Río Atoyac: ¿Saneamiento a modo?

Este jueves se cumple el plazo de seis meses otorgado por la Recomendación 10/2017 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a las autoridades de los tres niveles para que constituyeran un Grupo Interinstitucional que, coordinado por el director del Organismo de Cuenca del Balsas (a la que pertenecen las subcuencas del Atoyac y el Zahuapan), se encargaría de diseñar el muy urgente Plan de Restauración Ecológica de la cuenca del Alto Atoyac. La Recomendación establece con claridad que en el Grupo Interinstitucional podrían participar no sólo las empresas (las principales responsables de la contaminación de los ríos y afluentes), sino las organizaciones de la sociedad civil que así lo desearan. El propósito de tal recomendación a las autoridades era que se permitiera a la ciudadanía ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones relacionadas con aquellos asuntos que le conciernen y afectan su vida y el ejercicio de otros derechos humanos tan fundamentales como el derecho a un medio ambiente sano, al saneamiento, a la información y a la salud, que son precisamente los derechos violados por todas las autoridades recomendadas en la cuenca del Atoyac.

Sin embargo, a pesar de que en este periodo organizaciones como la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local solicitaron formalmente (en dos ocasiones) su inclusión en el Grupo Interinstitucional, las autoridades no han dado respuesta formal a esa solicitud. Estas organizaciones, además, hicieron entrega a las autoridades de una Propuesta Comunitaria para el Saneamiento de la Cuenca Atoyac-Zahuapan y la Reparación del Daño a las Comunidades, dentro del plazo de seis meses establecido por la Recomendación. La propuesta comunitaria fue hecha a partir de un diálogo continuo con ciudadanos habitantes de varias comunidades, en un ejercicio de diálogo, memoria y propuesta colectiva para la efectiva restauración de la cuenca.

En otras palabras, mientras estas organizaciones de la sociedad civil hicieron el trabajo que las autoridades se han negado a hacer por más de 20 años —esto es, informar de la violación masiva y sistemática de derechos humanos y de la obligación del Estado de garantizar el ejercicio de estos derechos a sus ciudadanos y hacerlos partícipes del proceso mismo de recuperación de sus derechos—, las autoridades, junto con las grandes empresas (verdaderas responsables de la presencia de sustancias altamente contaminantes en los cauces de los ríos y afluentes) han estado negociando, lejos de la atención de la opinión pública, una propuesta de “saneamiento” excluyente que, muy probablemente, contempla los intereses de los contaminadores y no los legítimos derechos de los afectados que han pagado con su salud y, en algunos casos con su vida, la contaminación provocada por unos y tolerada por otros. Así, las autoridades renuevan la violación de los derechos humanos de los pobladores de la cuenca e incumplen lo expresamente señalado por la CNDH en su Recomendación, es decir, que si por décadas han hecho de lado los derechos de los pobladores de la cuenca, ahora deben incluirlos en el diseño de la solución, por lo que si el Plan de Saneamiento oficial se publica sin el concurso de los afectados, su respuesta a la violación de los derechos humanos terminará siendo una revictimización de quienes originalmente presentaron la queja y a quienes la Recomendación pretende proteger.


La crisis ambiental y de salud en el Atoyac no se resolverá, como pretenden las autoridades, culpando a las pequeñas empresas y a “negocios clandestinos” de ser los principales responsables de la contaminación, a sabiendas de que el Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes (RETC), administrado por Semarnat con datos aportados por las mismas empresas emisoras, consigna que en la cuenca del Atoyac están instaladas empresas nada pequeñas que vierten, en el suelo, el aire y el agua, residuos altamente tóxicos para el ambiente y la salud. Por ejemplo, en el periodo transcurrido entre 2004 y 2014, empresas como Pemex, Volkswagen, Global Denim, Procter & Gamble y Dow Agrosciences vertieron, conjuntamente, más de 132 kilogramos de arsénico, más de 318 kilogramos de cadmio y más de mil 626 kilogramos de cromo en la cuenca, así como otros contaminantes altamente tóxicos como mercurio, cianuro, plomo y níquel, por los que no han sido sancionadas, pero cuyos intereses serán protegidos en el Plan de Saneamiento oficial, mientras que se persigue y castiga a las pequeñas empresas que ciertamente contaminan, pero no en la misma medida y en la mayoría de los casos, tampoco con los mismos contaminantes. De nada servirá un Plan que no contemple plenamente las causas de fondo de la contaminación y no atienda los derechos de los afectados.

Por razones como estas, las comunidades asumieron como propia la tarea de reflexionar, proponer y someter a discusión su idea de lo que debe ser un saneamiento que no sólo limpie el río, sino que haga, en la medida posible, justicia ante un daño que se ha prolongado por décadas de desprecio, corrupción y criminal desregulación de la industria.

La propuesta comunitaria de Plan de Saneamiento y de Reparación del Daño será presentada públicamente el 7 de noviembre próximo en la Plaza Juárez de Tlaxcala, a partir de las 9:30 horas, en el Foro Comunitario por el Saneamiento de la Cuenca Atoyac-Zahuapan. Irónicamente, son las comunidades las que están aportando y ofreciendo espacios de diálogo. Ojalá las autoridades quieran sentarse con ellas a dialogar abiertamente y sin simulaciones.

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A. C.