UN GRITO EN SILENCIO

A fines de la década de los noventa del siglo XX, la Universidad Autónoma de Tlaxcala crea un centro de derechos humanos, que junto con profesores de Trabajo Social y la pastoral, desarrolla cursos y talleres en la zona sur del estado.

La inestabilidad que provoca el cambio de autoridades hace que los fundadores de la experiencia se organicen como asociación civil: Centro Fray Julián Garcés, quien mantiene el trabajo de capacitación e investigación con el mismo equipo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Desarrollo Regional (Ciisder).

En el primer informe, “Construyendo una esperanza”, la directora del Fray Julián refiere: “La situación de las mujeres en el sur de Tlaxcala requiere mención especial. Ahí, la prostitución es una realidad pública pero silenciada.”


Según testimonios verbales –agrega–, Tlaxcala puede ser un lugar clave para concentrar y distribuir el “mercado de la carne femenina” tan rentable para quienes lo controlan como para quienes lo protegen.

En 2003, el Ciisder y el Fray Julián participan en la convocatoria del programa de Coinversión del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) para realizar la investigación: “Prostitución, pobreza y políticas públicas hacia las mujeres en la región sur del estado de Tlaxcala”.

El resultado se presenta con el título: “Un grito silencioso” y lo valioso del texto son los tres estudios de caso: uno realizado en la comunidad de Olextla, otro en Tenancingo y el otro en Ayometla y Xicohtzinco.

En el primero “ubican familias vinculadas a las redes de tráfico de mujeres que están relacionadas con familias de Tenancingo” y en el que destacan las redes familiares que desarrollan a quienes se dedican a esta actividad.

En el segundo “se estudió la forma en que se ejerce un fuerte control social con base en amenazas y violencia hacia quienes tratan de desactivar  estas prácticas.” Se reconoce la existencia de un acuerdo no escrito para no  involucrar a las mujeres de la propia comunidad.

El tercero estudia el temor de las familias, “de que sus hijas se vean involucradas en el negocio, además de las amenazas que pesan sobre ellas si denuncian ante las autoridades a quienes se dedican a este tipo de actividad”.




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