Reservas de agua, ¿para quién?

El día de ayer lunes, inició en Quito, Ecuador, la Convención Internacional de la ONU contra la Desertificación y la Sequía, en la que se pretende buscar un consenso internacional para frenar la creciente desertificación de la tierra que, según estimaciones de los expertos, ya alcanza un 41 por ciento de la superficie total del planeta, y en donde paradójicamente vive un 38 por ciento de la población mundial. A pesar de que los neoliberales, con Trump a la cabeza, niegan los efectos devastadores del cambio climático, las evidencias son irrefutables, lo cual ha alertado a los ambientalistas de todo el mundo en cuanto a la grave crisis alimentaria que amenaza al planeta desde hace varios decenios.

Este tipo de reuniones internacionales, al igual que las que se han hecho para frenar el cambio climático, no dejan de ser vanos intentos de convencer a los dueños del dinero de que ya no pueden seguir enriqueciéndose a costa de la salud y el deterioro del medio ambiente y, en consecuencia, a costa de la vida y la salud humana. Es un vano intento, porque los poderosos se niegan a frenar su loca carrera productivista/depredadora para mejorar la vida de los países pobres; al contrario, de acuerdo con su lógica criminal, mientras más seres humanos sea eliminados del planeta, habrá más recursos para quienes tengan la fuerza de las armas suficiente para apoderarse de ellos.

Por eso, los acuerdos y convenciones internacionales, cuando logran concretarse en el papel, no pasan de ahí. Sin embargo, si alguna bondad tienen, es la de ser un llamado a la conciencia de los ciudadanos para que se den cuenta de los peligros que conlleva el sistema de vida consumista y destructivo al que ya somos adictos, sobre todo porque se aportan evidencias y datos duros que explican, lo que para el sistema dominante es inexplicable o de plano inexistente. Mientras se da este escenario a nivel mundial, en nuestro país, a contracorriente y en abierta contradicción ante la crisis ambiental que padecemos, el gobierno entreguista actual publicó a principios de este mes una serie de decretos que, bajo el pretexto de gestionar mejor un recurso cada vez más escaso, como es el agua, establece una serie de medidas supuestamente tendientes a crear “reservas de agua” para toda la ciudadanía en un futuro inmediato.


La realidad que han denunciado numerosos académicos es que detrás de esta supuesta mejora en la administración de las aguas nacionales, lo que se esconde es la privatización del recurso, que ahora puede ser entregada a empresas privadas para su distribución, como ya sucede en el vecino estado de Puebla, o peor aún, a empresas que requieren enormes volúmenes del preciado líquido para sus procesos industriales, como son las mineras, las petroleras y las refresqueras, por citar sólo algunas. Abiertamente se afirma que hay que asegurar el suministro de agua a las grandes concentraciones urbanas, como la Ciudad de México o Monterrey, pero no se dice que se hará en detrimento de las regiones rurales, que son las que producen la mayor cantidad de alimentos que llegan a las mismas grandes ciudades. En pocas palabras, se trata de entregar el agua al capital para que lucre a su antojo con este recurso vital para todo tipo de vida en el planeta. Llegó el momento en que cada comunidad defienda sus recursos frente a la voracidad de los empresarios y de sus sirvientes los burócratas en el poder.