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Para José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la eliminación del fuero, aprobada por el Congreso local, abona a que el funcionario no incurra en actos que perjudiquen el interés público.
Aunque esta determinación de la LXII Legislatura local no será aplicable en su caso ni en el de otros servidores públicos que se encuentran en funciones en el momento en que se realizó esta reforma a la Constitución Política local, respondió que en lo personal “para nada le preocupa este asunto.
Agregó que en el trabajo desempeñado en diferentes áreas, académica, operativa, se ha conducido y se conduce en un contexto de legalidad y respeto a derechos humanos. Es una decisión y competencia del Congreso local –añadió-; vamos a ser respetuosos.
Cada persona lo ve desde una perspectiva diferente, pero “creo que en la parte de transparentar los procesos y la actitud y desempeño de cada funcionario público, abona a por lo menos exigirnos en no incurrir en ningún tipo de acto que pueda incurrir en responsabilidad tanto penal, civil como administrativa”, expuso.
En entrevista con medios de comunicación en la inauguración de los trabajos de los “Conversatorios de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes”, efectuados en Ciudad Judicial, remarcó que es una cuestión personal el interés de mejorar el ejercicio de las funciones, pues no depende de ninguna ley, decreto o pérdida fuero, ya que es una cuestión de valores.
“Eso no va a cambiar las circunstancias, las personas en particular tendrán que hablar por sus acciones y tenemos que tenerlos todos, tanto funcionarios como sociedad”, indicó. Asimismo, contestó que la posible vulneración o no a la autonomía de la PGJE mediante esta reforma, debe estudiarse en “otro nivel”.
Este martes el Congreso local aprobó retirar el fuero al gobernador, diputados, magistrados, jueces, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), titulares de secretarías del Poder Ejecutivo, procurador de Justicia, Oficial Mayor, auditor superior, integrantes de órganos autónomos, alcaldes, integrantes de ayuntamientos y funcionarios de presidencias municipales.
Por otro lado, reiteró que la PGJE trabaja en el formato del ofrecimiento de una disculpa pública a ex policías, a fin de dar cumplimiento a la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Reafirmó que se iniciaron carpetas de investigación y los procedimientos respectivos a todas las personas señaladas en este proceso de investigación.
Sostuvo que no le “temblará la mano” para aplicar sanciones, pues las indagaciones que se realizan en torno a este caso están apegadas a derecho. Pero insistió en que este asunto corresponde a la pasada administración estatal.
José Antonio Aquiáhuatl Sánchez aseguró que hasta ahora tampoco hay “actos de tortura”, pues en año ocho meses (del gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez) no se ha radicado ninguna queja en contra de la PGJE por este tipo de hechos y resaltó que se han judicializado delitos graves.