El río Atoyac y el PED 2017–2021: intensificar la crisis ambiental y de salud

En solidaridad con Simitrio y la UPVA

El pasado 21 de junio, Marco Antonio Mena Rodríguez presentó su Plan Estatal de Desarrollo 2017–2021, casi seis meses después de asumir el cargo como gobernador de Tlaxcala. En él, Mena compromete una serie de estrategias para impulsar el desarrollo de la entidad, a través de la promoción de la inversión privada (nacional y extranjera) de carácter principalmente industrial y turístico para, presuntamente, generar empleos, prevenir rezagos y consolidar avances.

En principio, poco cabría reprochar a la estrategia gubernamental si, como lo dice el discurso oficial, en la estrategia estuvieran efectivamente puestas en primer lugar las necesidades y las preocupaciones de las comunidades tlaxcaltecas y no, como hasta ahora, los intereses de grupos particulares de poder (económicos y políticos), que son los que se han beneficiado realmente de las políticas aplicadas por la autoridad estatal.


No obstante, el Plan del gobernador Mena nuevamente deja de lado una de las demandas más sensibles de las comunidades del estado: el saneamiento de la Cuenca del río Atoyac–Zahuapan, una de las más contaminadas del país y, más bien, parece estar decidido a profundizar y a extender la aguda crisis ambiental y de salud que ya se vive en la cuenca, a pesar de que, desde marzo pasado, le fue dirigida la Recomendación 10/2017 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la violación de los derechos humanos de quienes habitan y transitan por la ribera del Atoyac.

El PED repite de hecho los vicios que han plagado, desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, la política ambiental federal y los reproduce fielmente: niega la causa estructural del problema, al proponer solo la atención de los síntomas el ya probadamente fallido tratamiento de las aguas residuales ya contaminadas y vertidas en el cauce del río y no la prevención de la contaminación de la cuenca; así como el desvío de la atención respecto de los principales responsables de la contaminación del afluente –que son las decenas de empresas industriales químicas, de autopartes, plásticos, alimentos y textiles entre otras, que vierten sus residuos en el río sin tratamiento previo alguno, ya sea directamente o mediante los drenajes municipales, cuyas aguas tampoco son tratadas.

Tampoco dice el Plan qué va a hacer para reparar el daño a familiares de miles de personas que se enfermaron y, en muchos casos fallecieron, o bien, se han quedado en la ruina económicamente por pagar tratamientos muy costosos por abatir enfermedades  originadas por la contaminación de metales pesados y compuestos orgánicos volátiles derivada del vertimiento de residuos tóxicos y peligrosos de los parques y corredores industriales en municipios como Ixtacuixtla, Tepetitla y Natívitas.

Para el gobierno de Mena, la industria sólo es virtuosa, pues es signo de desarrollo y su operación no puede ser cuestionada ni con el pétalo de una recomendación de derechos humanos.

Además, en el Plan se dibuja una intención, muy poco disimulada, por privatizar los servicios públicos del estado, incluyendo el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, que serían entregados en bloque a empresas privadas para que, como ya ha ocurrido en numerosos casos en el país, éstas incrementen las tarifas, nieguen el servicio a quienes no paguen y, por supuesto, extiendan la cobertura solo donde sea rentable, no donde sea necesaria.

Por el contrario, el Plan de Mena pretende otorgar todavía más facilidades para que las mismas industrias que ya contaminaron el Atoyac aumenten su presencia en el estado, para lo cual el gobierno procederá, diligentemente, a despojar de tierras y aguas a las comunidades campesinas –tildadas de” improductivas y atrasadas” en el mismo documento rector de su gobierno–, mientras los jóvenes serán ofrecidos a la industria como fuerza de trabajo barata, previa capacitación para el trabajo precario, cortesía de la reforma educativa.

Asimismo, para quienes se porten rejegos, el gobernador Mena tiene prevista una ampliación de 50 por ciento del gasto público en “seguridad”, incluyendo una fuerza antimotines, por si a los campesinos se les ocurre “oponerse al desarrollo”, como ocurrió ya con los opositores al Gasoducto Morelos y al Libramiento de Tlaxcala, cuando Mariano González Zarur gobernaba el estado y Mena era su secretario de Turismo.

Por cierto: el Plan incluye una agresiva estrategia de promoción turística de  la entidad tlaxcalteca,  que buscará facilitar la construcción de hoteles de “cinco estrellas”, pero nada dice de poner un freno a la proliferación de moteles en el estado en los que se fomenta la trata de personas con fines de explotación sexual, que en Tlaxcala tendría que ser considerada una crisis humanitaria, pero que brilla por su ausencia en el PED.

En suma, el PED 2017–2021 de Marco Antonio Mena sólo mira hacia afuera: hacia los inversionistas, hacia el comercio, hacia la “interconexión” y hacia la “seguridad jurídica de las inversiones y de la propiedad de las empresas”, pero al hacerlo solo promete aquello que le ganó al gobierno del estado su desprestigio, la certidumbre ciudadana de que trabaja para intereses ajenos a los de los pueblos y que las crisis heredadas desde hace décadas sólo acelerarán su proceso de descomposición. Las comunidades de Tlaxcala merecen un mejor futuro y ellas lo saben. A ver si el gobierno quiere escuchar.