Mientras los empleados de las transnacionales que ocupan ilegítimamente un lugar en el Senado o en la Cámara de Diputados se apresuran a aprobar una legislación secundaria que, como todo texto engañabobos, en la letra pequeña revela las verdaderas intenciones y el alcance de las “necesarias reformas estructurales”, que van a “mover a México” hacia la catástrofe, en otros frentes, pasando por encima de la ley, los dueños del dinero y sus servidores, emocionados por el nuevo marco legal impuesto, se apresuran a poner en práctica el espíritu de las leyes aprobadas, que se reduce a una sola idea: el despojo.
Para prueba, dos casos recientes: el despojo abierto y cínico de las aguas del río Yaqui, a las comunidades indígenas de Sonora, mediante la construcción de un acueducto de 173 kilómetros que llevará el agua a las empresas asentadas en las zonas industriales de Hermosillo, usando como pretexto que el agua para la población de la capital, proveniente del río Sonora, ya es insuficiente, y además pasando por encima de los amparos otorgados a los usufructuarios por la justicia federal. Con la bendición y complicidad de la Semarnat y la Conagua, han construido el acueducto y ya están despojando del vital líquido a las comunidades yaquis. Todo ello en medio de una campaña mediática en contra de los indígenas, represión, desapariciones forzosas y una flagrante violación a los derechos humanos.
El otro caso es el de Puebla, en donde el último “negocio neoliberal”, modernizar las vialidades de acceso a uno de los centros culturales más importantes del altiplano, Cholula, pasando por encima de sitios arqueológicos, parcelas ejidales, terrenos particulares, todo en nombre del “mercado”, llamado eufemísticamente modernidad, desarrollo, crecimiento. Y al lado de esto, una amplia campaña en contra de las poblaciones aledañas a la capital que han mantenido un fuerte espíritu comunitario y cultural que los aglutina y les permite hacer frente a las decisiones arbitrarias de un gobernador al servicio de los intereses privados empresariales. Para doblegar la resistencia, el Ejecutivo no tuvo empacho en enviar a sus empleados del Congreso la “ley bala” que le diera simple y llanamente “permiso para matar” a cuantos ciudadanos se manifestara en contra de los designios del capital. Sólo la acción decidida de los ciudadanos organizados pudo echar abajo tan inconcebible iniciativa y, sin embargo, la semana pasada un menor fue asesinado por los cuerpos policiacos al reprimir con gases y balas de goma a los pobladores de Chalchihuapan que se oponen a otra de las medidas de control por parte del Ejecutivo, es decir, el retiro del registro civil del ámbito de competencias de las juntas auxiliares.
Estamos en los preámbulos de una guerra abierta del capital en contra de la población, en la que la consigna es apoderarse de todo lo que represente valor, de todo lo que sea “rentable”; ahora sin ningún disfraz, sin ningún eufemismo, sino la aplicación de la violencia cruda, legaloide primero y represiva después. La esencia del poder público se ha transformado de un servicio a la sociedad, a un servicio al capital privado y en contra de la sociedad. Todo lo que viene, de ahora en adelante, abiertamente será en ese sentido. ¿Podremos, como ciudadanos, oponernos a tal irracionalidad criminal?