El vínculo contaminación-salud en la cuenca Atoyac-Zahuapan

El 21 de marzo de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (organismo autónomo del Estado) publicó la Recomendación 10/2017, en la que se señala la responsabilidad de autoridades de los tres niveles de gobierno en la violación de, al menos, los derechos humanos fundamentales a un medio ambiente sano, al saneamiento del agua, a la información y a la salud de quienes habitan en y transitan por la cuenca de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes. La Recomendación no sólo cita numerosas leyes e instrumentos jurídicos, técnicos y científicos al alcance de las autoridades para frenar la contaminación de la cuenca y cuya aplicación fue omitida, violada o simplemente ignorada, con lo cual no sólo se perdieron numerosas especies de flora y fauna (muchas de ellas irreversiblemente), sino que cientos de personas enfermaron y presumiblemente murieron por verse expuestas a las decenas de sustancias tóxicas que componen ahora el cauce de las corrientes y los sedimentos de la cuenca.

A partir de la publicación de la Recomendación, organizaciones, como la Coordinadora por un Atoyac con Vida y la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, se embarcaron en un proceso de diálogo con pobladores de varias de las comunidades afectadas en los municipios de Ixtacuixtla, Tepetitla y Natívitas, del que surgió una Propuesta comunitaria para el saneamiento de la cuenca Atoyac–-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades. En ella se recogen los elementos centrales de la Recomendación de la CNDH y se formula una propuesta de saneamiento que busca, además de garantizar el efectivo saneamiento del agua para devolver la vida a los ríos y sus afluentes, el reconocimiento de las autoridades del daño causado a la vida, la economía, la salud y la cultura de las comunidades ribereñas, ocasionado por décadas de inacción, corrupción y simulación gubernamental y empresarial.

La Propuesta comunitaria expresa el sentir de las comunidades afectadas, cuya preocupación principal se centra en la urgencia por solucionar efectivamente la crisis ambiental y de salud en la cuenca Atoyac–Zahuapan, sin simulaciones y con sensibilidad, a partir de una política pública que apunte –en vez de a tapar el problema con dinero o con declaraciones de buenas intenciones–, a encauzar los recursos humanos, técnicos, jurídicos y económicos del gobierno, las empresas y las comunidades, para garantizar la justicia a aquellos que han sido más golpeados por esas crisis. Ello involucra, entonces, no sólo usar los recursos públicos para construir infraestructura (lo cual ya se ha hecho antes con desastrosos resultados), sino caracterizar y evaluar las razones por las cuales las acciones previas no funcionaron, o incluso agravaron la problemática. En el fondo, las autoridades siguen sin reconocer que existe una estrecha conexión entre la destrucción ambiental de la cuenca y la emergencia de salud, que sigue ausente en los razonamientos y anuncios oficiales sobre el saneamiento, pero existen argumentos contundentes que prueban lo contrario y que advierten de lo esencial que es reconocer esa vinculación para resolverla.


En 2017, la conocida revista médica británica The Lancet publicó un informe sobre el vínculo entre la contaminación y la salud, elaborado por una comisión conformada por 47 científicos de todo el mundo (la llamada Comisión Landrigan), en el que se establece, con toda claridad y desde la primera página, que la contaminación del aire, el agua y el suelo es la principal causa de enfermedades y muertes prematuras en el mundo. De hecho, se estima que, sólo en 2015, 9 millones de personas murieron en el mundo por la contaminación ambiental, lo que coloca a esta causa como más grave que el virus de inmunodeficiencia humana e incluso que todos los conflictos violentos en el mundo. Además, la comisión señala que la contaminación mata principalmente a los pobres y a los vulnerables, dado que 92 por ciento de las muertes ocurren en países y zonas de bajos ingresos, donde los más afectados resultan ser los niños.

En la cuenca Atoyac–Zahuapan, la contaminación química ocasionada por los vertimientos de residuos industriales (entre los que se cuentan metales pesados, compuestos orgánicos volátiles y sustancias tóxicas), tiene impactos como la alta incidencia de cáncer y otras enfermedades crónico–degenerativas en la población de las comunidades de la mayoría de los municipios. La pregunta es si las autoridades reconocerán la existencia de esa relación causal entre contaminación y enfermedad y si actuarán en consecuencia para remediarla, o si sólo responderán parcialmente e ineficazmente, como ya lo hicieron en 2005 y 2011. Las comunidades afectadas de la cuenca saben que existe ese vínculo y exigen que se atienda integralmente. La contaminación de la cuenca Atoyac–Zahuapan es un problema de salud pública, de justicia y de garantía de derechos, no sólo de ejercicio presupuestal o de relaciones públicas para las autoridades. Bien harían éstas en conformar ya el grupo interinstitucional para el Plan de Saneamiento y reconocer el derecho de las comunidades a participar en la toma de decisiones. Las comunidades no deben ser vistas ni tratadas como clientela o “población objetivo”, sino como actores centrales del proceso, puesto que ese es el lugar que les corresponde. Sólo así la cuenca volverá a ser el eje de la cultura viva de los pueblos.