Uniformes gratuitos en educación básica a partir del próximo ciclo escolar

Las bancadas opositoras al PRI lograron el respaldo de 16 diputados para crear la Ley de Uniformes Escolares Gratuitos para Alumnas y Alumnos de Educación Básica del Estado de Tlaxcala. Foto:Alejandro Ancona/La Jornada de Oriente

El Congreso del estado aprobó la creación de la Ley de Uniformes Escolares Gratuitos para Alumnas y Alumnos de Educación Básica del Estado de Tlaxcala, a través de la cual, a partir del próximo ciclo escolar, el gobierno estatal deberá dotar de las prendas de vestir que los escolares usen durante su instrucción académica en los planteles públicos.

Con la oposición de los seis diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes adujeron que en Tlaxcala existen asuntos prioritarios para la educación, como garantizar la seguridad de las escuelas afectadas por los sismos, así como otros rubros, al final 16 legisladores avalaron la creación de esta nueva obligación al Ejecutivo local.

La validación de esa norma y la creación de esta nueva obligación para el gobierno estatal se da luego de que los diputados consideraron que es necesario garantizar la educación de los infantes, además de que el Ejecutivo local cuenta con los recursos necesarios para dotar de falda o pantalón, blusa o camisa, suéter, calcetas y ropa deportiva que éstos requieran.


En la sesión ordinaria de este jueves, el diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), J. Carmen Corona Pérez, presentó la propuesta de dictamen a través de la cual establece que las niñas y niños inscritos en las escuelas públicas en los niveles de educación básica, tienen derecho a recibir gratuitamente del gobierno del estado, por conducto de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) y la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), mismos que se entregarán al momento de la distribución de los libros de texto gratuitos.

Para ello, corresponderá al Ejecutivo local, a través de la SEPE y USET, adquirir, coordinar, distribuir, organizar, administrar y entregar los uniformes escolares a las niñas, niños y adolescentes de educación básica, los cuales se otorgarán una vez al año y se realizará por los directivos de cada una de las escuelas públicas, con la advertencia de que “ningún directivo podrá disponer para sí o para otro de los uniformes, so pena de incurrir en responsabilidad penal y administrativa”.

Además, establecieron que el otorgamiento de los uniformes escolares gratuitos es compatible con el disfrute de los útiles escolares otorgados por el gobierno estatal.

Los integrantes de la LXII Legislatura local previeron en la norma que con la finalidad de que el Ejecutivo local esté en condiciones de cumplir con dicha obligación, éste “deberá incluir en el proyecto de presupuesto del ejercicio correspondiente, un monto suficiente que garantice la operación del programa que otorgue al inicio de cada ciclo escolar, un paquete de uniformes a todas las niñas, niños y adolescentes inscritos en las escuelas de educación básica”.

En este sentido, los congresistas sostuvieron, en su exposición de motivos, que la medida no afectará al erario ni programas sociales, ya que explicaron que “encontrándonos también que efectivamente el gasto educativo que realizó el Ejecutivo estatal en el año fiscal de 2016, entre útiles escolares y chamarras para las y los alumnos de educación básica, ascendió a la cantidad de 146 millones 301 mil 564.92 pesos, según los datos hallados en el último informe presentado, por lo que se considera que tienen los elementos económicos y financieros mínimos para entregar en forma gratuita uniformes escolares a los menores que se encuentran inscritos en las escuelas públicas de educación básica”.

Por tal motivo, puntualizaron, en un artículo transitorio, que “a partir del ciclo escolar 2018-2019 en adelante, se dotará de uniformes escolares gratuitos a los alumnos y alumnas que estén inscritos en todas las escuelas públicas de educación básica en sus diferentes niveles  y grupos afines, incluyendo la que imparte el Consejo Nacional de Fomento Educativo en este nivel; de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del ejercicio 2018, del Ejecutivo del estado”.

Antes de su aprobación, la bancada del PRI mostró su inconformidad en torno a esta nueva ley, al considerar que el gobierno estatal y Tlaxcala tienen otras prioridades que atender con el gasto, amén de que no existe todavía el proyecto de presupuesto para dilucidar de dónde obtendrán los recursos que se requieren, por lo que plantearon postergar la expedición de esta norma.

