“La justicia en igualdad y sin discriminación sigue siendo una ilusión”, además, persiste un lenguaje prejuicioso en las resoluciones, concluyó la Red por la Ciudadanización de la Justicia al exponer que del estudio de 110 sentencias de Poderes Judiciales de ocho entidades, entre ellas Tlaxcala, detectó que en 80 por ciento las personas juzgadoras analizaron las situaciones de violencia contra las mujeres de manera aislada, y no como parte de una problemática social basada en la exclusión por motivos de género.
El colectivo presentó este martes ante medios de comunicación el primer informe de auditoría judicial ciudadana en la Ciudad de México y fue transmitido a través de diversas redes sociales de internet.
Halló que en 85 por ciento de los fallos no se consideró “cómo influyeron los estereotipos de género o las características de identidad de las personas involucradas en el caso, ya fuera en los hechos o en la generación del conflicto” que se presentó ante un juzgador. “En 47 por ciento no valoraron las situaciones de violencia, que se advertían de manera explícita en el relato de las mujeres”, agregó.
Precisó que 83 por ciento de esas 110 sentencias de los Poderes Judiciales de Querétaro, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tlaxcala, Baja California Ciudad de México y Oaxaca, fueron emitidas en los últimos tres años.
Asimismo, del estudio se desprende que la calificación más alta en las resoluciones fue de 5.10 (de una escala de 1 a 10) y que en 100 fallos presumiblemente se habría requerido la perspectiva de género, para obtener una solución que protegiera mejor a las personas involucradas (compensar situaciones de desigualdad, atender relaciones asimétricas de poder, tomar medidas frente a violencia de género, etcétera)”. De 82 casos, 42 por ciento son de tipo penal y el resto familiares-civiles.
En 70 por ciento de las resoluciones, las pruebas ofrecidas por las partes no se valoraron con perspectiva de género, destacó. En 69 por ciento, el juzgador omitió identificar las posibles situaciones o conductas que ponían en riesgo a las mujeres y, por ende, no dictó las órdenes de protección necesarias.
Realzó que en 64 por ciento los fallos no se identificaron los derechos en conflicto, “puesto que no incorporaron el enfoque de género y, mucho menos, las afectaciones a otros derechos humanos afectados”.
En 79 por ciento de las sentencias no se utilizaron normas especializadas de protección a los derechos humanos y en 84 por ciento no se logra explicar los argumentos, “incluso, cuando dicen haber juzgado con perspectiva de género, no se profundiza ni explica cómo el género se vincula con el caso”, añadió.
Destacó que en 86 por ciento de las resoluciones no se emitieron medidas de reparación que atendieran a situaciones de discriminación y/o violencia de género, “pues éstas tampoco se detectaron. Sin embargo, en aquellas contadas sentencias donde sí se incluyeron, ya se observan los primeros intentos de garantizar una reparación integral”.
Acentuó que en 71 por ciento de los casos no se dictaron medidas de seguimiento al cumplimiento de las sentencias, ni se reservó esta acción para otro juicio.
Por tanto, esta Red subrayó que la forma tradicional de impartir justicia en México no ha cambiado, que es necesario reformular la capacitación judicial y que el lenguaje discriminatorio persiste en las sentencias.
Enfatizó que las órdenes de protección “es lo que menos hace el Poder Judicial” y que la sociedad civil debe rescatarlas “porque nadie las conoce ni sabe cómo funcionan”. Asentó que no se puede hablar de justicia cuando no se repara el daño.
Otro cuestionamiento que planteó fue:”¿Por qué no hacer públicas las sentencias?” y reconoció que los medios de comunicación han hecho esfuerzos para ciudadanizarlas, sobre todo en aquellos casos que consideran relevantes.
El propósito de este informe “es contribuir a la detección de las principales problemáticas a las que, como sociedad, nos enfrentamos para acceder a la justicia; pero también contribuir, de manera propositiva y conjunta con el Poder Judicial, al diseño de estrategias y soluciones”. Reconoció que en algunos estados hay acercamiento con juzgadores.
El Colectivo Mujer y Utopía (CMU), organización civil de Tlaxcala, forma parte de esta Red. De las 110 resoluciones estudiadas con una metodología con perspectiva de género, 25 por ciento corresponden a esta entidad.