Tlaxcala sin reforma constitucional para creación del sistema estatal anticorrupción

Foto: Juan Luis Cruz Pérez / La Jornada de Oriente

Tlaxcala es una de las 10 entidades del país que todavía no cuentan con la reforma constitucional para implementar el sistema estatal anticorrupción, pues lo que existe hasta ahora, solo son tres propuestas diversas en la materia, hechas por las fracciones parlamentarias del PRI, PRD y PAN, así como una organización empresarial; mientras que los poderes Ejecutivo y Judicial se han mantenido al margen de este proceso.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales, Enrique Padilla Sánchez, admitió que el Congreso del estado carece de una propuesta de dictamen final para concretar la reforma constitucional que daría vida al sistema estatal anticorrupción.

A 54 días que venza el plazo otorgado de dos años en la reforma constitucional de 2015 que creo el Sistema Nacional Anticorrupción y el cual compone los órganos federales en la materia y los 32 Sistemas Locales Anticorrupción, estructuras que deben respetar el modelo federal de distribución de competencias y deben de contar con una estructura y facultades equivalentes al ámbito federal que tendrá las mismas funciones y facultades, pero los diputados de Tlaxcala no tienen un dictamen de reforma constitucional, pues solo hay propuestas en la materia.


De acuerdo con  el Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción que creo el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Tlaxcala es una de esas 10 entidades que no cuentan con las disposiciones constitucionales que crean este sistema.

Además de Tlaxcala, los otros estados incumplidos son Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas, con lo cual, los plazos para expedir las leyes secundarias también se acotan, porque antes de éstas, debe transitar el proceso legislativo y jurídico para avalar cualquier modificación a la Carta Magna local.

 Pero la situación se torna crítica por el proceso legal que falta para el 18 de julio, plazo legal para que entren en vigor no solo las reformas constitucionales, sino el sistema estatal anticorrupción de manera íntegra.

 Ello porque de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Política local, ésta puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso, por el voto de las dos terceras partes del número total de sus miembros, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos, quienes para tal efecto y con carácter vinculatorio, consultarán al Cabildo, el cual resolverá con base en lo que decidan las dos terceras partes de sus miembros. Si transcurrido un mes, a partir de la fecha en que hubieren recibido los ayuntamientos el proyecto de adiciones o de reformas, no contestaren, se entenderá que lo aprueban.

Es decir, que todo documento de enmienda constitucional debe esperar 30 días para que sea validado y tenga vigencia y solo así, los diputados podrían concretar la expedición de otras normas o reformas legales que articulen y fortalezcan al sistema estatal anticorrupción

 Por ello, Tlaxcala también figura dentro de los 24 estados que no cuentan con una ley o iniciativa real para crear la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, lo cual ubica a la entidad en un claro rezago en la materia.

Además, de acuerdo con el estudio del IMCO, han detectado algunas deficiencias en la propuesta de reforma constitucional local, porque de acuerdo con el mandato federal, los diputados deberán otorgar facultades al Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría General y a los Órganos Internos de Control, según corresponda, para conocer, investigar y sustanciar, faltas administrativas graves y no graves. Adicionalmente, sancionar las no graves, pero la propuesta local solamente faculta a estas instancias en el aspecto de la investigación y substanciación de las faltas administrativas graves, pero no otorga facultades de sanción a las faltas no graves.