Seguridad y psicosis en el Plan Estatal de Desarrollo

La psicosis, según algunos diccionarios médicos, es uno de tantos trastornos mentales y se caracteriza por tener pensamientos desordenados, confusión de la realidad, sentirse observado, vigilado, perseguido y que las demás personas representan un riesgo, así hasta que el sujeto que la padece se aleja de la realidad.

Al revisar el Plan Estatal de Desarrollo (PED) del estado de Tlaxcala 2017–2021, presentado en días pasados por el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, me percaté –particularmente en el apartado de Seguridad, temática que me suele interesar– que existen algunos rasgos psicóticos, esto me llevó a cuestionar, de inicio, la seriedad con la que fue elaborado el PED, la formalidad en su revisión y el poco respeto que tuvieron sus hacedores para presentarlo a la sociedad tlaxcalteca.

En tan sólo seis páginas (162–168) en las que se aborda el asunto de la Seguridad Pública puede el lector encontrar pensamientos desordenados, confusión de la realidad y la persistencia de la “amenaza externa”. Estos elementos no corresponden, como ya se dijo, con la realidad.


Veamos. En primera instancia se sustenta que Tlaxcala es un estado que “ofrece condiciones de seguridad física inmejorables a sus habitantes que se conjugan con un sólido marco de procuración de justicia” y, que según el “Índice Delictivo CIDAC 2015, Tlaxcala es la entidad con menor afectación por actos delictivos del país”.

Posteriormente, se presenta una gráfica en la que se muestran los índices delictivos en solo 11 municipios durante el año 2016, estos son: Apizaco, Apetatitlán, Tlaxcala, Huamantla, Calpulalpan, San Pablo del Monte, Cuapiaxtla, Zacatelco, Natívitas, Ixtlacuixtla y Tlaxco.

Sumando todos los delitos cometidos y que fueron registrados en estos municipios tenemos que hubo mil 348 robos de automóviles, 660 robos a casa–habitación, 613 robos a comercios e instituciones y 361 robos a transeúntes. Es importante subrayar que no son datos estadísticos que reflejen de manera nítida la realidad, se trata de una radiografía imprecisa de cierto comportamiento delictivo en apenas 11 municipios del estado.

Estos datos son las únicas muestras de inseguridad vertidas en el PED, lamentablemente no existe un punto de referencia que nos permita compararlos y comprobar sí, efectivamente, son irrelevantes en materia de seguridad y nos permita asegurar que el estado “ofrece condiciones de seguridad física inmejorables a sus habitantes” y que sea “la entidad con menor afectación por actos delictivos del país”.

Si no tenemos un punto de contrastación, estos datos quedan aislados y, por sí mismos, confirman, aunque se reduzcan, la existencia de zonas con ciertos niveles de inseguridad en el estado, ello ha generado una percepción creciente de inseguridad en la ciudadanía. De la cual no se hace mención alguna en el PED.

Después de presentar estadísticamente el problema y de ser minimizado, el PED expone las condiciones en las que se encuentra la policía en el estado, las cuales representan un problema mayúsculo.

En el PED se sostiene que el cuerpo policial en el estado está conformado por 642 elementos dividido en personal operativo, de los cuales 230 trabajan en un turno, mientras que un restante de 320 labora en otro turno. Estos cuerpos policiales se desplazan en 114 patrullas, lo cual hace difícil –sostiene el PED– el despliegue policial y la presencia en cada una de las entidades. En términos reales, existe en Tlaxcala un policía por cada 3 mil 965 habitantes.

Abonar al problema. Del cuerpo policial en su conjunto, sólo el 42 por ciento tiene secundaria, 40 por ciento bachillerato y 12 por ciento cuenta con licenciatura. Los policías estatales ganan 6 mil pesos al mes, es decir, 3 mil pesos por quincena o mil 500 pesos semanales, mientras que los policías municipales ganan 4 mil pesos mensuales, es decir, 2 mil pesos quincenales o mil pesos por semana.

Ante este cúmulo de problemáticas, el PED propone múltiples rutas de acción para mejorar las condiciones de seguridad, destacan: la creación de instalaciones adecuadas para el entrenamiento y la capacitación de los cuerpos policiales; crear una comandancia o cuartel general con mejores instalaciones, mobiliario, transporte; mejores estrategias de comunicación y mayor tecnología; preparación policial; servicio profesional de carrera y salarios más competitivos. Lo cual suena coherente, más nunca se especifica cuál sería la estrategia para lograrlo, ni los posibles resultados en lo inmediato.

En estas cuartillas se menciona y pondera la seguridad del estado, pero contradictoriamente se informa también sobre la existencia de cierto tipo de delincuencia que no fue especificada en los datos estadísticos, se precisa que esta delincuencia es movediza, que es cada vez más compleja, organizada y que opera a través de células móviles ¿Hay o no registro de delincuencia organizada en el estado?

Si no fuera así, para qué anunciar y qué necesidad tendría el crear inmediatamente sistemas sólidos de inteligencia, de tecnología y métodos científicos para identificar, prevenir y erradicar la delincuencia, sin buscar antes una solución a la situación real de los cuerpos policiales, formación–profesionalización. Se omite como solución, por ejemplo, el establecer un acuerdo con instituciones de educación básica y superior, públicas o privadas en el estado, para educar–formar a los cuerpos policiales y, a corto plazo, tener policías formados y profesionales capaces de aprobar los controles de confianza establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, lo cual, por ende, traería como incentivo un considerable aumento en sus ingresos.

Tener policías preparados–educados –cosa que como ya se anunció se anula como una propuesta de solución en el PED– permitiría alcanzar otras de las propuestas de solución presentadas en el Plan, como: tener policías de proximidad, policía cibernética, una policía de división científica que use tecnología y genere inteligencia, sistemas de comunicación y laboratorios forenses. ¿Cómo lograr esto sin un plan de formación–educación básica y profesional de los cuerpos de policía vigentes y en lo inmediato?

¿De qué sirve que la Comisión Estatal de Seguridad retome la coordinación y control de las acciones de seguridad pública en la entidad, que tenga autonomía técnica, presupuestal y administrativa, que ordene las acciones de los cuerpos de seguridad estatales y actúe en coordinación con los cuerpos de seguridad estatales y federales de seguridad? ¿De qué sirve la centralidad de la seguridad del estado en una dependencia si sus subalternos no están educados, no tienen la capacidad formativa, criterio, actitud y aptitud para responder a esas demandas?

Como anteriormente se anunció, en tan solo seis páginas en las que se aborda la temática de la Seguridad Pública, puede el lector encontrar pensamientos desordenados, confusión de la realidad, la persistencia de la “amenaza externa”, así hasta un ligero indicio de alejamiento de la realidad.

Al menos que el objetivo real de todos estos planes de mejora sea que la seguridad pública en el estado, como se detalla tímidamente en el PED, sea el “evaluar la posibilidad de reforzar la presencia en distintas regiones del estado de un MANDO ÚNICO”, ya que “la seguridad regional debe blindarse contra la llegada potencial de grupos delincuenciales que provienen de otras entidades. La colindancia con Puebla, México e Hidalgo puede ser un factor de riesgo para la seguridad estatal”. Así de psicótica la percepción que sobre seguridad se tuvo en el PED.