Las formas de
organización que adopta cada tipo de movimiento
social, su modo de acción, la composición de su
base social y sus formas de negociación,
adquieren relevancia de acuerdo con los intereses
en juego y a la coyuntura económica y política
que los determina. Así, desde fines de los años
sesenta y hasta mediados de los años ochenta
encontrábamos dos períodos para los movimientos:
A) el correspondiente a la inestabilidad política,
ejemplificado con el recambio de ocho
gobernadores, que coincidía con la diversificación
y modernización industrial que vivió la entidad
del año 1964 a 1975 (fin del cacicazgo
avilacamachista cuyo punto de ruptura se define
con la caída del gobernador interino Gonzalo
Bautista OFarril, en mayo de 1973) y, B) el
que caracteriza el estancamiento económico e
intento de pacificación política y social, que
va del año 1974 a 1987, impulsados por los
gobiernos de Alfredo Toxqui Fernández de Lara (1975-1981)
y de Guillermo Jiménez Morales (1981-1987). En
ese período era predominante el movimiento
universitario y el empresarial, y de gran
importancia numérica y social, el movimiento
campesino y urbano popular, y en mucho menor
medida, el obrero.
Pero desde fines de los años 80 observamos
diversos cambios en los movimientos sociales en
Puebla debidos a la vinculación de tres factores:
1) la brutal aplicación de las políticas
neoliberales de apertura económica y agudización
de la crisis (impuestos por los regímenes
presidenciales de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo
y Vicente Fox) cuyos efectos locales han
resultado devastadores para las bases productivas
de la entidad, aunque igualmente devastador fue
el descarrilamiento de los proyectos inspirados
en esas políticas neoliberales; 2) el retorno de
la polarización, el autoritarismo y la política
de mano dura, que caracterizó a los gobiernos
estatales de Mariano Piña Olaya (1986-1992) y de
Manuel Bartlett Díaz (1992-1998) y, en menor
medida, al de Melquiades Morales Flores (1998-2005);
3) la encarnizada lucha por el poder político
entre los grupos hegemónicos, en el marco de la
mal llamada transición democrática, cuya caja
de resonancia han sido los movimientos sociales.
De aquí que, desde fines de los años ochenta,
los movimientos sociales preponderantes hayan
sido básicamente movimientos de resistencia y de
amplio espectro social en contra de programas
gubernamentales de inspiración neoliberal,
movimientos surgidos de comerciantes de la economía
informal, movimientos de trabajadores de la
emergente industria maquiladora y los movimientos
de organizaciones ciudadanas en el marco de
coyunturas político electorales.
Desde finales de los años 80 la pérdida de
importancia y disolución de los movimientos
sociales preponderantes se explica en gran medida
por el interés del gobierno salinista por
circunscribir todo tipo de oposición a la lucha
político electoral. Así, mediante violenta
represión y asesinatos, se desarticula y
contiene a los movimientos sociales
preponderantes. Por un lado, culmina el largo
camino de la desmovilización del movimiento
universitario de izquierda (1989) asimilando la
UAP al PRI (hoy usada como trampolín político).
Por otro, se reprime a los movimientos populares
y, perversamente, se contiene en el ámbito de lo
jurídico problemas de origen social y político,
cambiando radicalmente la escena política. Un
ejemplo que resume la intolerancia, el
autoritarismo y el hostigamiento fueron los obstáculos
interpuestos por el gobierno de Bartlett a la
causa zapatista.
Una rápida revisión de los efectos de los
programas de desarrollo neoliberales y del
hostigamiento, la represión, cooptación y
corrupción ejercida contra todo tipo de
organizaciones sociales y políticas no alineadas
al ámbito privilegiado de la participación político
electoral lo encontramos en:
1) La agudización del saldo sangriento de la
lucha faccional en el campo: Tecomatlán (1989),
Olintla (1987, 1984), Huitzilan (1984, 2004) y la
represión contra el movimiento campesino
independiente del control corporativo como es el
caso de Huehuetla (1989, 2004).
