Sistema Anticorrupción, secuestrado a voluntad de diputados

El éxito del Sistema Estatal Anticorrupción está secuestrado a la voluntad y capricho de los diputados locales, quienes en la recta final de su mandato, deberán elegir a los hombres y mujeres que habrán de aplicar al normatividad para, ahora sí, combatir los abusos en el ejercicio de los recursos públicos.

Desde su concepción y parto, ese ha sido el talante de este sistema, que ha sido visualizado como coto de poder de aquellos que en el ejercicio de la función pública han amasado poder, tanto político como financiero, y usan los cargos como premio o castigo según sea el caso.

En la recta final de la LXII Legislatura local, los diputados se enfrentarán a un dilema que puede paralizar más su exigua labor parlamentaria: o se reparte el botín de las designaciones de los distintos órganos que nacen con el Sistema Estatal Anticorrupción o la mayoría se apropia de éstos para cubrir sus intereses de partido, grupo o personales.


En cualquier determinación que adopten los diputados, lo cierto es que no hay ninguna garantía de que quienes lleguen a esas posiciones encargadas de establecer políticas públicas, acciones y medidas en contra de la corrupción, harán lo necesario para abatir este flagelo.

De acuerdo con estudios realizados en la entidad, ocho de cada 10 tlaxcaltecas perciben que viven en un estado de corrupción, en el que, para que sus trámites, licencias o juicios legales avancen, tienen que pagar por ello. Según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, 84 por ciento de las unidades económicas de Tlaxcala tuvo percepción de actos de corrupción realizados por servidores públicos en 2016, a fin de agilizar trámites, evitar multas o sanciones, obtener licencias o permisos, evitar la clausura del establecimiento, pagar menos impuestos, evitar inspecciones, obtener un servicio, ganar contratos gubernamentales y participar en licitaciones.

Ahora, está nuevamente en las manos de los diputados la designación de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal, secretarios técnicos, tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros, por lo que el reparto de espacios será carne y ambición de varios legisladores para crearse sus islas de poder al término de su efímero mandato.