Un convenio espurio para la cuenca Atoyac–Zahuapan

En días recientes, el secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del estado de Puebla, Rodrigo Riestra Piña, declaró a un medio local que sólo están esperando que los gobiernos federal y de Tlaxcala “fijen fecha para oficializar la firma del convenio [interinstitucional de colaboración para el saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac], una vez que la etapa jurídica ya fue avalada por las autoridades competentes”. Al mismo tiempo, dijo que aunque no haya sido firmado aún el convenio, las acciones de inspección y vigilancia, de reforestación y de regulación de los asentamientos humanos continúan.

Llaman la atención las declaraciones del funcionario del gobierno de Gali Fayad porque parecen indicar que el gobierno de Puebla está listo (¿y el resto de autoridades no lo está?) para firmar el convenio que la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos llama a celebrar a autoridades federales (Semarnat, Conagua, Profepa y Cofepris), a las estatales de Puebla y Tlaxcala y a las municipales de San Martín Texmelucan, Huejotzingo (en Puebla), Ixtacuixtla, Tepetitla y Natívitas (en Tlaxcala), para que, en conjunto con las empresas contaminantes de la cuenca (que el gobierno poblano estima en más de 8 mil 100) y organizaciones de la sociedad civil, diseñen e implementen un Plan de Restauración Ecológica de la cuenca del Alto Atoyac.

Asimismo, aunque el gobierno poblano dice estar listo para firmar el convenio, menciona que no espera que las dependencias federales informen si lo firmarán o no, pero que Puebla tendrá firmado un convenio con 48 municipios tlaxcaltecas y 22 poblanos antes de que termine la administración de Gali Fayad (Ángulo 7, 6 de agosto de 2018).


Entonces, al parecer, hay intenciones de firmar un convenio, pero si éste no se firma no cambiaría la situación, porque las autoridades ya están realizando acciones sin necesidad de firmarlo.

El problema, como se aprecia desde las organizaciones que hemos impulsado el saneamiento integral y participativo de la cuenca Atoyac–Zahuapan durante las últimas dos décadas no es si se firma o no un convenio entre las autoridades. El problema de fondo es que, después de casi un año y medio de haberse emitido la Recomendación 10/2017 sobre la violación de los derechos humanos de los pobladores, las autoridades de los tres ámbitos de gobierno son absolutamente incapaces de ponerse de acuerdo entre ellas, mucho menos lo harán con quienes, desde la sociedad civil planteamos perseverantemente, la indispensable necesidad de conformar un mecanismo de diálogo interinstitucional con participación de la industria y de la sociedad civil, para alcanzar un acuerdo que derive en el convenio de colaboración al que la Recomendación llamaba a celebrar. Para nosotras, el convenio tendría que ser el resultado del diálogo y la negociación entre todas las partes para arribar a una solución conjunta para una crisis que se vislumbra ya catastrófica en términos de la pérdida de ecosistemas y de las afectaciones a la salud y la violación continua y agravada de los derechos humanos de los pobladores de la cuenca.

Por ello, lo importante tendría que ser el contenido del convenio y el modo como se construyen los acuerdos, no la formalidad de su firma. Como lo hemos dicho en otras colaboraciones, las autoridades están enfrascadas en un proceso de simulación institucional (en eso sí se ponen de acuerdo, sin tener que firmar convenio alguno), con el fin de garantizar impunidad a las grandes empresas industriales, responsables del vertimiento de las sustancias más tóxicas a los ríos y sus afluentes (metales pesados, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos, solventes, adhesivos, etc.), que les han permitido obtener ganancias extraordinarias mediante el ahorro de los costos asociados con el tratamiento de sus respectivas aguas residuales y su transferencia a la población inerme (como incremento en la mortalidad por enfermedades crónico degenerativas y el aumento en el número de enfermos en las localidades más cercanas a la industria, a los ríos y afluentes), con la complicidad de las autoridades.

Desde el principio hemos insistido en que las acciones que tanto alardean las autoridades de los dos estados, como las federales, no servirán de absolutamente nada porque son acciones inconexas, costosas e ineficaces: desde las plantas de tratamiento inadecuadas para el tipo de contaminantes presentes en los ríos, hasta las campañas mediáticas superficiales e insulsas que sólo abonan a las cuentas bancarias de las agencias publicitarias preferidas de la autoridad.

Lo hemos dicho desde el inicio: ningún convenio para el saneamiento de la cuenca será legítimo si no recoge el sentir de los afectados. Las autoridades de todos los niveles saben que el convenio que quieren firmar fue rechazado por la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, porque no incluye la participación de la sociedad afectada por décadas de negligencia, a pesar de que somos quienes hicimos una Propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac–Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades, que nunca ha sido tomada en cuenta para integrarla en las acciones que conducirían al saneamiento y la reparación del daño, que es el tema de la Recomendación que los gobiernos desean fervientemente omitir.

La pregunta hoy no debe ser si las autoridades firmarán o no el convenio. El convenio es ya espurio porque no acata los criterios establecidos en la Recomendación de la CNDH, ni mucho menos los del artículo 4 de la Constitución. La pregunta es si la CNDH pedirá al Senado de la República hacer comparecer a las autoridades omisas, por su incumplimiento de la Recomendación, a casi un año y medio de su emisión. En caso contrario, también la CNDH estará en falta.