Fue la priista Eréndira Cova Brindis la primera en tratar de frenar esta aprobación, pues sostuvo que “si bien es cierto que la iniciativa tiene un fin importante como es coadyuvar con educación y la economía familia, consideramos que este dictamen debe ser revisado porque estamos en espera de iniciar con el análisis del presupuesto del próximo año, y hay que analizar cuánto se destinará con otras áreas, consideramos que debe esperar un poco más para hacer un análisis serio”.

En el mismo tenor, el diputado y ex delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Tlaxcala, Enrique Padilla Sánchez pidió realizar “una moción suspensiva” del dictamen, a fin de postergar su validación, ya que “si bien es cierto que la niñez merece todo nuestro apoyo, no hay un proyecto de presupuesto, pero más allá de uniformes me preocupa más la seguridad de la escuelas” afectadas por los sismos y que necesitan mejoras.

De la misma manera, el diputado Ignacio Ramírez Sánchez sostuvo que la postura priista “no es porque no sea importante apoyar a los padres, quienes hacen su esfuerzo por adquirir sus uniformes”, pero insistió que la medida “requiere recursos como otras áreas que también son importantes, ya que para resolver esta obligación de apoyar con 300 mil uniformes se van a desatender otros rubros”,

Abundó que no se trata de que los diputados asuman la posición de “ser obsequiosos, lo cual es fácil, pero no lo es definir qué se dejará hacer, sobre todo porque hay muchos que no han dado ni siquiera lo del apoyo de damnificados”.

Sin embargo, diputados de las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD) defendieron la creación de esta ley, al considerar que es obligación del Legislativo “contribuir con la economía familiar e impulsar el desarrollo de Tlaxcala a través de la educación”, como consideró el líder de la fracción del blanquiazul, Carlos Morales Badillo.

La validación del dictamen también fue defendida por la legisladora perredista, Floria María Hernández Hernández, quien refirió que el tema de los recursos públicos que deberá gastar el gobierno de Tlaxcala no es argumento para impedir la aprobación de la norma.

“Además, estamos en tiempo y forma de hacer la aprobación de la ley, porque se da justo cuando entramos a discutir el paquete económico del próximo año, además no se puede escatimar recursos para la niñez, porque no es gravoso lo que se erogará para los uniformes, sobre todo porque no hemos visto ningún avance en el gasto del presupuesto, no hay obras públicas”, espetó ante las posturas priistas.

En el mismo tenor, el representante del PT, Jesús Portillo Herrera respaldó la aprobación del dictamen, al considerar que la posición en contra del PRI carece de fundamento y argumentos, y sobre todo “no debemos rezagar la posibilidad de apoyo a las familias, es nuestra responsabilidad de incrementar el gasto a favor de las familias”.

Con esas posiciones encontradas, al final la bancada del PRI se quedó prácticamente sola en su negativa de apoyar la propuesta, con el voto de Erédira Cova, Mariano González, Arnulfo Arévalo, Enrique Padilla, Martín Rivera e Ignacio Ramírez, pues los diputados de las bancadas consideradas como sus aliadas en el gobierno estatal, como el Partido Socialista (PS) y Nueva Alianza no secundaron su postura, salvo el coordinador de la fracción del PVEM, Fidel Águila Rodríguez que se les sumó.

Los diputados que avalaron el dictamen fueron los aliancistas e iniciadores de la propuesta, Sandra Corona y J. Carmen Corona; los perredistas, Floria María Hernández, Alberto Amaro, Nahúm Atonal y Fredy Cuatecontzi; y los panistas, Dulce Mastranzo, Guadalupe Sánchez, Juan Carlos Sánchez y Carlos Morales.

También los hicieron el ex gobernador y diputado del PAC, Héctor Ortiz; del PS, Agustín Nava; el petista, Jesús Portillo Herrera; de Morena, Humberto Cuautle Tecuapacho; la ecologista, Aitzury Sandoval y la independiente, Yazmín del Razo Pérez.

La resolución de esta nueva ley será enviada al mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez para su análisis y, en su caso, ordenar su publicación correspondiente en el Periódico Oficial del estado a fin de que ésta entre en vigor.