Río Atoyac: repetición del daño no es justicia

Aunque formalmente casi todas las autoridades federales, estatales y municipales aceptaron la Recomendación 10/2017 de la CNDH sobre la violación de los derechos humanos de quienes habitan y transitan por la Cuenca del Alto Atoyac, que incluye los ríos Atoyac, Xochiac, Zahuapan y sus afluentes, y al hacerlo se comprometieron a cumplir con lo dispuesto en ella (el diseño y aplicación de un Plan Integral de Restauración Ecológica de toda la Cuenca y de un Plan de Diagnóstico y Atención Médica para la población afectada, donde haya garantía de participación de la sociedad civil, así como la aplicación de medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición del daño), los gobiernos señalados como responsables han comenzado a realizar –de manera unilateral y sin coordinación entre ellos–, obras y a destinar recursos millonarios, presuntamente, para “dar cumplimiento a la Recomendación de la CNDH”.

Sin que se haya cumplido aún con el requisito de conformar un Grupo Interinstitucional que se encargue de diseñar y aplicar el Plan, en el que participe la sociedad civil, las autoridades ya están “trabajando”, por ejemplo, en el  desazolve de varios tramos del cauce del río Atoyac o el inicio de la construcción de sendas Plantas de Tratamiento de Agua Residuales (PTARs) en los municipios de Ixtacuixtla y Tepetitla, siendo que este último ni siquiera ha aceptado formalmente el contenido de la Recomendación, pero ya recibió 10 millones de pesos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para construir una PTAR cuyas características se desconocen, por lo que tampoco se puede saber si será adecuada para el tipo de contaminación municipal e industrial que se vierte en el cauce del Atoyac.

El asunto no es menor: la CNDH señala en la Recomendación que las autoridades de los tres niveles de gobierno violan el derecho a la información de los pobladores de la Cuenca del Alto Atoyac, porque saben, desde hace más de 20 años, que  está contaminada con residuos municipales e industriales no tratados y no se lo comunicó a la población e incluso, teniendo los instrumentos jurídicos y los medios técnicos y económicos para detener la contaminación de los ríos y prevenir así los daños en el ambiente y la salud de los habitantes, no tomaron las medidas necesarias y urgentes para frenarla o atender a quienes ya habían sido afectados.


El resultado, son cientos de personas que han muerto en las comunidades por  enfermedades que pudieron prevenirse y atenderse pero que, dada la negligencia gubernamental y su política pública que, de jure y de facto, se ha privilegiado el interés privado de las empresas nacionales y extranjeras por encima de los derechos humanos de la población de la Cuenca del Alto Atoyac, ocasionando un daño –en muchos casos irreparable– a cientos de miles de personas de los estados de Puebla y Tlaxcala.

Ahora, nuevamente las autoridades actúan a espaldas de la población afectada. Ninguna autoridad se ha presentado ante las comunidades de la Cuenca (ni siquiera en los cinco municipios señalados en la Recomendación de la CNDH) para dar la cara y explicar en qué ha consistido la violación sistemática, cotidiana, permanente y reincidente de los derechos fundamentales de la población a un medio ambiente sano, al saneamiento, a la salud, a la alimentación, a la verdad y a la justicia, por sólo mencionar algunos. Tampoco han abierto espacios de diálogo con las comunidades afectadas para incluirlas en el pretendido Plan de Saneamiento y, mucho menos han explicado el sentido, alcance y pertinencia de las acciones que ya están realizando, con lo cual reinciden en la violación del derecho a la información de quienes han sido agraviados por más de 20 años.

Este solo hecho constituye entonces una nueva violación de los derechos humanos de los pobladores y la contravención de lo estipulado por la CNDH. De hecho, las autoridades de todos los niveles responden a la Recomendación como quien debe palomear una lista de tareas cumplidas a regañadientes y no como lo que realmente es: el necesario reconocimiento oficial y público de que el Estado, a través de la omisión, la violación e incluso la aplicación de las leyes y normas, ha estado violando los derechos fundamentales de la población y que dicho daño debe ser reparado a cabalidad y sin simulaciones para garantizar que nunca más se repita.

Parece, como lo formuló el semanario The Economist en 2015, que las autoridades no entienden que no entienden. La Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV) denunció hace 20 años que la contaminación del río estaba afectando la salud de los pobladores de las comunidades que habitan en la ribera del Atoyac y la respuesta oficial osciló entre el silencio, la burla y la negación del problema. En todo este tiempo, los compuestos tóxicos se han acumulado, las enfermedades se han multiplicado y el desamparo de la población se volvió insoportable.

Ahora, las comunidades han demostrado que tenían razón y el gobierno debe demostrar que no volverá a simular. Hasta el momento, su actuación no ha correspondido a la gravedad de la situación. Ya no es admisible que se tomen decisiones al margen de las víctimas, la deuda social, ambiental y de salud es demasiado grande y el gobierno no tiene ya crédito con la sociedad. Sus decisiones, pronunciamientos y acciones deben ser intachables, de lo contrario, el daño a las personas, a sus familias, su economía y su cultura se repetirán y eso es lo contrario de lo que se busca: la justicia para quienes han sido ignorados por tanto tiempo.