El magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez aseveró que “son inventos” las imputaciones de la activista Rosi Orozco en su contra de supuesta colusión con la delincuencia, pues carecen de sustento y objetividad, ya que en 10 años de ejercicio “no hay ninguna queja ni denuncia” en ninguna instancia hacia él.
El pasado miércoles la también presidente de la Comisión Todos contra la Trata señaló que este funcionario del Poder Judicial ha emitido 54 sentencias, de 2014 a 2017, en las que el sentido ha favorecido a imputados de delitos como violación, homicidio y trata de personas, de ahí que pidió una investigación.
A esto, en rueda de prensa en Ciudad Judicial (y a la que solo le interesaba la asistencia de tres medios de comunicación, se le escuchó decir), Jiménez Martínez, presidente de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, señaló que al buscar en internet referencias sobre Rosi Orozco, concluyó que “lo que menos tiene es calidad moral”, pues su organización civil ha sido cuestionada.
Atribuyó las acusaciones de Rosi Orozco en su contra a que “ella vive de esto… por eso lo hace… es su negocio… y amplía su mercado” al representar no solo casos de trata sino de violación, como el que atiende en esta entidad.
Aseguró que en los registros de la unidad de transparencia del Poder Judicial no hay ninguna solicitud de información a nombre de Rosi Orozco ni de su asociación. Asimismo, puntualizó que las resoluciones de los asuntos son resultado de decisiones colegiadas de tres magistrados miembros de esta sala, actualmente conformada por Elsa Cordero Martinez, Rebeca Xicohténcatl y él. “Yo no resuelvo solo”.
Además que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) no tiene la última palabra en las sentencias, pues en caso de impugnación son desahogadas en el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, a pregunta expresa, respondió que en algunos casos los fallos que otorgan libertad o absolución al imputado, es porque la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no integra debidamente las carpetas de investigación.
Informó que de 2014 a la fecha, la Sala Penal en conjunto ha emitido cerca de 3 mil casos, de los cuales su ponencia ha resuelto 859 en proyecto; de estos ha confirmado 504, ha revocado 162, ha modificado 77 y ha devuelto 111 por violaciones al procedimiento; también ha decretado una prescripción, un sobreseimiento y en dos asuntos las partes comparecieron para desistirse.
Añadió que de las resoluciones de 2014, solo fue rectificado por el Tribunal Colegiado el 0.74 por ciento; en 2015, 0.43; en 2016, 5.60; en 2017, 1.30 y en 2018, uno por ciento.
En el caso de la tlaxcalteca Laura N., sobreviviente del delito de violación sexual, el cual es acompañado por la organización de Rosi Orozco, abundó que aún no está resuelto y que el proceso será agotado. Pero criticó que la activista ha revictimizado a esta persona al exponerla públicamente en una rueda de prensa.
El magistrado contestó que no es familiar de Juan Carlos Carmona Huerta, defensor del imputado. “No lo conozco… creo fue mi alumno”. Aseguró que su actuación “está a la vista de todos”.
Dijo que le sorprende la petición de Rosi Orozco para que los magistrados sean aliados de las mujeres y expresó: “Entonces vamos a ser aliados de las mujeres y a los hombres que los atropelle el tren. Somos aliados de la Constitución, del derecho y la justicia, no de las partes”. Afirmó que se cuidan protocolos de actuación de equidad de género y de grupos vulnerables, pero siempre y cuando existan elementos que revelen responsabilidad.
“Nosotros no nos investigamos a nosotros mismos “, refirió, respecto de la petición para que el Poder Judicial lo indague. Aunque aún valorará proceder contra la activista por realizar estas acusaciones, sí la responsabilizó de lo que pudiera suceder algo a él o a su familia, pues lo ha expuesto al desprecio social. “Con qué tranquilidad puede caminar uno”.