¿Se necesita una alerta de violencia de género para Tlaxcala?

La violencia de género hacia las mujeres es una realidad lacerante en nuestro país. Según ONU–Mujeres, dos de cada tres mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia. México es considerado dentro de los países con más feminicidios. Se reconoce como un país de tránsito, estancia y destino de la trata de mujeres y niñas. Fue  hasta 2007 que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia (LGAMVLV), la cual tiene como fin  “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, así como garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia. Es importante hacer énfasis en el término erradicar, pues es una acción que indica el término de una situación, es decir, los gobiernos están obligados a actuar hasta que la situación de violencia hacia las mujeres termine.

Esta herramienta jurídica ha contribuido a sustentar la defensa de los derechos humanos de las mujeres, en especial el derechos a vivir libres de violencia, a través de diversas acciones ciudadanas, debido a la aún persistente violencia hacia las mujeres y la inacción del gobierno. Han sido estas circunstancias de violencia sistemática hacia las mujeres las que han orillado a las organizaciones civiles a recurrir al mecanismo de Alerta de Violencia de Género hacia las Mujeres (AVGM) en 18 estados de México, el último en incluirse es el estado de Tlaxcala.

¿Qué es la de Alerta de Violencia de Género hacia las Mujeres? ¿Cuál es su finalidad? La AVGM tiene como objetivo garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos (artículo 23 de la LGAMVLV), eso implica que el gobierno de cualquier entidad debe emprender un “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida…”, como lo establece el artículo 22 de la LGAMVLV. Para llegar a este punto es necesario seguir un procedimiento que inicia a partir de una solicitud de AVGM, ésta puede ser realizada por organismos de derechos humanos de las entidades, organismos internacionales u organizaciones de la sociedad civil.


La solicitud es dirigida hacia Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en su carácter de Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación  de la Violencia contra las Mujeres (Sistema Nacional). Después de aceptar la solicitud, se establece un grupo interinstitucional y multidisciplinario de expertos de ocho personas: cuatro servidores públicos que representan respectivamente al Inmujeres, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad bajo escrutinio, así como a cuatro expertos seleccionados mediante convocatoria pública (dos estatales y dos nacionales) representantes de instituciones académicas o de investigación especializada en violencia contra las mujeres, quienes tienen 30 días naturales para conocer, analizar la violencia y violación a los derechos de las mujeres en el territorio señalado en la solicitud de AVGM interpuesta, además deberá  realizar un informe que será publicado y se entregará al Ejecutivo del estado, quien tiene la opción de aceptarlo o no, si no lo acepta de forma inmediata la Secretaría de Gobernación declarará la AVGM; si lo acepta, tendrá seis meses para implementar las propuestas de trabajo del grupo de expertos, pero si el Ejecutivo después de haber transcurrido el tiempo establecido no comprueba que ha realizado acciones que lleven a revertir la situación de violencia hacia las mujeres, la Secretaría de Gobernación declarará la AVGM y determinará las acciones de prevención, seguridad y justicia que deberán implementarse para enfrentar la problemática.

Como ya señalamos, Tlaxcala es la entidad número 18 con una solicitud de Alerta de Violencia de Género hacia las Mujeres, lo relevante es que es la primera en solicitarse por trata de mujeres. Los municipios señalados son Tenancingo, San Pablo del Monte, Chiautempan, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apizaco, Papalotla de Xicohténcatl, San Lorenzo Axocomanitla, Zacatelco, Contla de Juan Cuamatzi, La Magdalena Tlaltelulco, Xicohtzinco, Teolocholco y Santa Catarina Ayometla. Con este hecho se desmiente al gobierno del estado en su supuesto compromiso al combate de este flagelo hacia las mujeres y comunidades donde está impregnado este delito.

El problema es histórico y los gobiernos en lugar de preocuparse por implementar acciones que lleven a su erradicación, han preferido negar el delito, minimizarlo o simular que se enfrenta. Desde el año 2014, basados en un estudio de percepción ciudadana sobre la trata de mujeres y niñas en Tlaxcala, señalamos que el delito estaba aumentando en los municipios del estado. Durante los dos últimos años, basados en una lucha por el acceso a la información pública respecto al tema, insistimos en que el gobierno no estaba actuando conforme a la política pública existente para prevenir el delito, atender a las víctimas y sancionar a las redes, de este último elemento basta ver que de 200 denuncias sólo se lograron 13 sentencias, estas omisiones lo convierten en responsable del incremento del delito, así como de sus impactos nacionales e internacionales.

En marzo del año 2014, respecto a la necesidad de emitir la AVGM por trata, la entonces directora del Instituto Estatal para las Mujeres, Maricela Cuapio Cote señaló: “no es necesario, porque la trata de personas aquí la tenemos como un tema cultural”, era obvio su ignorancia no sólo sobre el tema, también sobre el mecanismo. Hoy la necesidad de que se emita la AVGM es clara y es planteada por organizaciones que se encuentran más allá de los límites del estado, que señalan los efectos de la operación de las redes tlaxcaltecas. La intervención federal respecto al delito de trata de mujeres demuestra que el problema es relevante, ojalá que por fin el gobierno entienda que su única salida digna frente al delito es actuar.