente sano, destacó este lunes el gobernador Mario Marín Torres, al inaugurar el Foro-Taller sobre Protección Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas Poblanas.

“Que se respeten los derechos de los niños en todas sus dimensiones y aspectos, los derechos de la mujer, de la familia, de las personas con capacidades diferentes, de las personas de la tercera edad, de los grupos indígenas, temas que durante muchos siglos permanecieron olvidados porque prevalecía el Derecho del más fuerte’, dijo el mandatario durante el acto enmarcado en el día del niño.

“Consideró que los niños deben ser respetados, ‘nuestra sociedad no debe tener grupos vulnerables, esta clasificación significa reafirmar la segregación, la indigna e injusta distinción entre unos ciudadanos y otros; creo que debemos encontrar una nueva terminología y enriquecer más nuestra legislación para que este tipo de rangos sociales, obsoletos y ominosos desaparezcan y podamos hablar de ciudadanos, de estatutos y condiciones diferenciadas, pero en equidad de derechos y de convivencias.

“En dicho foro el mandatario añadió: tenemos que generar recomendaciones globales, aplicables en cualquier parte del mundo, porque en todo el mundo hay niños en necesidad de emigrar por múltiples razones, por causas de pobreza, guerras, desintegración y maltrato familiar, por el rechazo y la desventura’.

“El gobernador Mario Marín concluyó que en la entidad se trabaja en el respeto de los infantes, sobre todo porque son el futuro de nuestra sociedad’.

La fiscalía

Luego de que fueron publicadas las conversaciones en las que Marín planea con Nacif los detalles de las vejaciones que se aplicarían a la autora de Los demonios del Edén, el poder que protege la pornografía infantil –mientras ella estaba recluida en el Centro de Readaptación Social de Puebla– el gobierno de Mario Marín anunció la creación de una fiscalía especial para atender los delitos en contra de infantes.

En aquella ocasión incluso, Valentín Meneses Rojas, a la sazón vocero de Marín y hoy presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, dijo que la administración de Marín estaba dispuesta a emprender indagatorias contra Kamel Nacif Borge; sin embargo, a la fecha, la iniciativa para crear el Ministerio Público especializado duerme el sueño de los justos.

El 19 de abril del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la solicitud que le hizo el Senado de la República para investigar al gobernador y a otros funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial de Puebla, que tomaron parte en la detención y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho Ribeiro a mediados de diciembre de 2005.

La comisión especial presentó los resultados de su investigación al pleno del máximo tribunal del país el 19 de septiembre de 2006, pero siete de los 10 ministros rechazaron el proyecto presentado por el ministro José de Jesús Gudiño, quien prácticamente exoneraba al mandatario y ni siquiera tomó en cuenta las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre el gobernador y el apostador Kamel Nacif, publicadas por La Jornada el 14 de febrero de ese año, en las cuales se escucha a ambos afinando detalles sobre el encierro de la informadora.

Fue así que se creó una nueva comisión, liderada por el ministro Juan Silva Meza, quien es auxiliado en las investigaciones por los magistrados Eduardo Sergio Alvarado y Anastasio Enrique Escobar, la cual tiene la encomienda de considerar las grabaciones no como un elemento de prueba, pero sí como un indicio a partir del cual se debe indagar, en primer término, si Marín sometió al Poder Judicial para encarcelar a Cacho.