El verdadero enemigo del Atoyac es la simulación

A finales del pasado  mes de mayo, el gobernador de Puebla, Antonio Gali, lanzó una campaña publicitaria para que las y los ciudadanos denuncien a los “enemigos del Atoyac”, es decir, a empresas, viviendas y pipas que descarguen clandestinamente sus aguas residuales al cauce del río, o bien, a quienes extraigan agua del río sin el permiso correspondiente.

La razón por la que el gobierno de Puebla inició una campaña de este tipo no se encuentra en el supuesto compromiso del gobernador con la sustentabilidad, sino en el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 21 de marzo la Recomendación 10/ 2017 dirigida a diversas autoridades de los tres ámbitos de gobierno –entre ellas a los gobernadores de Puebla y Tlaxcala– por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos a un medio ambiente sano y a la información, ocasionada por la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes.

Estas violaciones, toleradas y ocultadas por los gobiernos federal, estatal y municipal  por más de 20 años, han provocado graves impactos al medio ambiente, a la salud, a la economía y a la cultura de alrededor de 2 millones de personas que habitan en la cuenca del río Atoyac y que han sido denunciados por organizaciones sociales, civiles e individuos, no en un tono de delación, sino de exigencia de la garantía del ejercicio de estos derechos para todos los habitantes de ambas entidades.


En realidad, el gobierno de Puebla recurre a una práctica común a todos los gobiernos que en nuestro país se dedican a defender los intereses particulares por encima del bien general de la población –que constituye su verdadera obligación. De acuerdo con la Recomendación de la CNDH –que Antonio Gali y Marco Mena conocen–,  existe conocimiento oficial de la contaminación del río y sus impactos, al menos, desde 1995. El lanzamiento de la campaña de delación ¿supone el reconocimiento del gobierno de Puebla de que desconoce quiénes son los que contaminan el Atoyac desde hace décadas? ¿Acaso la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla o la Conagua no cuentan con inspectores para vigilar y, en su caso, sancionar a quienes realizan aprovechamiento de las aguas nacionales sin el permiso correspondiente? ¿Por qué quiere el gobierno de Puebla transferir la responsabilidad de la denuncia a los afectados, cuando es su obligación hacer cumplir la normatividad vigente a todas las personas físicas y morales, para lo cual la ley le proporciona instrumentos adecuados? Más bien, parece que la campaña busca no resolver el problema de fondo, que es la necesaria y urgente limpieza del río, la prevención de su contaminación y la reparación del daño a los afectados –por ejemplo, la atención urgente de quienes hoy están enfermos sólo por vivir junto al río–, sino que parece buscar la fabricación de chivos expiatorios ad hoc, que además propicien una mayor ruptura del tejido social comunitario.

Tan sólo en cinco de lo 38 municipios que comprenden la Cuenca del Río Atoyac en los estados de Puebla y Tlaxcala están instaladas más de 2 mil empresas manufactureras, que van desde grandes empresas trasnacionales, como San Luis Rassini, Bayer, Kimberly Clark o Pemex, hasta pequeños talleres de maquila textil y de autopartes. Muchas de esas empresas descargan sus aguas residuales –que pueden incluir sustancias químicas tóxicas–, sin tratamiento alguno a los ríos Atoyac, Xochiac, Zahuapan y sus afluentes o en los canales de riego.

Además, los gobiernos municipales vierten las aguas residuales domésticas y de otro tipo a los mismos cauces sin ningún control. Por si esto fuera poco, al menos en el estado de Puebla sólo operan parcialmente 30 plantas de tratamiento de las más de 170 que fueron construidas con dinero público pero que no funcionan. Todo esto y muchas otras cosas han sido denunciadas  ya por organizaciones como la Coordinadora por un Atoyac con Vida y la respuesta del gobierno no ha sido otra más que la simulación,  mediante planes de saneamiento cosméticos, costosos y fallidos.

Lo que realmente necesita la Cuenca del Río Atoyac es que los gobiernos de todos los niveles reconozcan que las crisis ambiental y de salud pública no se van a resolver promoviendo las delaciones entre vecinos o con el encarcelamiento de los choferes de las pipas, sino atendiendo el problema de fondo, que es que ninguna empresa ni ningún municipio deben verter aguas contaminadas a ningún cauce de ningún río en el país. Para ello se requieren políticas públicas coordinadas y mecanismos que verdaderamente inhiban las conductas que violan las normas ambientales. Ninguna empresa dejará de arrojar sus contaminantes al río mientras las sanciones no sean lo suficientemente fuertes o la vigilancia del gobierno suficientemente estricta como para asegurar que cumplirá con la norma.

Después de varios actos de simulación de los gobiernos frente a la crisis en la Cuenca del Atoyac, también queda claro que ningún plan de saneamiento será legítimo si no se escuchan y atienden las exigencias y reclamos de quienes han sufrido en carne propia las afectaciones por la contaminación del río.

Para poder iniciar un diálogo con las comunidades, bien harían los gobiernos de Puebla y Tlaxcala en contribuir a la reconstrucción del tejido social, en vez de generar enconos innecesarios. Las comunidades tienen la capacidad de hacer propuestas en positivo si el gobierno tiene la disposición de escuchar. La cancelación de la campaña de delación sería un buen comienzo.