¿Es suficiente que la senadora Dávila señale las deficiencias en el combate al delito de trata?

En días pasados, la senadora Adriana Dávila Fernández estuvo en Tlaxcala para presentar el “Análisis y Evaluación de los Informes 2013, 2014 y 2015 de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas en Tlaxcala”, documento que muestra las serias deficiencias que existen en la aplicación de la política pública para combatir el delito en el país y en el estado de Tlaxcala.

Al informar lo que se ha realizado en Tlaxcala en materia de prevención y visibilización del delito, deja en claro las inconsistencias de los números reportados, aquí un ejemplo: en 2013 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reportó a la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas haber realizado 198 pláticas que impactaron aparentemente “a un total de 80 mil 20 personas”, sin embargo, en el Cuadro Resumen del Informe 2013 de la Comisión Intersecretarial que especifica las acciones totales de la CEDH de Tlaxcala, se reporta un impacto a 7 mil 147 participantes, lo que implica una diferencia de 72 mil 873 personas entre ambos datos reportados y, al mismo tiempo, se justifica que se reportan acciones, pero no se tiene claridad qué se hizo en materia de capacitación y, por lo tanto, no se logra medir el impacto de las acciones.

Estas disparidades de datos se han documentado históricamente por la sociedad civil y es una constante en el gobierno, pues el error se repitió en meses pasados en el informe que el gobierno del estado de Tlaxcala entregó al Grupo de Trabajo que dio seguimiento a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para el estado de Tlaxcala por violencia sexual y trata.


Asimismo, en el evento de la presentación del informe la legisladora hizo la petición para que las organizaciones de la sociedad civil se integren al Consejo Estatal contra la Trata y lograr hacer un trabajo coordinado –lo cual también ya había ofrecido la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado–, y evidentemente se aprecia que Dávila Fernández desconoce que a lo largo de los últimos años el gobierno estatal ha ido desestructurando el mecanismo de una participación ciudadana democrática y real.

Basta recordar que en 2014 el gobierno de Mariano González Zarur emprendió una campaña mediática de descalificación en la que señaló que las organizaciones que participaban ya en el Consejo Estatal contra la Trata buscaban dinero, afirmación que nunca fue cierta; posteriormente modificó el reglamento interno para quitarle el voto a las cinco organizaciones de la sociedad civil que ya participaban y únicamente dejarlas con el derecho de voz, es decir opinar, pero no decidir, aunque esto violentaba la ley estatal existente en materia de trata.

En 2015, desde el Congreso del estado se intentó modificar dicha ley para quitar el derecho de voto; con la reciente derogación de la anterior ley se disminuyó la participación de las organizaciones, pues de cinco pasó a tres, lo que representa una regresividad en términos de la participación ciudadana y de la democracia, si se tuviera una lógica progresista no solo se debió haber mantenido la participación de las cinco organizaciones con voz y voto, sino que también se debieron incorporar a otros actores que analizan la problemática, como es el sector de la academia.

La ciudadanía no puede integrarse a órganos que no garantizan una participación real y democrática, de lo contrario solo se estaría abonando a la simulación y la persistencia de la impunidad y del delito mismo.

Sería importante saber, ¿qué hará la senadora Adriana Dávila ante las serias debilidades que ha documentado en su informe respecto a las acciones estatales para combatir la trata de mujeres? ¿Qué mecanismos implementará para que el gobierno federal y en especial el del estado de Tlaxcala cumplan con las obligaciones establecidas? Si su acción sólo se centra en la presentación de su informe y no en la presión y en la acción para que los responsables de enfrentar el delito cumplan con su función, poco habrá hecho por su estado y en especial por las cientos de mujeres y niñas que a lo largo de las últimas décadas han sido víctimas de esta forma de esclavitud contemporánea.

No basta con que diga que el problema es un “área de oportunidad” para que la autoridad demuestre su actuar, es necesario que lo obligue a combatir el delito contundentemente.