Río Atoyac–Zahuapan: luchar contra la invisibilidad y algo más

Cuando las autoridades hablan de sanear la cuenca que comprenden los ríos Atoyac, Zahuapan y sus afluentes, se refieren –casi sin excepción– a la construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) y olvidan (convenientemente) un elemento central de la restauración ecológica de cualquier ecosistema: la historia de la relación entre los pobladores originarios (las comunidades) y el territorio.

En la visión política oficial mexicana, los ríos sólo sirven para dos cosas: como drenajes urbanos e industriales y como asiento para grandes proyectos de construcción de represas (y, con ellas, para la generación de energía eléctrica). En el imaginario de la clase política mexicana, resultan incidentales y secundarios hechos tan fundamentales como el que los ríos forman parte integral de la historia de los pueblos, de su cultura y su economía (aunque los políticos emplean referencias a ellas como coloridas estampas electorales en momentos muy específicos, como seguramente ocurrirá este año que inicia).

Ahora, enfrentadas a la realidad visible de una crisis ambiental y de salud sin precedente en la cuenca, que ha costado vidas y la ruina de no pocas familias en numerosas comunidades rurales y urbanas, las autoridades de los tres niveles de gobierno creen que si no hablan de esas crisis, ellas desaparecerán. No pocos funcionarios públicos consideran problemático que las víctimas de la crisis hablen, ya no digamos de los estragos que ha ocasionado la cruel aplicación de una política de desregulación ambiental de facto, sino que incluso hagan propuestas serias de restauración ecológica y de derechos, después del fracaso, la simulación y la tardanza oficial en aplicar un plan serio para reparar el daño a las familias y comunidades, ocasionado por el favorecimiento de los intereses de la industria que se asentó en la cuenca durante las últimas cuatro décadas.


En los planes para “restaurar” la cuenca, a las autoridades sólo se les ocurre que la población de las comunidades ribereñas (la principalmente afectada por la contaminación de los ríos y afluentes con contaminantes industriales altamente tóxicos y persistentes, así como de la contaminación orgánica de las aguas domésticas no tratadas), sólo sirve como “beneficiaria” de programas “educativos” de una mal llamada “cultura del agua” que hace abstracción de la cultura propia de los pueblos y de sus prácticas de cuidado del agua, el suelo y la biodiversidad silvestre y agrícola, como si en nuestro país, el modo como las autoridades ambientales tratan a los ecosistemas fuese un ejemplo a seguir.

En un contexto, además, de agravamiento de la crisis climática planetaria, el rescate de la cuenca Atoyac–Zahuapan (y, para el caso, de todas las cuencas ribereñas del país) con la intervención activa de las comunidades, es una prioridad que no puede soslayarse, porque de ello depende que existan condiciones para que las generaciones futuras enfrenten el cambio climático con menor desventaja de lo que lo harán si la solución a esa crisis se deja en manos de una clase política a la que los derechos de los afectados son una molestia en sus planes de “ser potencia”, por más “comprometidas” que las autoridades se autodeclaren frente al calentamiento global.

El rescate de la cuenca Atoyac–Zahuapan es hoy impensable sin la restitución de los derechos de las comunidades afectadas y la reparación del daño que se les ha provocado. Durante ya dos décadas, organizaciones como la Coordinadora por un Atoyac con Vida han luchado por hacer visible la injusticia y ahora han señalado un camino para devolver la justicia a quienes perdieron su salud o a algún ser querido debido al cáncer, la insuficiencia renal o las malformaciones congénitas que fueron ocasionadas por la contaminación de los ríos y el afán gubernamental por negar que la contaminación estaba relacionada con el despojo del derecho a la salud de las personas y del derecho a vivir en un medio ambiente sano.

La restauración de la cuenca Atoyac–Zahuapan implica que las autoridades reconozcan su fracaso y pidan auxilio a los afectados, en vez de culparlos por una contaminación que ellos no generaron. De nada servirán llamados, exhortos y recomendaciones (incluso de la CNDH) si las autoridades sólo piensan el problema electoreramente y con visión de corto plazo. En este año electoral, las luchas comunitarias en defensa del territorio y los derechos ambientales no son sólo contra la invisibilidad a la que las campañas de los partidos pretenderán relegarlas, sino además, para evitar que se vuelvan moneda de cambio. Los derechos de los pueblos no pueden ser negociados. Toda autoridad perderá legitimidad si regatea los derechos de las comunidades a la restitución de su salud, de su medio ambiente, de sus tierras de cultivo y al respeto a su cultura, su historia y su dignidad. Las comunidades seguirán insistiendo. La pregunta de este año es si las autoridades escucharán a los pueblos.