PUEBLA
lunes 16 de mayo de 2005

 
       
  El gobierno exige intercambio de presos por nueva dotación de agua en Axocopan: Colotla

Ignacio Juárez Galindo q El gobierno del estado de Puebla, a través de Júe Hernández Corona y Armando Toxqui Quintero, subsecretarios de Asuntos Políticos y de Asuntos Jurídicos, respectivamente, presionó este fin de semana a los dirigentes de la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZ) a negociar la imposición de una nueva caja partidora de agua –diseñada por la Comisión Nacional del Agua– en los manantiales de La Magdalena Axocopan a cambio de la liberación de sus compañeros Lázaro Salazar Reyes y Félix Jiménez Galindo, que fueron detenidos el viernes pasado.
 
       
  Concepción Colotla Gonzaga, dirigente de la UCEZ, sostuvo que la presión de los empleados estatales ocurrió en una reunión sostenida el sábado pasado en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación estatal, en donde también estuvo presente Alma Delia Méndez, viuda del ex diputado local del PRD Teodoro Lozano Ramírez.

El dirigente campesino afirmó que la negociación propuesta por Hernández Corona y Toxqui Quintero fue rechazada totalmente, y allí mismo les advirtieron que estaban dispuestos a que sus compañeros permanecieran detenidos todo un año, pues no iban a permitir ningún tipo de presión o chantaje. También se les aclaró, dijo, que los únicos facultados para discutir sobre el destino de los manantiales son los usuarios del canal y los pobladores de Axocopan.

Colotla Gonzaga dio a conocer que los habitantes de La Magdalena Axocopan, al enterarse de la detención de sus compañeros y la presión de los empleados de la Secretaría de Gobernación estatal, anunciaron que si la intención del gobierno del estado es negociar, entonces ellos cortarán todos los accesos que el Soapama tiene en los manantiales de la comunidad y devolverán el agua hasta que se libere Lázaro Salazar y Félix Jiménez y la CNA se desista de su proyecto de caja partidora.

“Los habitantes de Axocopan y nosotros no estamos dispuestos a que nos hagan lo mismo que en Nealtican”, señaló el líder agrario, recordando el despojo de agua cometido hace años en aquel municipio por el gobierno del estado. En esa época los principales dirigentes de la comunidad fueron detenidos y las autoridades negociaron la liberación a cambio del agua. El hoy gobernador Mario Marín fungía, en ese entonces, como subsecretario de Gobernación estatal.

Lázaro Salazar Reyes y Félix Jiménez, asesor y secretario del Fundo Legal de Axocopan, recluidos en el penal de San Miguel, respaldaron la postura de Concepción Colotla. En una carta enviada a este diario puntualizaron que su detención responde a una “intimidación” del gobierno del estado hacia los dirigentes del movimiento social de Axocopan para imponerles la construcción una caja partidora de agua que sólo beneficiará económicamente al ayuntamiento de Atlixco y la fábrica El Volcán, propiedad de la familia Migoya Junco.

“Hasta el momento no hemos negociado ni negociaremos nuestra libertad en contra de intereses del pueblo de Axocopan, porque sabemos que no estamos solos y contamos con el apoyo de organizaciones como la UCEZ y la Unión General de Obreros y Campesinos del México (UGOCM)”, asientan en sus escritos.

La TV y la demanda

La denuncia que dio origen a la captura de los dos dirigentes de Axocopan fue presentada por el director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (Soapama), Francisco Velasco Islas, a raíz de la cancelación de la toma que dicho organismo tiene en los manantiales de la comunidad por parte de los campesinos, hechos ocurridos el 23 de abril de 2004. Ese día, más de mil campesinos de la zona, quienes estuvieron acompañados por organizaciones como la UCEZ, pusieron fin a 50 años de despojos de agua cometidos por el gobierno municipal de Atlixco.

