En pie, el proyecto del gasoducto de una trasnacional alemana: Sener

Miguel Ángel Domínguez Ríos

Atlixco– Sigue en oferta y en pie el proyecto a cargo de la empresa Transportadora de Gas Zapata (TGZ) –subsidiaria de una trasnacional alemana– de construir en las tierras de algunas comunidades cercanas a las faldas del Popocatépetl un gasoducto para trasportar ese producto natural de Tlaxcala a Morelos.

A pesar del ofrecimiento del gobierno de Mario Marín hecho a finales de 2005 de presuntamente finiquitar los planes y dejar a los labriegos vivir en paz en sus comunidades, la Secretaría de Energía federal (Sener), a través de dos oficinas, la Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico y la Dirección General de Promoción de Inversiones, informa sobre el próximo inicio de las obras.

Mientras, dirigentes y asesores del Frente de Defensa en Contra del Gasoducto (FDCG), el cual agrupa a varios pueblos de los municipios de Atlixco, Tochimilco y Atzizihuacán, manifestaron no tener noticia alguna de posibles movimientos de TGZ; sin embargo, adelantaron, lanzarán una convocatoria a la gente para estar alerta.

En el apartado de Infraestructura del subsector de gas natural, contenido en la página de internet de la Sener, y bajo el título de “Oportunidades de Inversión en el Sector Energético Mexicano”, cuyo documento fue suscrito en junio de 2006, esa dependencia ofrece a los interesados, mediante el mapa respectivo de la República Mexicana, datos concretos obtenidos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Detalla para el caso de Puebla dos planes: un gasoducto proveniente de Veracruz y con destino a Guadalajara, y otro como potencial, sin referir mayores datos. Incluso refiere en una tabla la puesta en marcha de “proyectos potenciales para la zona centro”, en donde incluyen a esta entidad.

Por cierto, según el planteamiento oficial, “para completar la transición bidimensional requerida por el país es necesario modificar el sistema político: pasar del autoritarismo y proteccionista hacia el democrático y participativo a través de reformas adicionales y cambiar el control estatal y proteccionista por el mercado libre de la globalización”.

Asume la Sener: “el marco regulatorio del sector de gas natural en 1995 quedó consolidado con la apertura en el sector y está contemplado en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional del ramo petrolero. Las modalidades donde el sector privado puede participar en el sector de gas natural es transporte, almacenamiento y distribución”.

Según la subsecretaría, para el primer caso existen en el país 138 permisos para una longitud de 19 mil 572 kilómetros y una inversión comprometida de 2 mil millones de dólares. En distribución resultan 21 autorizaciones equivalentes a 40 mil 957 kilómetros y 441 millones de dólares. Finalmente, en almacenamiento destacan cinco concesiones y 2 mil 414 millones de billetes verdes.

Pero no es todo: el documento “Prospectiva del mercado de gas natural 2004-2013”, avalado por el secretario de Economía, Fernando Elizondo Barragán, en la página 64 refiere el permiso de distribución de gas natural en el primer quinquenio localizado en la zona de Puebla-Tlaxcala a la compañía Natgasmex, con una longitud de 919 kilómetros para una cobertura de usuarios de alrededor de 68 mil 196 personas y con un presupuesto de 34 millones de pesos.

En el mismo texto la Sener es contundente: “permiso de transporte de acceso abierto de gas natural: Transportadora de Gas Zapata (TGZ); ubicación: Puebla- Cuernavaca. Longitud: 164.2 kilómetros; inversión prometida: 75. 9 millones de dólares”. De acuerdo con esa oficina, la obra pronto “comenzará a construirse”.

Recuento

El gobierno de Mario Marín, a través de la Secretaría de Gobernación, realizó el pasado 11 de julio de 2005 el deslinde oficial para negar algún tipo de apoyo a TGZ. A pesar de eso, habitantes de 10 pueblos congregados en el Defensa en Contra del Gasoducto exigieron por escrito la decisión tomada por las autoridades porque en caso contrario “significa ofrecer cancha abierta a la compañía, subsidiaria de la trasnacional Oiltalking”.

Entrevistada hace un año, Alma Delia Méndez, integrante de la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZV), narró las posturas asumidas por las partes involucradas en el problema durante una reunión celebrada en las oficinas de la Secretaría de Gobernación.

“Júe Hernández Corona, subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, afirmó que el gobierno del estado no tiene interés de apoyar a TGZ en el proyecto del gasoducto porque no genera desarrollo y tampoco beneficio a las comunidades”. Incluso el funcionario admitió que TGZ recibió ayuda de esa subsecretaría durante la administración pasada de Melquiades Morales Flores para concretar los primeros trabajos en varias comunidades de los volcanes, entre ellas Axocopan, Coyula, San Miguel Aguacomulican, Huilango, Tejupa, Tochimilco y Amecac.

Incluso, agregó la esposa del ex diputado Teodoro Lozano, la idea fue dejar claro a las autoridades la postura de no estar en contra del desarrollo, pero sí éste debería ser con equidad e igualdad y el precio no deberían pagarlo los campesinos. “Por esas razones quedó conformado el FDCG”.

Desde el punto de vista de Alma Delia Méndez, el gasoducto de TGZ presuntamente iría para atrás; sin embargo, esperaron tener en sus manos el documento. “Mientras, tomamos la postura de la Secretaría de Gobernación con buena fe, pero con reservas, sobre todo porque muchas veces, cuando alguien dice cosas y elaboran un documento, ese papel puede estar sujeto a varias incomprensiones dependiendo de los intereses particulares”.

Vale recordar que TGZ busca atravesar un ducto de Tlaxcala a Morelos para conducir gas natural, en una inversión de 36 millones de dólares en una primera etapa y con precios de dos dólares por cada gigocaloría transportada, según los documentos del gobierno federal.

Sin embargo, la compañía no contó con el aval de algunos pueblos indígenas y campesinos de la zona del volcán; de hecho, integrantes de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llegaron hasta las comunidades para obtener testimonios.

Parte del veredicto de esa institución fue: “ustedes tienen la última palabra; aunque no se trata de un acto de gobierno y sí de particulares, TGZ debe contar con los permisos de los dueños de la tierra para poder comenzar los trabajos”.

A ése quedó sumado otro acto: durante los primeros días de agosto de 2005, la legisladora federal del Partido de la Revolución Democrática, Rosa María Avilés, en medio de algunas dudas, suspicacias e incredulidad y aplausos, entregó a representantes de los pueblos oficios del gobierno de Mario Marín en donde retira por escrito el apoyo a TGZ.

Fechado el 5 de agosto, y rubricado por Júe Hernández Corona, el documento con sello de esa dependencia dice textualmente:

“Por instrucciones superiores me permito dirigirme a los habitantes de los municipios de Atlixco, Atzizihuacán y Tochimilco para informarles la posición del gobierno del estado con respecto a la solicitud de la empresa Oiltanking, representada por Transportadora de Gas Zapata, S. de R. L. en cuanto a la construcción de un gasoducto en la zona mencionada, para lo cual expongo:

“Después de analizar el proyecto presentado por la compañía respecto al cruce del gasoducto por la zona poniente de nuestro territorio, se concluye que no es de interés para el gobierno del estado apoyarlo en virtud de no representar un factor de desarrollo para la zona”.