En un estado en el que la economía y la sociedad aplican programas y proyectos basados en resultados, la iniciativa que presenta la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (Caiptlax) sería rechazada.
La desconfianza ha llevado a que los ciudadanos quiten algunos poderes al Estado y los reorganicen como parte de la sociedad civil, lo que permite avanzar en el manejo del banco central, de las elecciones y de los derechos humanos, etcétera.
La experiencia de la población en instituciones del tercer sector o del área sin fines de lucro es lo que cimenta la confianza y es una vía que ha sido redimensionada para que se realicen las tareas bajo la figura de “organismos autónomos”.
La idea principal de los organismos autónomos es que quienes los integren representen a los distintos sectores comprometidos en la construcción de una mejor sociedad, de ahí el nombre de consejeros.
La perversión del sistema político ha ido reduciendo, poco a poco, el margen de inclusión de la sociedad en estos organismos y los ha convertido en posiciones de partido y espacios de trabajo para sus militantes.
Quienes son designados como consejeros no parten del compromiso social, sino con quienes los patrocinan, de ahí que la iniciativa de los consejeros de la Caiptlax se centre en la comparación salarial y no en el desempeño civil.
Por los resultados que han entregado, la propuesta de reforma tendría que encaminarse a reducir más que ampliar los salarios, sobre todo si se toma en cuenta que el 60 por ciento de los tlaxcaltecas gana en promedio dos salarios mínimos.
Ser consejero ciudadano en la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala, del IET o de la CEDH no es una chamba, aunque lo parezca, es parte de la reconstitución del tejido social en una sociedad que se caracteriza por la desconfianza democrática.