Servidores públicos no deben negar el aborto, reiteran activistas

Activistas replantearon su exigencia de que en Tlaxcala se cumplan los artículos 243 del Código Penal del estado y cuarto constitucional, a fin de que los servidores públicos no nieguen ni retarden la interrupción del embarazo

Organizaciones civiles y activistas replantearon su exigencia de que en Tlaxcala se cumplan los artículos 243 del Código Penal del estado y cuarto constitucional, a fin de que los servidores públicos no nieguen ni retarden la interrupción del embarazo.

Con apoyo de la asociación civil IPAS México, han participado en la campaña informativa sobre la legalidad del aborto en esta entidad, con base en lo que establecen esas legislaciones y para demandar la aplicación de la NOM–046–SSA2–2005, la cual garantiza a las víctimas de violación atención médica.

IPAS México ha distribuido un material informativo para explicar que “todo servidor público debe saber” que la interrupción del embarazo es legal en Tlaxcala.


El Código Penal establece que en el estado no se sanciona el aborto en los casos de una conducta culposa de la embarazada o si el embarazo es resultado de inseminación artificial no consentida.

Cuando la mujer está en peligro de muerte o de sufrir un daño grave a su salud, a juicio del médico que le asista, oyendo éste el dictamen de otro galeno, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.

Asimismo, cuando a juicio de dos médicos especialistas en la materia, quienes deberán dictaminar de forma separada e independiente, exista prueba suficiente para diagnosticar que el producto de la concepción presente alteraciones  genéticas o congénitas graves y, cuando se cuente con el consentimiento de la madre o el padre, en su caso.

Con estas seis causales, el aborto no se sanciona y para que las mujeres puedan ejercer este derecho, “no es necesario que la autoridad judicial o ministerial o algún comité de ética intervenga o lo autorice”, expone.

Servidores públicos podrían cometer delito

También puntualiza que las mexicanas tienen derecho a una maternidad voluntaria, la cual se garantiza mediante el artículo cuarto constitucional, el cual precisa: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.

Por tanto, resalta que los servidores públicos “no deben negar o retrasar el servicio de interrupción del embarazo; al hacerlo podrían cometer delito de abuso de autoridad”. Las instituciones de salud deben asegurar atención médica a las mujeres víctimas de abuso sexual, proporcionarles seguridad y auxilio, detener los efectos de la violación y, en caso de que la persona agraviada lo decida, comprobar la existencia del delito mediante proceso penal, asienta.