2) Los programas gubernamentales de inspiración
neoliberal como el Programa de Desarrollo Angelópolis,
llegaron a conjuntar en su contra hasta 16
organizaciones surgidas entre ciudadanos y
organizaciones de colonos, ejidatarios,
campesinos, propietarios inmobiliarios e
inquilinos de la zona conurbada: Puebla (1994,
1995, 1996, 1997, 1999), San Francisco Ocotlan (1991,
1992) y San Andrés Cholula (1991, 1997), por
expropiación de terrenos e inmuebles y evicción
de fábricas, casas y vecindades, Nealtican (1993.
1998) y Xoxtla (1996, 1998) por extracción de
agua. Igualmente, el Millenium o Gran Visión
para apoyar el Plan Puebla-Panamá generó
movimientos en la región de Tepeaca (2001, 2004).
En fin, los movimientos contra los megaproyectos
del exalcalde panista Luis Paredes conjuntaron a
organizaciones ciudadanas, civiles y
estudiantiles (1999, 2004).
3) El descarrilamiento de la política
neoliberal también originó movimientos entre
pequeños y medianos empresarios y un conjunto de
organizaciones de deudores rurales y urbanos
aglutinados dentro del Barzón local (1995).
4) La lucha entre el pequeño y gran capital
comercial, a nombre de la modernización contra
la economía informal, generó movimientos
importantes entre las organizaciones de
comerciantes y ambulantes contra desalojos de
tianguis: Puebla (1987, 1989, 1995, 1996, 1997),
San Martín Texmelucan (1994) y Huixcolotla.
5) La violación a los derechos sindicales y a
la Ley del Trabajo en la industria y
principalmente en la emergente maquiladora
generaron movimientos laborales: Puebla (2004,
2005), Tehuacan (2003), Almecatla (1991, 1992).
6) Los conflictos político electorales
expresan intereses en juego (por agua transporte,
terrenos, etcétera) involucrando la movilización
ciudadana a través del uso de las siglas de las
frágiles y corrompidas organizaciones
partidarias: Altlixco (1993, 1994), Moyotzingo (1985,
1996, 1997), Miahuatlan (1991, 1992, 1993, 1994),
Jolalpan (1990). Cabe mencionar que, de 1987 a
1993, encontramos 63 por ciento los conflictos
electorales con hechos sangrientos en municipios
que van de los 5 a los 45 mil habitantes.
En conclusión, y por lo que respecta al uso
de la violencia institucional contra los
movimientos sociales y a los operadores políticos
podemos decir:
A) De manera reiterada, desde fines de los
ochenta, se ha recurrido a la prefabricación de
delitos o al arrinconamiento de los movimientos
sociales o reivindicativos al marco de lo penal.
La mecánica ha sido la siguiente: el gobierno se
niega a reconocer el derecho de audiencia dando
paso a las manifestaciones públicas y generando,
en consecuencia, el desgaste de los movimientos.
Luego, ya en un clima de polarización, se
aprovecha el enfrentamiento verbal y las
acusaciones reales o inventadas en contra de los
líderes para tener una base de acusación penal.
Enseguida, se procede a su arresto,
preferentemente en el marco de las negociaciones
o manifestaciones públicas o se montan
provocaciones que permiten dar paso al
encarcelamiento, de modo de llevar a una supuesta
negociación con las organizaciones involucradas,
teniendo siempre como contexto el marco de lo
penal. Destaca la manipulación de la maquinaria
judicial y el uso discursivo de la defensa del
estado de derecho para contener el descontento
popular y los movimientos sociales generados por
la crisis.
B) Los operadores políticos de los sexenios
de mano dura han sido los beneficiarios directos
de la represión, cooptación y corrupción. Las
bases organizativas de las campañas de los
precandidatos del PRI fueron conseguidas de la
cooptación de movimientos sociales reprimidos y
divididos: taxistas (1989), vendedores ambulantes
(1990, 1995, 1996, 1997). Uno de los operadores
políticos mayormente beneficiado de la cooptación,
represión y división del movimiento social fue
un exsecretario de Gobernación y hoy flamante
gobernador del estado de Puebla.