Mena subió al ring

Al paso del proceso electoral, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez ha sucumbido en la tentación y no se ha resistido a mantenerse al margen del desarrollo de las campañas. Intencionalmente o no, se ha subido al ring de lucha entre candidatos y fuerzas políticas.

A partir del inicio del periodo de veda electoral (con el arranque de las actividades proselitistas el pasado 30 de marzo hasta las votaciones del 1 de julio), avisó a través de personal de la Coordinación de Información y Relaciones Públicas, sobre la suspensión de entrevistas colectivas que en ocasiones concede a los medios de comunicación al concluir un acto público.

Hasta ahora ha mantenido esta medida, pero ha aprovechado bien eventos como el de la primera reunión de la Conferencia Estatal de Directores de Policías Municipales, el pasado miércoles 2 de mayo, en el que el mandatario de filiación priista descalificó la propuesta de amnistía a delincuentes, planteada por el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena–PT–PES), Andrés Manuel López Obrador, puntero en las encuestas. Pudo también haberse referido a otras, como la del independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”, de “cortar las manos a los ladrones”, pero no lo hizo.


Por otra parte, es evidente la estrategia de los gobiernos emanados del PRI, tanto el federal como estatales, de anunciar una serie de acciones y programas en plena veda, de la que Tlaxcala no está exenta, incluso ha dado pie a cuestionamientos por parte de la oposición que ha pedido al gobernador “sacar las manos del proceso”.

La coalición Por México al Frente (PAN–PRD–MC) ha calificado de electoreros estos anuncios, como el del aumento de penas a los homicidas de policías en cumplimiento de su deber y la creación de un fondo para familiares de elementos de seguridad pública caídos, y la puesta en marcha del programa de becas para estudiantes.

La dirigencia estatal panista afirmó que integra un expediente para denunciar estos hechos que supuestamente violan el artículo 209 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 134 constitucional, pero ya serán las autoridades en la materia las encargadas de determinar o de investigar si el gobierno del estado incumplió con la suspensión de la difusión de programas y si afectó la equidad en la contienda.