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David Cabrera Canales, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), afirmó que nunca conoció la distribución y uso del presupuesto asignado a este órgano para el ejercicio fiscal 2018, pues solamente la presidenta Marlene Alonso Meneses dispuso de los fondos.
Admitió que el IAIP “dejó de hacer muchas cosas” durante el año porque Alonso Meneses concentró las decisiones y acciones al tener el manejo de los recursos financieros, “no nos permitía hacer actividades a nosotros, las obstaculizaba, no las difundía por los medios oficiales y hacía eventos paralelos… sí hay una afectación al trabajo”.
En cuanto al presupuesto, señaló que en el informe anual de labores no se detalla la distribución y uso del presupuesto de 12.8 millones de pesos para 2018, ya que nada más menciona el concepto y el monto.
Con base en notas publicadas, Alonso Meneses reportó “que dos millones y fracción en servicios generales, se me hace mucho, quisiera saber en qué rubros específicamente se erogaron. Se dice que se contrató un servidor, ayer quise entrar a la página web del Instituto, pero el 5 de diciembre ya había vencido el dominio, por lo que no había forma de ingresar para consultarla”.
Recordó que hay nombramiento de personal pendiente, ya que existen siete espacios acéfalos en el IAIP, entre ellos el de la oficina de comunicación social.
Reiteró que esta rendición de actividades que la comisionada presentó en la sesión del viernes 7, para su respectiva votación, incluyó actividades que nunca fueron aprobadas por el pleno, como la creación de la Escuela On Line, con uso de fondos del IAIP sin el aval del Consejo, y el comité correspondiente integrado por ex comisionados.
“El informe no debe ser personal sino institucional… puso lo que quiso y pretendía que se aprobara un documento no concluido, con errores e incompleto”, sin embargo, ya tenía programada la presentación del mismo para lunes 10, indicó.
“No nos dará tiempo saber cómo está Tlaxcala en esta materia” porque la verificación de transparencia a sujetos obligados inició tarde, porque los lineamientos se aprobaron hasta julio y se publicaron a principios de este mes, aunque –dijo- no tengo el dato exacto del inicio de la evaluación ni del avance, a pesar de que este viernes es el último día para llevarla a cabo. “El IAIP tiene que retomar el camino y el trabajo”.
Abundó que la semana pasada la presidenta presentó ante el Congreso local una iniciativa sobre la Ley de Archivos, “la cual no pasó por nuestro escritorio” .Todo esto ha sido producto de la “intransigencia, arbitrariedad y falta de trabajo coordinado”.
A integrantes del Consejo Consultivo tampoco toma en cuenta ni les ha brindado información que pidió desde el mes de octubre. “Ha hecho su isla de poder… se siente dueña del Instituto y de la presidencia… hemos tratado de hacer cosas pero no ha sido difícil”, afirmó.
“En su informe del lunes pasado, nos comparó con Victoriano Huerta, entonces nosotros somos usurpadores, unos asesinos; hizo declaraciones que afectan la imagen profesional, personal de dos servidores públicos, yo voy a emprender acciones en contra de ella porque me está señalando”.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado resolverá el juicio de protección constitucional promovido por Alonso Meneses, pero –repasó- autoridades judiciales ya se pronunciaron sobre un amparo y al comisionado Francisco Morones Servín y a mí nos declaran inocentes de usurpación de funciones y de coalición de servidores públicos.
“Esas instancias concluyeron que ella no tiene la razón jurídica y que los actos que reclama no le causan ningún agravio…falta el desahogo de juicios políticos en el Congreso local”.
Además, en órganos colegiados como el IAIP “no hay violencia de género”, como la presidenta lo ha denunciado, incluso también existe una resolución jurídica en este sentido, respecto de un asunto del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).
Lamentó la actuación de la comisionada y por haberse exhibido en el informe que rindió ante “la poca gente” que asistió y que se fue “con un muy mal sabor de boca”.
Sin precisar cifras, sostuvo que su ponencia es la que tiene mayor número de recursos de revisión y de proyectos resueltos, seguida de la Morones Servín y que al final se encuentra la de Alonso Meneses.
Reiteró que los problemas empezaron desde enero pasado, cuando la comisionada comenzó a tomar decisiones unilaterales e inició acciones en contra de él y de Morones Servín, por lo que ambos tuvieron que defenderse y que a la fecha aún asisten a las sesiones bajo protesta. “Ella solo es representante legal y quien ejecuta las decisiones del pleno”.
Cabrera Canales insistió que a la comisionada no se le relevó del cargo por incapacidad (en el mes de febrero), “como ella dice”, sino porque fue más allá de sus atribuciones. “Invadió una esfera que no le correspondía sino al pleno del Consejo General”, además de “escudarse en un tema de violencia de género”.