Mentira que la educación pública sea gratuita, basta darse una vuelta en las escuelas para confirmar que la gratuidad no es tal. Para que los hijos sean admitidos al ciclo escolar 2018–2019, se deberá pagar, por ejemplo, cuota de padres de familia de forma obligatoria y además para asegurar que reciban inglés y computación se tendrán que cubrir los pagos de los profesores que impartirán dichas materias, entre otros. El discurso de la gratuidad se desmorona en los bolsillos de los padres de familia.
El regreso a clases no sólo moviliza al sistema educativo nacional, sino también a los actores involucrados con la educación de los hijos: los padres de familia. Éstos tendrán en las próximas semanas que abrir la cartera para pagar los gastos de inicio de clases, deberán cubrir: pago de inscripción, reinscripción, colegiatura, servicios adicionales como inglés, computación, uniformes, lista de útiles, mochilas, entre otros materiales. Este gasto se diferencia por nivel educativo, por número de hijos en la escuela y estará en función de si se inscribe al educando en escuela privada o pública, independientemente de la opción elegida. El dinero sigue siendo un factor fundamental para asistir a la escuela, ya sea pública o privada, el ingreso, permanencia y egreso está determinado por el ingreso familiar. Si no pagas las cuotas u otro tipo de servicios, quedas fuera de tal o cual escuela.
La ausencia de dinero en los hogares explica por qué a pesar de los esfuerzos del gobierno por reorientar la demanda a las escuelas privadas, el grueso de la población estudiantil se concentra en escuelas públicas; si se analizara el comportamiento de la matrícula educativa de la última década, confirmaríamos que el porcentaje mayoritario es atendido aún por el sector público, es decir, un segmento muy amplio de padres de familia elige no en función de la calidad de educación que pueden recibir sus hijos, sino en función del ingreso familiar, lo que establece que persista una demanda importante de las escuelas públicas con la creencia que en ellas no habrá que realizar pago alguno.
Sin embargo, la realidad es otra, en prácticamente todas las escuelas se tiene que desembolsar dinero, de hecho, los pagos son discrecionales, es decir, están en función de las autoridades del plantel quienes establecen los montos, los periodos de pago y los alcances que se supone tendrán durante el ciclo escolar o cómo explicar que de una escuela a otra haya montos distintos o que los conceptos varíen en centros educativos normales o de las famosas escuelas de tiempo completo. Sería deseable que los secretarios de Educación pública del gobierno federal y estatal salieran a explicarnos por qué ellos dicen una cosa y los directivos hacen otra, el no presentar una versión oficial mueve a la sospecha de la complicidad, éstos están obligados a asegurar la gratuidad de la educación pública y son ellos los principales responsables de hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la correspondiente al estado de Tlaxcala, el no hacer nada al respecto dejaría una profunda indignación de la sociedad mexicana en general y de la tlaxcalteca en particular, que una vez más confirmaría que a las autoridades de este país les tiene sin cuidado que las familias tengan ingresos muy bajos, pues el costo de la educación se sigue trasladando lenta, pero firmemente a los ciudadanos.
A ello se suma el abuso en el cobro de la asociación de padres, cuota que alcanza montos de más de 500 pesos por niño inscrito. De hecho, hay escuelas en la entidad que han establecido como política para este nuevo ciclo, la entrega de los baucher como condición para la inscripción, el pago incluye: cuota de padres de familia, pago de inglés y pago de computación, entre otros servicios que deberán ser cubiertos en una sola emisión en cuentas individuales de banco, mismas que serán canjeadas para que los hijos puedan ser inscritos.
Por ahora no será posible hacer cambios importantes en el proceso de ingreso al ciclo 2018–2019, pero confiamos en que el nuevo gobierno genere cambios sustantivos en el cumplimiento de la Constitución. La educación pública debe ser gratuita y los padres de familia deberían estar más preocupados por coadyuvar en el proceso de enseñanza–aprendizaje de los menores que estar angustiados por los pagos que implica el regreso a clases. Urge un viraje en las políticas educativas que incluya los montos y distribución del financiamiento a la educación pública, dar marcha atrás a las políticas financieras que han estrangulado la inversión en educación, pues no se debe olvidar que el gobierno federal gastó miles de millones de pesos en publicidad, en lugar de garantizar infraestructura, equipamiento y contratación formal de profesores en las materias de inglés y computación. Sobra decir que el nuevo modelo educativo que se implementará en este nuevo ciclo es letra muerta para un número muy importante de profesores y directivos.
Entre tanto, las preocupaciones, sobre todo de las mamás, va en aumento, pues el número de jefas de familias crece a ritmos acelerados en el país y en la entidad, hoy muchas mujeres han asumido el rol de proveedoras y son quienes tienen a cuestas las estrategias de solución para los asuntos del hogar, incluida la educación. Otra vez a tronarse los dedos y a estirar el bolsillo. ¿Usted ya compró los útiles? Ver para creer.