Sacrificio por decreto

Con la finalidad de dar cabida a más alumnas en la Normal Rural de Panotla, el comité estudiantil propuso al titular de la SEPE, Manuel Camacho Higareda, que se divida el gasto que hace el gobierno del estado por cada estudiante inscrita actualmente en ese plantel.

La propuesta fue rechazada por el funcionario, pues, aseguró, “eso a todas luces es atentatorio de la buena formación y la calidad de los servicios” que se brindan en esa escuela formadora de docentes de sistema internado; además, sostuvo, la ley no se negocia ni la disponibilidad de recursos.

Al margen de si el planteamiento de las normalistas es viable o no, de si con ello se viola la ley y la disponibilidad de recursos o del trasfondo de la propuesta misma, la interrogante que surgió es cuándo o en qué momentos la población sí puede sacrificarse o coadyuvar con la autoridad y cuándo y en qué momentos no.


En los últimos gobiernos federal y estatal la constante ha sido el llamado a la población que han hecho el presidente y gobernadores en turno a apretarse el cinturón debido a las condiciones económicas adversas por las que ha atravesado el país. Empiezan su administración con un recorte presupuestal y terminan con otro.

En estos casos, las autoridades reconocen la disponibilidad y voluntad de sacrificio de los mexicanos, aunque estos no se hayan ofrecido a hacerlo, bueno, ni siquiera tienen la oportunidad de plantearlo. Es una muestra de su patriotismo, exalta el gobierno.

Dividir el gasto que hace el gobierno por cada alumna de la Normal Rural de Panotla, argumenta el comité estudiantil, permitirá una mayor cobertura y cumplir a las aspirantes su derecho de acceso a la educación, aunque ello implique un sacrificio en sus dietas y servicios que reciben en el plantel.

Pareciera que el único sacrificio válido y reconocible por las autoridades es el que convocan e imponen.