Eliminación del voto a presidentes de comunidad lo podría revisar la Sala Superior del TEPJF

El representante de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Eginardo Hernández Andrés consideró que sería necesario que la Sala Superior revise la eliminación del voto a los presidentes de comunidad en las decisiones del cabildo, pues ejemplificó que una representante indígena del Estado de México no contaba con ese derecho de participación, pero tras el análisis que realizaron los magistrados, ahora también cuenta con un espacio para atender a la población de este sector de la población.

Lo anterior lo expuso en entrevista en un espacio que se hizo en el foro–taller “Sensibilización y Difusión de los Derechos Político–Electorales Indígenas” que organizaron este lunes el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y el TEPJF, una vez que presidentes de comunidad se inconformaron porque el Congreso local les quitó el derecho al voto en las sesiones de cabildo.

Hernández Andrés se comprometió a asesorarlos para llevar ese tema a la Sala Superior a fin de que les sean restituidos sus derechos.


“Las preguntas que han hecho son muy interesantes, hemos atendido casos similares en el Estado de México, en donde hay una figura de representante indígena ante el ayuntamiento y está previsto en la ley orgánica municipal, sin embargo, ahí no tienen ni voz ni voto, entonces lo que hicimos como Defensoría Pública fue llevar el caso a los tribunales, concretamente en la Sala Superior, en donde se resolvió que la representante de Temoalla, Rocío Silverio, debía tener voz y no voto… en el caso de Tlaxcala pudiera ser algo similar que pudiéramos llevar a los tribunales para que la Sala Superior se pronuncie al respecto”.

Agregó que los retos que se enfrentan en el país para avanzar en materia de reconocimiento a los derechos político–electorales de los indígenas son la difusión para dar a conocer cuáles son, por ejemplo, derecho a la consulta, derecho a la autodeterminación, derecho al autogobierno y derechos político–electorales para las presidencias de comunidad.

También mencionó que como Defensoría Pública Electoral otro reto es hacer efectivos los derechos político–electorales, ya sea en el ámbito administrativo o en los tribunales para que a través de sentencias, se cumplan y se ejerzan.

En tanto, la presidente del ITE, Elizabeth Piedras Martínez dijo que en el estado se cuenta con poblaciones hablantes de otomí y náhuatl que preservan formas de organización, costumbres y tradiciones.

Agregó que la tarea como instituciones es propiciar condiciones que apoyen el supremo ejercicio de preservación de esta riqueza y el respeto irrestricto a sus derechos, a la no discriminación y al reconocimiento de su identidad como pueblos originarios.

Dijo que en el ámbito político–electoral es necesario apuntalar las formas de organización que mantienen, aportar al diseño de normas que las protejan y velar por ellas en todo momento. “El propósito es que al reconocerse como pueblos y representantes indígenas accedan a los espacios de toma de decisiones y que existan herramientas que protejan este derecho de igualdad”, puntualizó.