Así, desde fines de los años sesenta y hasta mediados de los años ochenta encontrábamos dos períodos para los movimientos: A) el correspondiente a la inestabilidad política, ejemplificado con el recambio de ocho gobernadores, que coincidía con la diversificación y modernización industrial que vivió la entidad del año 1964 a 1975 (fin del cacicazgo avilacamachista cuyo punto de ruptura se define con la caída del gobernador interino Gonzalo Bautista O’Farril, en mayo de 1973) y, B) el que caracteriza el estancamiento económico e intento de pacificación política y social, que va del año 1974 a 1987, impulsados por los gobiernos de Alfredo Toxqui Fernández de Lara (1975-1981) y de Guillermo Jiménez Morales (1981-1987). En ese período era predominante el movimiento universitario y el empresarial, y de gran importancia numérica y social, el movimiento campesino y urbano popular, y en mucho menor medida, el obrero.

Pero desde fines de los años 80 observamos diversos cambios en los movimientos sociales en Puebla debidos a la vinculación de tres factores: 1) la brutal aplicación de las políticas neoliberales de apertura económica y agudización de la crisis (impuestos por los regímenes presidenciales de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox) cuyos efectos locales han resultado devastadores para las bases productivas de la entidad, aunque igualmente devastador fue el descarrilamiento de los proyectos inspirados en esas políticas neoliberales; 2) el retorno de la polarización, el autoritarismo y la política de mano dura, que caracterizó a los gobiernos estatales de Mariano Piña Olaya (1986-1992) y de Manuel Bartlett Díaz (1992-1998) y, en menor medida, al de Melquiades Morales Flores (1998-2005); 3) la encarnizada lucha por el poder político entre los grupos hegemónicos, en el marco de la mal llamada transición democrática, cuya caja de resonancia han sido los movimientos sociales. De aquí que, desde fines de los años ochenta, los movimientos sociales preponderantes hayan sido básicamente movimientos de resistencia y de amplio espectro social en contra de programas gubernamentales de inspiración neoliberal, movimientos surgidos de comerciantes de la economía informal, movimientos de trabajadores de la emergente industria maquiladora y los movimientos de organizaciones ciudadanas en el marco de coyunturas político electorales.

Desde finales de los años 80 la pérdida de importancia y disolución de los movimientos sociales preponderantes se explica en gran medida por el interés del gobierno salinista por circunscribir todo tipo de oposición a la lucha político electoral. Así, mediante violenta represión y asesinatos, se desarticula y contiene a los movimientos sociales preponderantes. Por un lado, culmina el largo camino de la desmovilización del movimiento universitario de izquierda (1989) asimilando la UAP al PRI (hoy usada como trampolín político). Por otro, se reprime a los movimientos populares y, perversamente, se contiene en el ámbito de lo jurídico problemas de origen social y político, cambiando radicalmente la escena política. Un ejemplo que resume la intolerancia, el autoritarismo y el hostigamiento fueron los obstáculos interpuestos por el gobierno de Bartlett a la causa zapatista.

Una rápida revisión de los efectos de los programas de desarrollo neoliberales y del hostigamiento, la represión, cooptación y corrupción ejercida contra todo tipo de organizaciones sociales y políticas no alineadas al ámbito privilegiado de la participación político electoral lo encontramos en:

1) La agudización del saldo sangriento de la lucha faccional en el campo: Tecomatlán (1989), Olintla (1987, 1984), Huitzilan (1984, 2004) y la represión contra el movimiento campesino independiente del control corporativo como es el caso de Huehuetla (1989, 2004).

2) Los programas gubernamentales de inspiración neoliberal como el Programa de Desarrollo Angelópolis, llegaron a conjuntar en su contra hasta 16 organizaciones surgidas entre ciudadanos y organizaciones de colonos, ejidatarios, campesinos, propietarios inmobiliarios e inquilinos de la zona conurbada: Puebla (1994, 1995, 1996, 1997, 1999), San Francisco Ocotlan (1991, 1992) y San Andrés Cholula (1991, 1997), por expropiación de terrenos e inmuebles y evicción de fábricas, casas y vecindades, Nealtican (1993. 1998) y Xoxtla (1996, 1998) por extracción de agua. Igualmente, el Millenium o Gran Visión para apoyar el Plan Puebla-Panamá generó movimientos en la región de Tepeaca (2001, 2004). En fin, los movimientos contra los megaproyectos del exalcalde panista Luis Paredes conjuntaron a organizaciones ciudadanas, civiles y estudiantiles (1999, 2004).

3) El descarrilamiento de la política neoliberal también originó movimientos entre pequeños y medianos empresarios y un conjunto de organizaciones de deudores rurales y urbanos aglutinados dentro del Barzón local (1995).

4) La lucha entre el pequeño y gran capital comercial, a nombre de la modernización contra la economía informal, generó movimientos importantes entre las organizaciones de comerciantes y ambulantes contra desalojos de tianguis: Puebla (1987, 1989, 1995, 1996, 1997), San Martín Texmelucan (1994) y Huixcolotla.

5) La violación a los derechos sindicales y a la Ley del Trabajo en la industria y principalmente en la emergente maquiladora generaron movimientos laborales: Puebla (2004, 2005), Tehuacan (2003), Almecatla (1991, 1992).

6) Los conflictos político electorales expresan intereses en juego (por agua transporte, terrenos, etcétera) involucrando la movilización ciudadana a través del uso de las siglas de las frágiles y corrompidas organizaciones partidarias: Altlixco (1993, 1994), Moyotzingo (1985, 1996, 1997), Miahuatlan (1991, 1992, 1993, 1994), Jolalpan (1990). Cabe mencionar que, de 1987 a 1993, encontramos 63 por ciento los conflictos electorales con hechos sangrientos en municipios que van de los 5 a los 45 mil habitantes.

En conclusión, y por lo que respecta al uso de la violencia institucional contra los movimientos sociales y a los operadores políticos podemos decir:

A) De manera reiterada, desde fines de los ochenta, se ha recurrido a la prefabricación de delitos o al arrinconamiento de los movimientos sociales o reivindicativos al marco de lo penal. La mecánica ha sido la siguiente: el gobierno se niega a reconocer el derecho de audiencia dando paso a las manifestaciones públicas y generando, en consecuencia, el desgaste de los movimientos. Luego, ya en un clima de polarización, se aprovecha el enfrentamiento verbal y las acusaciones reales o inventadas en contra de los líderes para tener una base de acusación penal. Enseguida, se procede a su arresto, preferentemente en el marco de las negociaciones o manifestaciones públicas o se montan provocaciones que permiten dar paso al encarcelamiento, de modo de llevar a una supuesta negociación con las organizaciones involucradas, teniendo siempre como contexto el marco de lo penal. Destaca la manipulación de la maquinaria judicial y el uso discursivo de la defensa del estado de derecho para contener el descontento popular y los movimientos sociales generados por la crisis.

B) Los operadores políticos de los sexenios de mano dura han sido los beneficiarios directos de la represión, cooptación y corrupción. Las bases organizativas de las campañas de los precandidatos del PRI fueron conseguidas de la cooptación de movimientos sociales reprimidos y divididos: taxistas (1989), vendedores ambulantes (1990, 1995, 1996, 1997). Uno de los operadores políticos mayormente beneficiado de la cooptación, represión y división del movimiento social fue un exsecretario de Gobernación y hoy flamante gobernador del estado de Puebla.