Realizar trámites en dependencias estatales equivale a un costo económico social de 457 mdp: Conamer

El costo económico social de trámites realizados ante 53 dependencias estatales, es de 457 millones de pesos, equivalente al 0.62 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Tlaxcala, reveló Mario Emilio Gutiérrez Caballero, comisionado nacional de Mejora Regulatoria; asimismo, señaló que se detectaron indicios de fallos que impiden el pleno desarrollo de tres sectores económicos.

Antes de tomar protesta a integrantes del Consejo Ciudadano de Mejora Regulatoria, en Palacio de Gobierno, señaló que todo mundo está a favor de esta política pública que protege el interés público, “sin ir más allá de sofocar la actividad empresarial”.

Sin embargo, reconoció que este movimiento “enfrenta detractores en algunas secretarías y  en algunos reguladores federales, estatales y municipales, “pero ya no lo pueden frenar” “porque todos lo demandan”; asimismo, resaltó que es uno de los tres pilares del servicio público junto con el sistema anticorrupción y el de combate a la corrupción.


Expuso que resultados de una medición, obtenidos a finales de 2010, arrojaron que a las empresas y a la ciudadanía en general le costaba realizar trámites y servicios federales en México, cerca de 4.88 por ciento del PIB, por casi cinco mil 600 gestiones. “Cada punto porcentual era equivalente a 118 mil millones de pesos, una barbaridad, sin incluir pago de impuestos y derechos”.

Ante este escenario, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a reducir de 4.25 a 3.15 por ciento; sin embargo, bajó a 2.50, esto es, “más de 230 mil millones de pesos”, pero advirtió que México no puede ser competitivo si solamente facilita trámites a nivel federal, pues significan apenas cinco por ciento del total en el país.

Asentó que el esfuerzo no ha sido suficiente, por lo que instó a replicarlo en el ámbito estatal y municipal, de lo contrario “estamos condenados a impedir que las empresas compitan en los mercados internacionales y no habrá forma de promover el desarrollo económico”, subrayó.

Convocó a la entidad a cumplir la obligación constitucional de realizar las reformas al marco jurídico en esta materia, de otra manera se quedará atrás de las 14 que ya lo hicieron, pues tiene un año para hacerlo. Acentuó que el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria evaluará la implementación de mejora regulatoria anualmente.

Luego, señaló que derivado del programa Justicia Cotidiana, aplicado en 31 entidades federativas, se identificó que los sectores que más le aportan al PIB en Tlaxcala son la industria manufacturera, construcciones y hoteles y restaurantes, con 4 por ciento, y añadió que fueron seleccionados porque se detectaron indicios de fallos regulatorios que impiden el pleno desarrollo de estos.

Por tanto, entregó al estado un memorándum de reformas, para que a partir de un análisis sean impulsadas acciones que favorezcan a la economía. También citó que se midió el costo económico social de 698 trámites realizados ante 53 dependencias estatales, el cual asciende a 457 millones de pesos, equivalente al 0.62 por ciento del PIB.

Por ello presentó una propuesta de simplificación a través de metodologías aplicadas en el ámbito federal, para disminuir  el costo en 36.25 por ciento, es decir pasaría a 291 millones de pesos, sobre todo si se enfoca a los 52 trámites prioritarios. “Tlaxcala lo está haciendo bastante bien pero puede mejorar”.

Asimismo, explicó que se efectuó un estudio sobre el Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), el cual evidenció que 51 municipios del país tardan, en promedio, hasta 644 días hábiles en entregar permisos de construcción, “no puede ser –expresó- porque además fomentan la corrupción, hay una enorme discrecionalidad, las constructoras no van a esperar, van a buscar mecanismos de extorsión” para avanzar.

Apuntó que se ha emprendido un programa para disminuir ese lapso a un máximo 22 días. En el caso de la entidad, refirió que en el municipio de Tlaxcala la propuesta de simplificación pasaría de 69 a 8 días; de 6 a 4 trámites y de 43 a 30 requisitos. “No estaba en los estándares más peligrosos pero tiene margen de mejorar”.

Indicó que el Observatorio posicionó al estado de Tlaxcala en el lugar 12 y al municipio en el 30 de 32. “Hay mucho qué trabajar en las capitales del país”, realzó.

Gutiérrez Caballero entregó certificados expedidos por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) a los cinco municipios que aceptaron trabajar con el Prosare, antes de la entrada en vigor de la Ley general de Mejora Regulatoria: Tlaxcala, Tetla de la Solidaridad, Xicohtzinco, Santa Cruz Tlaxcala y Tepetitla.

Por su parte, José Antonio Altamirano Islas, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tlaxcala, planteó que se deben homogeneizar y transparentar las licencias municipales de funcionamiento, ya que estas presentan diversas variaciones en los requisitos y costos, pues se establecen de acuerdo al criterio de cada administración en turno.

Asimismo, instó a superar el reto de la implementación en el estado de la reducción en costo del cumplimiento denominado 2×1, lo que significa que al momento de emitir cada nueva regulación, se deberán derogar o abrogar dos actos que se refieran a la misma materia o sector económico regulado.

Reiteró que el sector empresarial “ve con muy buen ánimo la posibilidad de simplificar los trámites para agilizarlos y modernizarlos, con base en el marco normativo, fin de detonar la inversión que permitirá la creación y consolidación de micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, para mantener la inercia de generación de empleos y desarrollo de la entidad.  Pero advirtió que la existencia de un marco complejo tiene “un costo muy alto” porque inhibe la inversión, cuesta tiempo y dinero da pauta a la corrupción.

En este contexto, también se llevó a cabo la firma de un convenio en materia de mejora regulatoria a través del uso de la plataforma de gobierno electrónico, en el que participaron  Mario Emilio Gutiérrez Caballero, el alcalde de Huamantla Jorge Sánchez Jasso, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jorge Luis Vázquez Rodríguez.

El Consejo Ciudadano es presidido por Jorge Luis Vázquez e integrado por otros funcionarios públicos estatales. El secretario técnico es el titular de la unidad de Mejora Regulatoria, Marco Antonio Hernández Morales. Entre los invitados permanentes están los organismos empresariales, funcionarios federales y representantes de instituciones de educación superior.