CUITLATLÁN

Chipilo quiere su autonomía

Fermín Alejandro García

Hoy habrá una manifestación de habitantes de Chipilo que demandan que esta comunidad obtenga su autonomía, deje de ser junta auxiliar de San Gregorio Atzompa y se convierta en municipio. Contado así pareciera que es justa la demanda de los pobladores de dicha localidad que ha alcanzado tal vez un mayor desarrollo que la cabecera a la que pertenece; sin embargo, atrás se esconde un conflicto de tintes políticos y hasta raciales.

Nadie duda que cualquier poblado tiene una expectativa diferente de desarrollo si en lugar de ser junta auxiliar es municipio, no solamente por la disposición de fondos públicos, sino por la posibilidad de contar con una autoridad que tiene mayor capacidad de interlocución ante instancias de los gobiernos estatal y federal.

Pero en Chipilo se encierran otras cosas, combinado con los argumentos antes expuestos.

Para empezar el movimiento tiene como líder a la presidente auxiliar, a María Amalia Berra Merlo, quien ha estado en confrontación con el ayuntamiento de San Gregorio Atzompa debido a que el gobierno que ella preside se ha quedado con la totalidad de la recaudación de impuestos.

El gobierno de San Gregorio Atzompa, que es del PRI y es encabezado por el alcalde Rito Jorge Méndez Gomezjavier Aponte –así aparece el nombre en la página de la Secretaría de Gobernación–, le ha ofrecido a la presidente de Chipilo que se quede con la mitad de lo recaudado y la otra parte la reporte a la tesorería del municipio, pero siempre ha encontrado una negativa de la edil auxiliar, quien al parecer es asesorada por la diputada del PAN, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández.

Tal situación es cuestionable ya que más allá de los argumentos válidos que se puedan dar para que Chipilo se convierta en municipio es que no se puede retener de esa manera el dinero de la recaudación de impuestos.

Otro asunto importante es que algunos pobladores de Chipilo, aclaro, algunos, no la mayoría, se sienten incómodos de que siendo blancos y rubios, ya que sus orígenes son de una región de Italia, tengan que tratar con funcionarios de Atzompa que no tienen esos rasgos.

Ojalá que el conflicto se arregle dialogando y surja pronto el entendimiento. Porque así como están las cosas en el estado de Puebla y el país, las confrontaciones de este tipo tienden a eternizarse y no encontrar soluciones satisfactores.

Un ejemplo: el conflicto limítrofe entre Puebla y San Andrés Cholula.

En ese conflicto el Congreso local en lugar de resolver los problemas solamente ha estorbado.

Los dislates de la procuradora

El espaldarazo que ayer el gobernador Mario Marín Torres le dio a la titular de la Procuraduría General de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, es una mala noticia y una muestra de que en la administración marinista no se quiere corregir el rumbo para intentar dar una pronta solución al conflicto del góber precioso. Esta funcionaria ha dado muestras muy claras de que no es apta para resolver situaciones de crisis o conflictos. Una prueba de ello es la entrevista que el lunes pasado concedió a Javier Solórzano, de Televisión Azteca.

Esa entrevista se produjo para que la funcionaria explicara lo sucedido en torno al videoescándalo en el que se observa una disputa de la procuradora con el anterior director de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán, sobre el procedimiento que debe haber contra un narcomenudista. Mientras Villeda en la cinta defiende que el detenido tiene que comparecer ante el Ministerio Público del fuero común por estar en las instalaciones de la PGJ, miembros de la AFI, pero sobre todo Karam, alegan que se lo tienen que llevar al Ministerio Público del fuero federal.

El caso es que en la entrevista la procuradora hace un galimatías en donde en varias ocasiones reconoce que el procedimiento correcto era que al detenido se lo llevaran a la PGR, o sea al Ministerio Público federal, entonces, ¿en qué quedamos? Yo no entiendo.

Luego ella comentó que el incidente también fue generado porque se presentó a impedir los malos tratos que le estaban dando al narcomenudista en un salón del edificio central de la PGJ, pues el detenido a pesar de ser un presunto delincuente se le tenía que salvaguardar sus derechos. Ese comportamiento es adecuado. Es algo que se le debe aplaudir, ya que efectivamente en el video se ven los abusos que hay contra el supuesto vendedor de drogas.

Pero cuando Solórzano le cuestionó que partiendo de lo que estaba diciendo si no se podía considerar como una tortura lo que pasó con la periodista Lydia Cacho, quien fue aprehendida por cuatro hombres y trasladada a Puebla en un auto, en un recorrido de 20 horas, la funcionaria cambió todo su concepto de los derechos humanos y dijo que no. Vaya contradicción.

El periodista siguió insistiendo en el caso de Lydia Cacho y entonces Villeda Martínez le dijo que no quería hablar del tema, ya que está siendo ventilado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero segundos después sin ningún problema se atrevió a calificar a la periodista como una mujer: “que ella sabe que mintió”. Parece que la funcionaria no entiende que por el cargo que ocupa no debe emitir juicios hasta que haya una resolución judicial. Eso es muy grave que ocurra con un procurador de justicia.

Y lo que más risa causa en esa entrevista es que la procuradora al final manifestó su molestia de que se menosprecia a ciertas personas u oficios, pues no está de acuerdo con que se hable mal de “las locas y las tortilleras”, cuando se menciona que se intentó encerrar a Lydia Cacho con estas mujeres. Ya que las primeras no tienen la culpa de la enfermedad que padecen, y las segundas hacen un trabajo digno, que es hacer tortillas.

Para quienes conocen el ambiente carcelario y de la procuración de justicia es común saber que en el argot las “locas” son las mujeres que son agresivas por ser adictas a drogas duras, y las “tortilleras” son lesbianas que se caracterizan por agredir sexualmente a otras reclusas, sobre todo las de nuevo ingreso.

¿Esta última parte de la entrevista fue una muestra de incompetencia o candidez? Cualquier respuesta es muy grave para una encargada de la procuración de justicia ¿En manos de quién estamos?

Y lo malo es que va a seguir en el puesto.