Velasco Islas responsabilizó a los campesinos de los delitos de despojo, daño en propiedad ajena y robo equiparado y calificado. Los denunciados son Concepción Colotla, Tomás Pérez Morelos, ex comisario ejidal de Axocopan; Roberto Martínez Jiménez, presidente del Fundo Legal; Artemio Aguilar, ex tesorero del comisariado; Lázaro Salazar, y Félix Jiménez. El proceso penal 239/2004 está radicado en el Cuarto Juzgado Penal.

Hasta el momento, dijo Concepción Colotla, Júe Hernández se comprometió a no proceder judicialmente en contra de los otros indiciados.

Sin embargo, para José David Nombre García, representante legal de los dos detenidos, la denuncia presentada por el Soapama tiene “vicios de origen” que van desde errores en la acreditación de los querellantes hasta el reconocimiento expreso por parte de Francisco Velasco que los hechos denunciados “los vio en la televisión”. En el proceso judicial, apuntó, no está demostrado el modo, tiempo, lugar y comisión de los delitos que se impugnan a los campesinos.

Concepción Colotla dio a conocer que hoy sostendrán sendas reuniones con los representantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Puebla y de la Secretaría de Gobernación estatal. En el segundo encuentro, añadió, estarán presentes el alcalde de Atlixco, Manuel Vargas, Francisco Velasco, así como funcionarios de la gerencia estatal de la CNA en Puebla.

Marín y sus promesas incumplidas

Explicó que ambas reuniones no tendrán como finalidad la negociación sobre la caja partidora, sino para que las autoridades les ofrezcan una respuesta sobre la liberación de sus compañeros. El dirigente no descartó recurrir a la movilización en caso de que el gobierno del estado mantenga su empecinamiento de obligarlos a aceptar la caja partidora de agua.

En una entrevista, Colotla Gonzaga explicó que antes de la elección del 14 de noviembre y posteriormente, dirigentes de la UCEZ se entrevistaron con Mario Marín Torres, quien les prometió no ejercitar ninguna acción penal contra la UCEZ y la gente de Axocopan. Es más, dijo que trabajaría con las organizaciones sociales para impulsar proyectos en común. A decir del campesino, el gobernador incumplió su promesa.

“El Soapama presentó la denuncia penal, pero detrás está la complicidad de la CNA y el gobierno del estado”, puntualizó.

En tanto, la diputada federal del PRD, Rosa María Avilés, arremetió contra el gobierno de Mario Marín Torres, a quien acusó de usar un “doble lenguaje”, pues mientras en el discurso dice apostar al diálogo, en los hechos utiliza la vía de la represión.

Aseveró que la disputa del agua en Axocopan, que propició el encarcelamiento de los dos dirigentes, no es un caso aislado, sino que está ligado con otros problemas de defensa de los recursos naturales. En esa región, expuso, existe el Frente Regional de Comunidades contra el Gasoducto, el cual pretende ser construido por la empresa tranacional Oiltanking, a través de su subsidiaria Transportadora de Gas Zapata, y en donde el gobierno actúa como “el gestor” de la compañía.

En la misma región, señaló, hay una defensa de las tierras de los campesinos que pretenden quitárselas mediante un ambicioso proyecto de desarrollo urbano. “Es la misma táctica que utilizan los gobierno del PRI y el PAN, siempre ha visto en contra de los movimientos sociales: golpeo, reprimo y así logro ablandar a la gente”, mencionó la legisladora.

Por su parte, Tomás Pérez Morelos, dirigente del Frente Regional de Comunidades contra el Gasoducto y ex comisario ejidal de Axocopan, sostuvo que las autoridades estatales, con la complicidad de la CNA en Puebla y el gobierno municipal de Atlixco, pretenden desarticular su movimiento para obligarlos a aceptar una caja partidora y poner fin a sus protestas contra el desarrollo de dos megaproyectos: el gasoducto y el ambicioso proyecto de desarrollo urbano en Axocopan, que ha sido utilizado por ex autoridades municipales y empresarios para especular con las tierras.