Se plantea Rafael Molina como diputado combatir la corrupción e impunidad en Tlaxcala

Rafael Molina Jiménez, candidato a diputado por el distrito IV del PRD, propone que el OFS sea conducido por un cuerpo colegiado que integren personas con reconocida calidad moral
Rafael Molina Jiménez, candidato a diputado por el distrito IV del PRD, propone que el OFS sea conducido por un cuerpo colegiado que integren personas con reconocida calidad moral / Foto Alejandro Ancona

Tras observar que la corrupción y la impunidad en los ámbitos de impartición y administración de justicia y la fiscalización de recursos públicos son altos en la entidad, el candidato a diputado local por el distrito II del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rafael Molina Jiménez adelanta que como integrante de la LXI Legislatura local impulsará dos reformas en ambas materias que permitan combatir esas prácticas.

Precisa que la atención de estos asuntos implica reformar el sistema de justicia estatal y modificar la composición y conducción del Órgano de Fiscalización Superior (OFS). En el primer caso, buscará dotar de más recursos al Poder Judicial para mejorar su infraestructura y los salarios de su personal –de nivel juez para abajo– y en el segundo, la propuesta es que la dirección del OFS sea un cuerpo colegiado integrado por personalidades de la sociedad civil.

Molina Jiménez asienta que la experiencia que le ha dado el haber sido ya representante popular le da las herramientas necesarias para que ambas propuestas se conviertan en leyes que verdaderamente sean de beneficio para la población, pues observa que a los integrantes de las legislaturas vigente y anteriores adolecen de capacidad parlamentaria para impulsar iniciativas positivas para la ciudadanía.


En entrevista con La Jornada de Oriente, el candidato a diputado local observa que el sistema de administración de justicia local adolece de muchos defectos, pues “en muchos casos nuestra justicia generalmente castiga la pobreza, pues los delincuentes de verdad evaden la justicia, ya que tienen posibilidades de contratar buenos abogados, de sobornar a los servidores públicos tanto de procuración de justicia como del Poder Judicial, por lo que cuando son detenidos al poco tiempo quedan libres”.

Por lo tanto, indica, tenemos que empezar a dar pasos para que bajemos la impunidad en la entidad. Uno de estos es desterrar la práctica que existe en el Poder Judicial de que para todo piden recursos. “En este caso, no es necesario inventar el hilo negro, pues la justicia federal ha avanzado en ese sentido y ha ido eliminando la práctica de pedir dinero, si alguien lo hace es altamente probable que sea despedido”.

Explica que para lograr esto se debe evitar que el presupuesto del Congreso del estado deje de crecer como lo ha venido haciendo desde hace 14 años, pues revela que de 1999 a la fecha ha crecido en alrededor de mil por ciento.

“Creo que el presupuesto que debe crecer de manera importante es el del Poder Judicial para que, en primer lugar, se tengan las instalaciones adecuadas para los juicios orales. También para que los servidores públicos de esta soberanía, de nivel de jueces para abajo, tengan mejores percepciones”.

En cuanto a los juicios orales, considera que van a tener un impacto positivo en cuanto al combate a la corrupción en la impartición de justicia, en aminorar los índices de impunidad, “pues al hacer públicos estos juicios, seguro que hará una presión social y mediática cuando los jueces se desvíen de la ley al emitir sentencias claramente injustas. Pero estos juicios orales no tendrían que ser solamente en materia penal, sino también en los ámbitos civil, mercantil, familiar, entre otros”.

En cuanto al OFS, Rafael Molina recuerda que éste fue creado hace 10 años, pero “realmente no ha servido para combatir la corrupción, pues todo el tiempo escuchamos que hay problemas en los municipios, que la gente presume desvío de recursos de funcionarios municipales o estatales, pero nunca escuchamos que éstos vayan a la cárcel”.

Lo anterior se debe a que generalmente llegan a acuerdos con el auditor superior, entonces “hay que modificar la composición del OFS, creo que se le dio mucho poder al titular y, de repente, hay negociaciones que hacen que presenten dictámenes aprobatorios de cuentas públicas que en estricto sentido no solamente tendrían que ser reprobadas, sino que muy seguramente los servidores públicos tendrían que ir a la cárcel”.

El planteamiento del candidato es que se modifique la composición del OFS, “que deje de ser conducido por una sola persona y que su conducción sea colegiada por tres personas. Al frente, no necesariamente debe haber contadores, pues si queremos desterrar las prácticas de corrupción y de impunidad, se propondría a personas con prestigio social, hay académicos, artistas, líderes sociales, empresarios, que la gente le reconoce que son honestos, trabajadores, exitosos en lo que hacen. De tal suerte que si hay desvío de recursos en los municipios y en el estado, que no les tiemble la mano y presenten las denuncias correspondientes”.

Rafael Molina considera que estas dos reformas a la administración de justica y a la manera como se fiscalizan los recursos públicos, son fundamentales para avanzar en la entidad.

–¿Cómo ayudaría la experiencia que ya tuviste como legislador?

–Sería muy útil lo que he vivido, no sólo como diputado, pues en la LV Legislatura fui asesor de la fracción parlamentaria del PRD, creo que llegó en un momento importante en mi carrera, tengo experiencia política, legislativa, administrativa, eso evidentemente me da herramientas para pensar que las propuestas se podrán impulsar en el Congreso con muchas posibilidades de que se concreten en leyes que ayuden a mejorar las condiciones de la entidad.

“Uno de los problemas que tienen los órganos legislativos es que sus integrantes no tienen experiencia parlamentaria, la gran mayoría llega por primera vez a ser diputado, además no hay una visión de conjunto sobre cuáles son las reformas que verdaderamente pueden significar un avance real de la entidad.

“No es posible también que siendo el Congreso el que fiscaliza los recursos, sea el órgano con mayor opacidad, que no transparenta sus cuentas públicas, eso tiene que cambiar, porque además es el órgano más desprestigiado”.

Finalmente, el candidato pidió a los habitantes de los municipios de Totolac y Apetatitlán a que participen en la jornada electiva del próximo 7 de julio. Así también denunció acciones aparentemente superadas, como la puesta en marcha de una elección de Estado y la práctica del voto corporativo por parte del Sindicato 7 de Mayo, “situaciones que se creían superadas en el país”.




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