Violencia constante hacia las mujeres y un gobierno ineficaz

Han pasado más de 40 días del año 2018 y en ese lapso varias mujeres y hombres han sido encontrados muertos y con señales de violencia extrema en diferentes municipios. Por más que las autoridades insistan que Tlaxcala es el estado más seguro o que la violencia está controlada, la ciudadanía percibe que ello ya no es así. El gobierno del estado de Tlaxcala se ve rebasado por una realidad donde la desaparición, explotación y asesinato de mujeres por motivos de género (feminicidio) sigue siendo una constante.

El fracaso del gobierno del estado ante la delincuencia se debe, en buena medida, a la falta de capacidad para reconocer el problema en sus dimensiones reales, pero también a la falta de capacidad para diseñar políticas públicas que realmente contribuyan a la prevención, atención integral a las víctimas y garantía de acceso a la justicia. No obstante el reconocimiento de las problemáticas y la débil acción por parte del gobierno, hasta ahora han respondido a la presión ciudadana, la visibilización por parte de los medios de comunicación y a la presencia de instancias federales. Pese a ello, los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y de explotación sexual siguen sin ser una garantía en Tlaxcala.

Debido a la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por violencia sexual y trata, el gobierno del estado se vio obligado a implementar algunas acciones, mismas que el propio órgano responsable de dar seguimiento al mecanismo consideró –por la naturaleza de la problemática– no serían suficientes para enfrentar la trata. Por ello, este órgano condicionó la no emisión de la AVGM, señalando que “…el gobierno del estado de Tlaxcala deberá dar continuidad a las acciones reportadas y adoptar las medidas necesarias para seguir impulsando políticas públicas que permitan enfrentar la problemática de la violencia contra las mujeres y, en consecuencia, garantizar sus derechos, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia”. Durante este año no se observan campañas que corrijan los errores señalados en el dictamen emitido por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia con las Mujeres (Conavim); tampoco se observan acciones que fortalezcan la prevención al interior de las escuelas; y, por si fuera poco, los programas de capacitación sobre perspectiva de género impartidos el año pasado a los funcionarios públicos aparentemente no sirvieron. Así lo confirman las declaraciones del actual secretario de Gobierno, Tito Cervantes quien, de acuerdo con los medios de comunicación, señaló que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género “sería perjudicial a Tlaxcala porque sería un punto rojo”. Sus declaraciones ponen en evidencia que a las autoridades les preocupa más su imagen que la integridad y vida de las mujeres y las niñas.


De hecho, la armonización de la ley estatal con la federal en materia de trata constituyó solo un trámite, pues no han mejorado ni el diseño ni la implementación de la política pública para prevenir el delito o para proteger y atender a las víctimas y sus familias. El Congreso del estado, desde sus comisiones de Género y Derechos Humanos, debería llamar a comparecer al actual gobierno para que explique la debilidad de la aplicación de la ley y la política pública, también para que explique la actual situación de mujeres desaparecidas, tratadas y víctimas del feminicidio.

La ley local vigente en materia de trata estableció en el artículo cuarto transitorio que el “Secretario de Gobierno, en su calidad de presidente del Consejo Estatal contra Trata de Personas, implementará las acciones necesarias para la elaboración del Programa Estatal, el cual deberá aprobarse dentro de los 180 días hábiles siguientes a la instalación del referido Consejo”. Esto quiere decir desde el 12 de enero debería tener aprobado el Programa Estatal contra la Trata y, sin embargo, esto tampoco ha ocurrido, por lo que la actual Legislatura debería llamar al Ejecutivo para explicar este grave retraso, pues el Programa Estatal contra la Trata representa la base rectora de la acción estatal para lo que resta del actual gobierno.

Los plazos que debe cumplir el gobierno del estado en materia de trata, una vez más han terminado, contrariamente, la violencia hacia las mujeres continúa generando sufrimiento en muchas vidas y en las vidas de sus familias. La trata de mujeres con fines de explotación sexual, desaparición y feminicidio continúan ante la mirada de un gobierno indolente al que pareciera que, en tiempos electorales, sólo le importa la imagen y el poder. Este gobierno olvida que la lucha por los derechos de las mujeres y la vida de ellas, le antecede y le trascenderá, olvida que como a sus antecesores la historia habrá de juzgarlos.