A un lustro de la declaratoria del río Atoyac como uno de los 10 más contaminados, el gobierno aún no emprende acciones efectivas para contrarrestar el daño; mientras tanto, la población continúa expuesta a sustancias tóxicas y es vulnerable a desarrollar males renales o cáncer, según el Estudio de Epidemiología Molecular, cuyos resultados preliminares muestran afectación en la población de 8 a 12 años de edad, aseveró Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local.
“En materia ambiental, más allá de la investigación que realizamos, la situación que refieren las comunidades, día a día, es que siguen en la misma condición y creo que, incluso, se avizora un empeoramiento”, advirtió.
Citó que el estudio científico efectuado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) evidencia que el agua del río Atoyac (en la zona sur del estado) registra límites máximos permisibles arriba de la norma, además, otros compuestos que no están normados y que son tóxicos para el ser humano.
Por tanto, “ese tipo de componentes lo ponen en un grado de vulnerabilidad para contraer enfermedades como cáncer, leucemia e insuficiencia renal”.
Adelantó que a fínales de 2016 serán presentados los resultados del Estudio de Epidemiología Molecular, realizado por Regina Montero Montoya, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, el cual revela que las personas que viven en esa región están expuestas a sustancias tóxicas, “lo que las hace muy vulnerables a contraer cáncer”.
Niñez que vive cerca del río Atoyac, padece males
La investigación se efectuó en el segmento de niños y niñas de 8 a 12 años de edad. Los datos preliminares indican que esos menores tienen algún tipo de daño en riñones, unos padecen anemia y otros se encuentran “a un paso de contraer males más graves”, explicó la activista.
Tlaxcala “está muy por arriba de la media mundial en casos de esa enfermedad y lo que se avizora es un empeoramiento y despojo de las poblaciones, pues se han anunciado con bombo y platillo la instalación de más empresas”, exaltó.
Lamentó que no exista política pública para cuidar el entorno, pese a que se han anunciado algunas acciones y “se han movido otros agentes de la sociedad civil para buscar una agenda que pueda complementar, pero no vemos cambios sustanciales”.
Las normativas –agregó– no son modificadas, también se ha denunciado. Tampoco hay política de prevención y la Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coepris) “brilla por su ausencia”, pero se pronuncian discursos de omisión del fenómeno, en un intento de justificación.
En cuanto a la atención médica a enfermos por contaminación del río Atoyac, se observan deficiencias. En el caso del Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), la propia población ha dado su testimonio de que ese nosocomio carece de tecnología suficiente, personal y medicamentos especializados, anotó.
Ante la omisión de las autoridades e instituciones –mencionó–, las comunidades han emprendido acciones propias y pilotean algunas alternativas ecológicas de tratamiento de agua municipal, a fin de presentar su propuesta a las autoridades municipales nuevas, las cuales tendrán un periodo de cuatro años ocho meses, tiempo suficiente para implementar políticas de cero descargas al río Atoyac.
Otro trabajo “fuerte” respecto de esta problemática de contaminación –recordó–, es la queja presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual ha cerrado la investigación. La demanda de que sea emitida una recomendación a las tres esferas gubernamentales, refirió.
Pero –advirtió– se avizora una situación totalmente grave en los resultados del estudio, por lo que las comunidades “tendrán que ver qué alternativas, desde su conocimiento local y ancestral, pueden empezar a implementar para prevenir daños a la salud más graves en los próximos años”.
“De ahí que la exigencia es al Estado para que cumpla con atención y prevención, pues no se mira por dónde ir hacia una solución, ya que sigue la instalación de industrias sin aumentar normativas ni sanciones”.
El mandatario Mariano González Zarur anunció hace algunos meses el adelgazamiento administrativo para facilitar el establecimiento de empresas. En tanto, las propuestas del gobernador electo, Marco Antonio Mena, “tienen que ver con el desarrollo y la atracción de inversión extranjera”.
Más adelante, el Centro Fray Julián Garcés buscará un acercamiento con Marco Antonio Mena para exigir la protección a los derechos humanos, en cumplimiento a pactos internacionales, firmados y ratificados por el gobierno de México.
“Será un tema que seguiremos empujando como sociedad civil, pues no podemos quedarnos callados frente a esta situación de muerte”, resaltó.
Y es que la Federación situó al Atoyac dentro de los 10 ríos más contaminados del país; de hecho, es el tercero, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). En el Plan Nacional Hídrico 2007–2012 se han proyectado acciones, recordó.
Asimismo –añadió–, se han hecho este tipo de declaratorias de clasificación, como la de 2011, de acuerdo con un estudio efectuado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el que ratifica la presencia de metales y compuestos orgánicos volátiles que rebasan la norma permitida en este cauce.
“Se ha visto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cerrar algunas industrias, como Terran y una textilera en Villalta, pero reabrieron sin seguimiento e inspección de que realmente dejaran de contaminar”, cuestionó.
Criticó que a “los grandes capitales no se les hace nada”. Muestra de ello es una empresa propiedad de Kamel Nacif en las cercanías con Puebla. Fue clausurada hace tres años, pero sigue en funciones y “contaminando”, por lo que la comunidad de San Baltazar Temaxcalac está en resistencia, “por los olores bastantes fuertes”.
“La simulación –expresó– es en todos los temas, es la misma, pues ya estamos en 2016 y no hay avance a la declaratoria. Como sociedad tenemos que reinventar para ver cómo vamos a exigir y visibilizar esta situación ambiental”.